Las autoridades costarricenses y los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre el cumplimiento de la cuarta revisión de las políticas de reforma que se enmarcan en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y la primera evaluación de las medidas de reforma en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
Una vez el Directorio Ejecutivo del FMI ratifique la aprobación, se hará disponible el acceso a aproximadamente $277,8 millones por parte del SAF. Mientras que el cumplimiento de las medidas del SRS pondría a disposición del país cerca de $248,8 millones, sin embargo estos últimos recursos todavía tienen que pasar por el visto bueno de la Asamblea Legislativa costarricense.
“Las metas fiscales para finales de 2022 previstas en el programa se cumplieron con un margen holgado, y las autoridades se encuentran encaminadas a superar el objetivo del balance primario que se habían fijado para finales de 2023″, dijo Ding Ding, nuevo líder del equipo del fondo que tiene a cargo las conversaciones con Costa Rica.
Ding también mencionó que hay margen para modificar la regla fiscal para redefinir su cobertura institucional y se mantenga, a la vez, la disciplina presupuestaria. Los proyectos de ley considerados por las autoridades ayudarán a conseguir un sistema tributario más progresivo, equitativo, eficiente y amigable con el ambiente.
Los representantes del fondo mencionaron que no ven con malos ojos la exclusión de algunas entidades de la regla, sin embargo sí consideraron que no debía excluirse el pago de intereses ni los gastos de capital de la norma.
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Esto se da en un contexto donde el Ejecutivo ha presentado un proyecto que flexibilizaría la aplicación de la norma fiscal al excluir de la regla el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
El proyecto también excluye de su aplicación a empresas públicas e instituciones autónomas que participen en actividades comerciales, empresariales o abiertas al régimen de competencia. Esto dejaría por fuera a entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
“En caso de aprobarse el proyecto, solamente un 60% del gasto total del Gobierno y un 6% del gasto total del sector descentralizado estarían sujetos a la regla fiscal”, diagnosticó la Contraloría General de la República.
La misión del FMI también lamentó la tardanza en la implementación total de la ley de empleo público.
“La implementación de la Ley Marco de Empleo Público le dará mayor equidad y eficiencia al actual sistema fragmentado de remuneraciones del sector público. Se ha avanzado sustancialmente, pero la implementación plena de la ley está tomando más tiempo de lo previsto. Las autoridades consideran que esta reforma es crítica y se han comprometido a elaborar la estructura de salario único para por lo menos una cuarta parte de los puestos de trabajo en el Poder Ejecutivo del gobierno antes de fines de mayo del presente año, en línea con el calendario de las autoridades para implementar la Ley Marco de Empleo Público”, dijo Ding.
Acceso al fondo de sostenibilidad
El FMI también instó a las autoridades legislativas a dar luz verde lo más pronto posible al acceso a los fondos del SRS. El proyecto para aprobar dichos fondos entró recientemente a la corriente legislativa.
“Fue aprobado en noviembre y entendemos que la ley está en la asamblea para consideración, entendemos el proceso legal, es la responsabilidad de las autoridades seguir el procedimiento, ahora le toca a la Asamblea, esperamos que puedan considerarla cuanto antes”, mencionó Ding.
También comentó que es de interés del FMI que Costa Rica sea el primer país en recibir los fondos de este programa.
Costa Rica tiene el visto bueno del FMI desde el pasado 14 de noviembre. El SRS se lanzó en 2022 con el fin de respaldar a los países menos desarrollados para afrontar las dificultades causadas por el cambio climático y está atado a metas de política ambiental.