El Gobierno Central le apuesta todo a su carta más efectiva y práctica para obtener recursos, ya que los canales tradicionales de captación le resultan insuficientes y le impiden cumplir con su estrategia de alargar el vencimiento de la deuda.

Se trata del contrato de colocación, un instrumento que consiste en la venta de bonos de deuda interna, con la intermediación de puestos de bolsa y bancos locales, pero que –y esta es la parte más interesante– abre las puertas a compradores extranjeros sin que sea clasificada como deuda externa.

Este mecanismo posibilita que la Tesorería Nacional pueda atraer inversionistas internacionales, siempre que las condiciones les sean atractivas, principalmente, en cuanto a rendimiento ofrecido.

A pesar de que el costo puede ser alto, la utilización del instrumento permitiría realizar una colocación a mayor plazo, sin estrujar el mercado interno (sin presionar las tasas de interés del mercado local).

Es la segunda ocasión en la que Hacienda intenta utilizar la medida. La primera se anunció en noviembre del 2017 y terminó sin éxito, debido a dudas legales sobre la implementación, que fueron evacuadas por la Contraloría General de la República al término de agosto pasado.

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La principal duda era si el Gobierno podía acudir al mecanismo, pero la Contraloría consideró que la regulación del mercado de valores se lo permite.

La interrogante quedó atrás y Hacienda decidió darle camino al nuevo intento de inmediato.

El martes 18 de setiembre realizó la audiencia, en la que convocó a los interesados, y explicó de forma previa los términos y condiciones de referencia para la recepción de ofertas.

En este encuentro detalló que la oferta mínima debe ser de $200 millones y un plazo mínimo de tres años. En cuanto a la moneda, puede ser en colones o en dólares.

En el contrato también podría participar un comprador local, pero dado el monto mínimo es esperable que se trate de un inversionista internacional, por medio de un intermediario local.

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Lo que sigue es recibir las ofertas, ejecutar la evaluación de cada una de ellas y notificar a quién se le adjudicó. Tras la firma del contrato, se procedería a liquidar la transacción.

¿Es la única opción para obtener recursos?

No se trata de la única vía a la que puede acudir el Gobierno en este momento, pero sí la más efectiva y rápida.

¿Por qué? El proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas está varado en la Asamblea Legislativa, y sin la aprobación de este u otro texto que permita reformar las finanzas públicas, los organismos internacionales le negarán un nuevo financiamiento a Costa Rica.

El Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional han sido insistentes en la necesidad de una reforma, inclusive ojalá más robusta de lo que se discute en el Congreso.

Otro camino alterno sería la adquisición de una nueva deuda externa, como la de los conocidos eurobonos de años atrás.

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Sin embargo, nuevamente, la reforma se convierte en un requisito para que esta posibilidad sea al menos discutida en el Congreso mismo.

El mercado interno, por su lado, todavía puede dotar a Hacienda de recursos, pero sin duda continuaría la presente presión al alza en las tasas de interés.

Las tasas han subido en la curva de rendimientos, principalmente del 2021 en adelante, explicó Adriana Rodríguez, gerente senior de Estudios Económicos de Scotiabank.

Siendo así, el contrato de colocación parece ser la salida más expedita, aunque esto no quiere decir que sea indolora.

Los beneficios

Con la utilización de este instrumento, Hacienda puede disminuir los riesgos de contener una buena porción de los vencimientos en el corto plazo y atender sus obligaciones sin presionar las tasas de interés del mercado local.

Esta medida se vuelve necesaria en la coyuntura actual.

Los montos que el Ministerio de Hacienda requiere para atender sus obligaciones son mayores que los que le pueden otorgar tanto las subastas del mercado interno, como el mismo Tesoro Directo (la plataforma mediante la que el Gobierno negocia con las instituciones públicas, sin intermediarios).

De hecho, la incertidumbre ha colmado al mercado de pocas intenciones de invertir en los bonos públicos y algunos mecanismos de colocación muestran una fuerte reducción.

El Gobierno tiene una necesidad de recursos alta. Son ¢2 billones para atender las obligaciones únicamente del segundo semestre del 2018 según el plan presentado.

Este contrato es la salida de la Tesorería para captar una buena porción de esos recursos y darle un respiro al mercado local.

“Dará aire en el sentido de que es posible que consigan más recursos para cumplir con sus con sus necesidades más inmediatas, tomando en cuenta el hecho de que sus colocaciones en el corto plazo se han venido aumentando”, explicó Silvia Jiménez, jefe de análisis y estrategia de Inversión de Mercado de Valores.

Asimismo, aunque la estrategia de la Tesorería es alargar el perfil de vencimientos de la deuda, esto no ha sido posible.

Los vencimientos de corto plazo han aumentado, en los últimos dos años, dentro del portafolio de la deuda.

El refinanciamiento a menos de un año pasó de representar un 12% al 2016, a 15% en 2018 (con datos a junio). La cifra pasó de 32% a 37%, en el mismo periodo, para vencimientos entre uno y cinco años.

Lo anterior sin duda impone presiones a la deuda, puesto que se deben atender vencimientos más pronto de lo deseado y en forma acumulada (muchos vencimientos en un solo periodo).

El contrato de colocación permitiría realizar una operación por una buena porción de dinero y a mayor plazo, dado que inversionistas internacionales apuestan por plazos más extensos. La operación podría ejecutarse con vencimientos de 10 a 30 años plazo.

Efectos colaterales

La vía puede no ser del todo indolora, pero ¿por qué? La efectividad del mecanismo dependerá de la negociación en cuanto a plazo y costo.

El posible que el Gobierno ofrezca un rendimiento alto con tal de atraer más recursos, pero el monto de colocación debe ser alto (entre $500 millones y $1000 millones) para que “valga la pena”.

Una colocación de mínimo $800 millones permitiría sacar provecho a la operación, sin pagar de más por muy poco dinero, afirmó Rodríguez, de Scotiabank.

Si el contrato se firma con compradores externos daría aire al mercado interno, pero generaría efectos colaterales.

Una colocación de este tipo se realiza en dólares y por tanto el Gobierno asume el riesgo del tipo de cambio, a un plazo extenso en el que se desconoce cuál podría ser el comportamiento del precio del dólar.

La deuda, además, ya cuenta con un peso importante de dólares dentro de su composición.

Entre tanto, más allá de los bemoles, el beneficio para Hacienda es claro: obtener recursos en una época seca.