Tres proyectos de ley encabezan las prioridades legislativas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif): una ley de protección al consumidor financiero, la creación de una central crediticia y la inclusión de las fintech en el marco regulatorio.
Según Rocío Aguilar, superintendenta de Entidades Financieras, estos son tres proyectos que tienen como norte cobijar al consumidor, mejorar la inclusión financiera y actualizar los métodos de supervisión de las nuevas tecnologías. El objetivo, dice Aguilar, es que estas tres propuestas lleguen a la corriente legislativa este próximo 2023.
Aquí explicamos, a grandes rasgos, de dónde nace la necesidad de cada proyecto y cuáles cambios propone.
Ley de protección al consumidor financiero
Origen de la necesidad: este proyecto es considerado por el mismo Consejo como una de las principales deudas que se tiene con la ciudadanía costarricense. Esto por la ausencia de un marco específico que vele por los derechos de los consumidores financieros en un contexto donde cada vez hay más variedad de productos tanto el sector regulado como en el no regulado. Además, este es un compromiso que el país hizo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para poder formar parte de este grupo de buenas prácticas.
Actualmente no existe una entidad pública que se encargue específicamente de velar por los derechos de quienes consumen los instrumentos de este sector. Hay, eso sí, una instancia privada: la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). Sin embargo, pese a su aporte en la protección, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en las gestiones de los consumidores que se relacionan con entidades no afiliadas a la OCF, esta no puede intervenir de forma directa, solo puede orientar al consumidor sobre sus derechos y a qué instancia presentarse. Ninguno de los tres bancos públicos está afiliado a la OCF y estos intermediarios poseen más de la mitad de la cartera crediticia del sistema bancario.
“Básicamente el consumidor financiero no tiene quién lo proteja, obviamente hay organizaciones, pero que haya algo más especializado es importante”, menciona Aguilar.
¿Qué se propone? Un marco legal que específicamente se enfoque en su protección. Este proyecto buscaría apoyarse en seis pilares:
1) Trato justo y equitativo al consumidor financiero.
2) Conducta de negocio responsable por parte del proveedor de servicios financieros.
3) Transparencia y revelación.
4) Protección de datos del consumidor.
5) Protección contra el fraude y uso indebido de los activos del consumidor.
6) Manejo y resolución de quejas y reclamaciones ágiles y justos.
La propuesta original contempla que sean las superintendencias las que se encarguen de velar por la protección del consumidor financiero con operaciones en el sector regulado, mientras que sea el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) quien se enfoque en los consumidores del área no regulada.
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¿En qué etapa se encuentra? De momento este proyecto está en las manos del Poder Ejecutivo desde mayo del 2022 y se está a la espera de los ajustes que este proponga antes de ser llevado a la Asamblea.
Creación de una central crediticia
Origen de la necesidad: De momento, la información crediticia existente y oficial es apenas parcial, ya que solo se tiene un registro de los movimientos realizados en los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), mientras que lo que sucede en el sector no regulado se da con la luz apagada.
Esta oscuridad se traduce en que los niveles de endeudamiento real de la ciudadanía se desconozcan y que el problema de sobreendeudamiento, el cual tiene repercusiones tanto financieras como sociales, sea más difícil de corregir.
Según el III Informe sobre deuda morosa de Equifax en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), las personas dedican hasta un 97,31% del ingreso bruto mensual promedio (₡426.890) para pagar deudas del sector no regulado.
¿Qué se propone? Ampliar lo más que se pueda el ángulo de captura de las operaciones de crédito. El proyecto básicamente buscaría volver obligatorio el registro de información crediticia de las entidades no reguladas para que forme parte de una base de datos protegida. Actualmente, el Centro de Información Crediticia (CIC) cumple una función similar, pero solo con los datos de las entidades bajo el manto de Sugef
Aguilar considera la creación de esta central como un complemento a la ley de protección al consumidor financiero, aunque serán presentados en proyectos por aparte. “(Con estos proyectos de ley queremos) sacar las personas del sobreendeudamiento para evitar ese crédito compulsivo que le ofrecen a la gente”, menciona la superintendenta.
¿En qué etapa está? De momento la propuesta está en un proceso de consultoría financiado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés). Aguilar espera que esta revisión finalice en febrero y a partir de ahí terminar el proyecto de ley.
Inclusión de los servicios ‘fintech’
Origen de la necesidad: el marco regulatorio de la supervisión financiera necesita actualizarse de cara a los nuevos servicios que ofrece el sector fintech (tecnología financiera). Los nuevos avances tecnológicos han permitido una digitalización de las transacciones y esto ha causado que nuevos servicios realicen operaciones que rozan la legislación bancaria, como la captación, pero sin estar debidamente regulados.
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¿Qué se propone? Que los esquemas y pasarelas de pago del sector fintech operen de manera organizada con una licencia, que puedan ser supervisados, que puedan construirse prevenciones contra lavado de dinero y fraudes, y que se garantice la protección cibernética y los derechos del consumidor financiero.
Este proyecto, según dice Aguilar, no busca ser tan ambicioso como la ley fintech de países como México y Chile ni definir en piedra lo que sí está permitido y lo que no, sino ser un primer paso en el proceso de darle cabida al ordenamiento y seguridad jurídica a este nuevo sector.
“Aquí básicamente lo que se trata es generar el espacio para que las fintech puedan seguir operando en un ambiente de la mayor seguridad posible (...), nos interesa resolver el problema de estos sistemas de pago que están recibiendo dinero del público a través de diferentes instrumentos y por lo menos que entren en regulación”, explica la superintendenta.
¿En qué etapa está? El proyecto tiene el nombre de Ley de regulación y supervisión de las entidades de recepción de pago, y se está conversando entre el Banco Central, las superintendencias, el Conassif y el Centro de Innovación Financiera (CIF) para determinar quién sería el supervisor natural de este sector. De momento se encuentra en consulta con la industria.