Este 2015, el reloj iniciará la cuenta regresiva para que los fondos administrados por las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) alcancen un máximo de 50% en sus inversiones en títulos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El Reglamento de Inversiones de las Entidades Reguladas establece que ese límite debe alcanzarse en el 2020, mediante reducciones semestrales de 1,5 puntos porcentuales, que comenzarán el 31 de diciembre próximo.
El tope del 50% debía cumplirse en el 2019, tanto en el el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) como en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), pero se atrasó un año tras una resolución del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), publicada en La Gaceta en octubre del 2014.
Las operadoras de pensiones están más cerca de alcanzarlo en el FCL, que en el ROP: tres OPC están por debajo de ese límite en el primer fondo, mientras las tres restantes están a 4,81 puntos porcentuales o menos de lograrlo.
En el ROP, la inversión en títulos del sector público ronda entre el 60,81% y el 63,02%. La operadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la que está más cerca de llegar al 50%, con un 53,15%.
Según Hector Maggi, gerente general de la CCSS OPC, se adelantaron a la reducción de inversiones en el sector público, para no enfrentar el riesgo con la llegada de los límites cada semestre. Para ello, están diversificando sus portafolios por país, instrumento y emisor.
La decisión de dar un año más a las OPC para acomodarse al límite de inversión del 50% se tomó para permitir a los gestores de los fondos de pensiones recomponer sus portafolios, a través de una gestión de riesgos. El fin es que el cumplimiento de la disposición no sustituyera los objetivos del manejo de sus inversiones.
La primera de las reducciones semestrales llegaría antes de que finalice el año. El tope pasará de 64% a 62,50% en el ROP y de 59% a 57,50% en el FCL.
Este nivel debió alcanzarse a finales del 2014, pero la resolución de Conassif dio más tiempo.
Si este límite llegara hoy, la única operadora que incumpliría con el nivel dispuesto en el ROP sería BAC Pensiones, mientras que en FCL todas tendrían la inversión ideal en bonos públicos.
Sobre esto, el gerente de BAC Pensiones, José Manuel Arias, aseguró que su meta permanente es cumplir la normativa y que para ello toman oportunidades en cuanto a riesgo y rendimiento.
Mercado con necesidades
Las operadoras de pensiones reciben aportes mensuales, que sumados a los vencimientos que enfrentan en la gestión de sus portafolios, pueden alcanzar más de ¢800.000 millones al año.
Lo anterior ejerce una demanda importante por instrumentos financieros a fin de invertir estos recursos, explica la publicación en La Gaceta .
Conasiff destacó en el documento cuatro factores que dificultan mejorar la diversificación de los portafolios de inversión.
El primero es la inestabilidad de los mercados internacionales, que podría reducir la rentabilidad de los fondos administrados por la OPC.
Otro de ellos sería la falta de experiencia de los gestores de los fondos en los mercados internacionales, lo que impide llegar a ellos de forma adecuada.
La tercera es la realidad de un mercado local prácticamente nulo, con poca disponibilidad de emisores y emisiones del sector privado, con excepción de algunos bonos corporativos.
Por último, se alerta sobre la necesidad de adoptar una gestión integral de riesgos para vincular la composición de los portafolios con los objetivos de rendimiento de cada fondo.
Las OPC también destacan otras razones por las que se atrasó la reducción de los topes de inversión.
“En el corto plazo, mientras se resuelve el déficit fiscal, los fondos de pensión contribuyen a financiar el gasto público y reciben un rendimiento interesante”, explicó Arias, de BAC Pensiones.