Casi un año después de que el país experimentara un fuerte ingreso de divisas del exterior, los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, el proyecto de Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos, conocidos también como capitales golondrina.
A favor del plan estuvieron 36 de los 44 diputados presentes durante la sesión del plenario de este lunes.
El proyecto le da la potestad a la Junta Directa del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de emitir una declaratoria de desequilibrio en la economía nacional producto del ingreso de capitales del exterior.
Aunque el proyecto de ley era tildado como "urgente" por las autoridades económicas hace más de 12 meses, actualmente tiene poca utilidad para el Banco Central, dado que más bien los capitales están saliendo de economías como la costarricense, debido al incremento en las tasas de interés internacionales y a la reducción de las políticas de relajación monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Incluso, esa escasez de divisas ha impacto en el mercado cambiario local, pues el tipo de cambio ha subido más de ¢20 desde enero.
No obstante, este instrumento le da herramientas al Central en caso de que una situación similar a la vivida a finales del 2012 y principios del 2013 se repita. En aquel momento, casi $1.000 millones ingresaron a la economía para aprovechar las tasas de interés locales más altas y eso empujó al dólar al piso de la banda cambiaria.
Entre los instrumentos que el plan crea para detener esas inversiones especulativas está el aumento, hasta por un plazo de seis meses, de hasta 30 puntos porcentuales en los impuestos aplicables sobre intereses pagados o acreditados y descuentos concedidos a no domiciliados por las inversiones que hagan en el país.
Los inversionistas no domiciliados, además, deberán hacer un depósito obligatorio ante el BCCR correspondiente a un 25% de los montos que planean invertir en el país, el cual debe ejecutarse en la misma moneda de la inversión.
El plan establece que quedan excluidos de esas medidas los rendimientos de los títulos emitidos por el Gobierno y las instituciones del sector público.
La diputada Siany Villalobos, liberacionista que preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, que dictaminó el plan, afirmó que el texto se constituye en una especie de vacuna para prevenir el ingreso al país de capitales que podrían desestabilizar la economía.
Ese criterio lo compartió el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio. Según el legislador, es valioso que el país cuente con ese tipo de mecanismos de protección en caso de que deba aplicarlos en situaciones de emergencia.
Villalta descartó que las herramientas aprobadas rocen con la Constitución Política, argumento que han utilizado otros legisladores que se oponen a la iniciativa.
Tal es el caso de Patricia Pérez, diputada del Movimiento Libertario, que sostiene la tesis de que el plan envía malas señales a los inversionistas que vienen al país, pues no define con claridad cuáles capitales son especulativos.
“Esa denominación se pudo haber definido por plazos, por montos o por tiempo y sin embargo no está en el proyecto, lo cual es una mala señal para el mercado en momentos en que el país sufre de la escasez de dólares”, advirtió la legisladora.
Además, Pérez sostuvo que las medidas puestas a disposición del Banco Central podrían ser evadidas si un inversionista compra una sociedad domiciliada en el país para traer su capital.
El proyecto fue propuesto en enero del 2013 por el Ministerio de Hacienda y el BCCR. En aquel momento, el Gobierno alegó que estaba viviendo una compleja situación económica ante el ingreso de capitales externos que aprovechaban condiciones como las altas tasas de interés de aquel momento, sin que el objetivo fuera permanecer en el país por extensos periodos.
El segundo y último debate del plan será este jueves.