EscucharLas cooperativas generaron casi la misma cantidad de utilidades que los bancos estatales durante el 2018, pero una tercera parte de las ganancias de la banca privada.
Su tamaño en activos representa casi un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y su patrimonio un 1,69%.
Aunque en esas últimas cifras sí están más lejos de la banca, su participación es mayor respecto del resto de entidades, incluidas mutuales, financieras y hasta los bancos creados por leyes especiales.
La magnitud de su operación y en particular los excedentes que generan impulsaron la creación de un proyecto de ley que pretendía tasarlas, junto con otras que no son financieras.
¿La razón? Diputados de las siete fracciones legislativas consideraron inicialmente que no había razón para que el sector cooperativo sea liberado de una carga impositiva mucho mayor, como la tuvieron que asumir otros grupos financieros con la reforma fiscal.
Por lo anterior, en octubre del 2018, crearon el proyecto de ley “Impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas”, que pretendía imponer un nuevo sistema de tributos a estas entidades, principalmente a las de mayor tamaño.
Sin embargo, ahora este proyecto está en tela de duda e inclusive podría ser sepultado.
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Los diputados Laura Guido, del PAC; Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz y María Inés Solís, del PUSC, y Yorleny León, del PLN (de izquierda a derecha), presentaron el proyecto de ley para cobrar impuesto sobre los excedentes de las cooperativas. (Foto: PLN para EF).
El tamaño de las cooperativas
Existen 24 cooperativas reguladas que generan el 13,8% de las utilidades registradas en el sistema financiero nacional (a diciembre de 2018).
Fueron ¢41.556 millones en excedentes durante el 2018, cifra muy similar a la generada por los bancos del Estado.
La propuesta presentada en octubre por diputados pretendía establecer un 10% de impuesto sobre la renta de aquellas cooperativas que generaran más de ¢250 millones, así como un 20% para las que registraran montos superiores a los ¢750 millones.
En ambos casos, el impuesto se aplicaría sobre el exceso de esas cifras.
La medida habría impactado a 15 cooperativas, según los resultados a diciembre del 2018, y diez de ellas generan mucho más de ¢750 millones.
Esas diez entidades se adueñan del 93% de los excedentes que reportó el sector cooperativo regulado en 2018 y las cinco con las cifras más altas toman el 77% de la cifra.
Coopenae fue la cooperativa con más excedentes reportados ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con un monto de ¢10.260 millones. A esta le siguen Coope Ande y Coopeservidores.
El patrimonio de las cooperativas representa la mitad del alcanzado por los bancos tanto públicos como privados, y el 13% de todo el sistema financiero.
Además, sus activos y pasivos representan cerca de un 10% de la industria.
Respecto a su cartera de crédito, el 73% está concentrada en consumo, seguida de un 14% en construcción, compra y reparación de inmuebles, y un 5% en comercio. El resto de segmentos están muy por debajo de este último dato.
La pugna
Las cooperativas consideran que, al no ser dueñas de los excedentes, ya que por ley estos son del asociado, no es justo ni constitucional dotarlas de un impuesto adicional al pactado en la reforma fiscal.
Inclusive, han admitido que llegaron a un acuerdo con el Gobierno para aceptar una carga impositiva mayor en la reforma fiscal, por lo que los tomó por sorpresa que luego el Ministerio de Hacienda apoyara la propuesta de los diputados.
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“Nos cuesta entender un poco cómo nace (el proyecto de ley), por qué nace, de quién nace. Aunque sí está muy claro el hecho de que en una necesidad de recursos que tiene el Estado, una crisis fiscal como la que vivimos, pues hay que buscar plata de donde sea”, afirmó José Eduardo Alvarado, gerente de Coopenae en una entrevista a EF publicada en febrero pasado.
Así, las cooperativas mismas se encargaron de buscar reuniones en la Asamblea Legislativa y foros con diputados para explicar sus posición y razones para estar en contra de la propuesta, según han admitido ya diversas cooperativas y diputados.
Este lobby de alguna manera surtió efecto y ahora el proyecto se tambalea en la Asamblea Legislativa.
El argumento más fuerte con el que se defiende el sector cooperativo para rechazarlo está el que ya les subieron la carga impositiva en la reforma, tras el acuerdo con el Gobierno.
Los excedentes de los asociados de estas entidades están gravados con el impuesto de renta.
Cada vez que las cooperativas liquidan los excedentes a sus afiliados, se retiene el porcentaje correspondiente. Era de 5% según la ley de Impuesto a la Renta, pero con la reforma fiscal pasa a 7% y luego a 10% de forma escalonada.
En el primer año de implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, las cooperativas pagarían ¢20.000 millones en impuestos, por encima de los ¢8.200 millones del 2017, según cálculos del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
Las cooperativas también recaudarán un impuesto de renta sobre los intereses de los certificados de depósito a plazo y los planes de ahorro programado, como el resto de entidades financieras.
Además, estas organizaciones se defienden al exaltar que impactan la vida de miles de ciudadanos, sus familias y comunidades. A su criterio, el Congreso debe reconocer que no tienen fines de lucro y cuentan con beneficios solidarios como fondos de ayuda, subsidios médicos, becas, donaciones y programas de capacitación, dijo Jorge Solano, gerente de Coopemep.
La cifra del aporte impositivo que realizarán las cooperativas según la reforma fiscal pareció insuficiente para algunos diputados el año pasado.
Sin embargo, ahora el proyecto se tambalea e inclusive se abrió la posibilidad de que se discutan nuevas alternativas.
Inclusive se pretende no añadir ningún nuevo impuesto a las cooperativas o excluir a algunas; por ejemplo, a las que ofrezcan servicios públicos supervisados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Karine Niño, diputada liberacionista, explicó que luego de escuchar a los cooperativistas (en la Comisión), es importante crear un nuevo proyecto que garantice mayor transparencia del sector y con reglas claras sobre el gobierno corporativo. Niño trabaja en un nuevo proyecto en esa línea, con diputados de la bancada de Liberación Nacional.
En adelante, queda esperar cuál será el desenlace de la pugna entre quienes sí quieren añadir nuevos impuestos a este sector y quienes no, para conocer cuál será el bando ganador.
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