Una reforma urgente a los impuestos de ventas y renta es la principal recomendación de consultores en materia fiscal a las autoridades del Ministerio de Hacienda, que encabezará el economista Helio Fallas, a partir del 8 de mayo próximo.
De esta opinión son Alan Saborío, socio director de la empresa consultora Deloitte, y Adrián Torrealba, socio de Faycatax, firma especializada en temas tributarias.
Fallas, quien además fungirá como vicepresidente, descartó una reforma fiscal al inicio de la administración y más bien apostará por una mejora en la recaudación y racionalización del gasto.
El nuevo jerarca deberá lidiar ahora con obstáculos con legislación con vacíos e inflexibilidad en el gasto.
Recaudación
Para un lograr un incremento en los ingresos fiscales, el futuro Gobierno propone mejorar la manera en que se recudan los impuestos.
Alan Saborío, socio de Deloitte, es de la opinión de que además de acciones de la administración tributaria, se necesita nueva legislación para crear una agencia de recaudación y cerrar portillos de la normativa actual.
"El problema de la evasión no es solamente un problema de actitud o esfuerzo de la administración tributaria, sino que hay un problema con la legislación existente", puntualizó.
Especial énfasis dio a los impuestos de ventas y rentas, los cuales calificó como "anacrónicos" y obsoletos.
"Costa Rica es el único país de América Latina sin IVA (impuesto al valor agregado). Hay falencias en la legislación", dijo.
Con esta opinión coincide Adrián Torrealba, de Faycatax, quien considera urgente impulsar una reforma legal del impuesto General sobre las ventas para que grave servicios.
"En estudios hechos por la Dirección General de Hacienda en coordinación con la Universidad Nacional sobre los 'gastos fiscales' (exenciones y beneficios fiscales) se conceptúa el no gravamen de los servicios en el impuesto de ventas como un beneficio fiscal de altísimo costo. Con base en este criterio de deducción financiera, esta propuesta puede enfocarse perfectamente como una forma de revisar exenciones", comentó.
Torrealba también cree necesario, basado en una recomendación de la Contraloría, reformar la Ley de Renta para que en el impuesto de utilidades se graven, además de las rentas empresariales y profesionales, todas las rentas de capital y ganancias de capital de activos y derechos afectos a la actividad empresarial o profesional.
A esto, se suma que la legislación actual deja portillos abiertos para diferentes interpretaciones tanto de la administración tributaria, como de los contribuyentes.
"Cuando usted tiene una legislación oscura provoca que los contribuyentes hagan interpretaciones erróneas, o que la administración tributaria caiga en actuaciones arbitrarias o confiscatorios, debe mejorarse", dijo Saborío.
Gasto
En lo referente a las erogaciones del Gobierno, los analistas consideran que el principal problema es el empleo público.
"Hay que entrarle a la racionalización de las normas de empleo público; reforma la Ley de Planificación y la de Presupuestos Públicos para introducir planificación de largo plazo y medible con indicadores", opinó Torrealba.
A esta lista, Saborío agregó que la futura Administración también podría hacer disminuciones en gastos superfluos y consultorías innecesarias. Empero, recordó que a través de leyes se han creado gastos fijos.
"Se han venido creando una serie de obligaciones de carácter legal a las que no se les ha dado contenido presupuestaria. Si se cumpliera con todas, estaría el presupuesto en un 175% del actual", señaló Saborío.
Muy temprano
Para el economista Thelmo Vargas, exministro de Hacienda, todavía es temprano para evaluar las decisiones anunciadas por el próximo jerarca de la cartera.
"Por ahora la propuesta fiscal de la próxima Administración es muy vaga como para juzgarla profesionalmente. Es necesario dar al equipo económico un tiempo prudencial -por ejemplo, hasta mediados de junio próximo- para que, a partir de un presupuesto base, no solo del gobierno central sino de todo el sector público no financiero, precise y cuantifique los efectos esperados de las principales medidas que se propone adoptar, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos.
Para Vargas, también es menester indicar las fechas en que entrarían a regir cada una de esas medidas y hacer explícitos los supuestos básicos que utilice respecto a tipo de cambio, tasas de interés, inflación, aumentos salariales, desempeño de las importaciones y crecimiento de la economía, entre otros.
"Es el presupuesto consolidado que resulte de este ejercicio el que se puede juzgar", dijo.