La emisión de las letras del tesoro anunciada por el Ministerio de Hacienda representa un alivio para el mercado de valores, pues es una señal de esperanza en medio de incertidumbre de que la Tesorería Nacional logrará pagar sus obligaciones, por lo menos en lo que resta del 2018.
Las letras, emitidas por Hacienda y compradas por el Banco Central con una emisión monetaria por ¢498.000 millones, servirán para el pago de obligaciones del Gobierno que incluyen pensiones, salarios, ayudas sociales y pagos de vencimiento de deuda para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Este nuevo financiamiento permitirá que una porción de las necesidades de Hacienda dejen de ir a las subastas y por lo tanto disminuya –en parte– la presión, la agresividad o la apatía que existe sobre las emisiones de bonos con el fin de que ofrezcan una mayor tasa de interés.
Las condiciones pactadas por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central explican que las letras se emiten en casos de extrema urgencia, deben ser pagadas en un plazo no mayor a 90 días (al 26 de diciembre) y a una tasa mínima igual a la Tasa Básica Pasiva, es decir de 5,75% al momento de la firma.
La necesidad de usar el instrumento surgió por la insuficiente captación por parte de Hacienda en el mercado de valores, entre otras razones.
Por un lado, los montos que Hacienda logró colocar entre julio y agosto de este año representaron solo el 7,26% de la meta que se propuso en el plan de endeudamiento del segundo semestre, que es de ¢2 billones.
Dado que Hacienda tiene solo dos formas de lograr ingresos, por medio de impuestos y por colocaciones de deuda, la situación comenzó a volverse preocupante cuando los inversionistas locales dejaron de absorber las crecientes emisiones de Hacienda.
Según Alejandro Solórzano, gerente de la operadora de pensiones Vida Plena, las ofertas de las subastas han sido pocas y se han concentrado en el corto plazo, con una tendencia al alza de los rendimientos.
El 77% de esas colocaciones son vencimientos que se ubican entre el 2020 y 2021, según datos de la Superintendencia General de Valores.
Entre los motivos, se encuentra el elevado riesgo que implica adquirir bonos de Gobierno, la oferta de plazos de los bonos, que no respondía a las necesidades de los inversionistas y porque muchas de las carteras estaban saturadas de estas emisiones.
Para Antonio Pérez, gerente de Mercado de Valores, la cantidad de dinero disponible de los inversionistas no institucionales es muy poca, los bancos privados y públicos no pueden invertir en el Gobierno pues esto afecta sus indicadores y los fondos de pensión están llenos de bonos de Hacienda.
La regulación de los fondos de pensión, recientemente modificada, ha hecho que los fondos de pensión tengan cada vez menos bonos de Hacienda en sus carteras.
En total los bonos de Gobierno no pueden superar la mitad del portafolio de inversiones.
Además, ante la evidente necesidad de liquidez de Hacienda, los inversionistas demandaban rendimientos cada vez más altos por bonos de muy corto plazo.
“El mercado estaba demasiado convulso y había tanta incertidumbre. Sabíamos que habían muchos pagos y poco dinero, se estaba secando el mercado local y estos noventa días que dan las letras representan una decisión consecuente y un espacio muy prudencial”, admitió Pérez.
Un respiro en el corto plazo
Los inversionistas internos están claros en que las letras del tesoro no van a resolver los problemas serios de liquidez que tiene el Gobierno, pero lo ven como una pomada que alivia el dolor en el corto plazo.
Para Mauricio Hernández, director de banca privada de Prival Bank, si Hacienda no hubiera tomado esta decisión las alternativas serían más graves, ya que implicaría que el Ministerio tuviera que salir al mercado a tomar recursos a tasas más altas, afectando a todos los participantes.
Johnny Mora, director de Fondos de Inversión de grupo financiero Acobo concuerda en que al menos, con la medida, la Tesorería no seguirá captando en el mercado de una forma tan agresiva y ‘desplomando los precios de los portafolios’.
Además del efecto de esta solución sobre el mercado, las letras alivian el tiempo de maniobra que resta y surgen como una solución temporal al problema fiscal.
Los noventa días que tienen para pagar servirán también para terminar de finiquitar un proceso de contratos de colocación, una forma de deuda interna para inversionistas internacionales que genera un alivio en el peso de la deuda de corto plazo.
En los últimos tres meses del año se acumulan vencimientos de deuda por ¢704.190 millones.
Además, en el 2019, se vence 10% del total de deuda pública, hecho al que tendrán que hacer frente con ingresos corrientes y deuda.
Mauricio Ávila, gerente de Popular Pensiones, considera que esta gestión contribuirá a pagar las obligaciones a corto plazo, no solo de deuda, sino también aguinaldos, salarios y otros.
“Esto también es un espacio necesario para que los proyectos en proceso de corte estructural puedan resolver a fondo los asuntos relacionados al déficit”, admitió Ávila.
Por su parte, Gabriel Alpizar, gerente de Tesorería del Banco de Costa Rica afirmó que las letras funcionan como un mecanismo de última instancia y que no asumir los compromisos pendientes ‘nos hubiera colocado en una situación peor’ que implicaría ausencia de salarios, impago de intereses, y otros elementos.
Un alivio, pero el riesgo se mantiene
A pesar de que la jugada de Hacienda representa un alivio, el riesgo se mantiene.
Para Solórzano, de Vida Plena, el Gobierno es un emisor que ha incrementado su nivel de riesgo, pero las decisiones recientes han marcado una expectativa que apunta a deteriorarse.
El riesgo sería mayor si Hacienda no lograra pagar sus letras al Banco Central en los próximos 90 días, a pesar de que es una realidad que pocos inversionistas vislumbran.
“Es un emisor que ocupa sanar su programación financiera y eso tiene un precio, no asumirla rebotaría en una situación parecida a la que desencadenó el uso de las letras. La mayor prima de riesgo que tiene el Gobierno debe ser asumida inteligentemente”, explicó Alpizar.
El mercado está expectante en cómo proyectará Hacienda su manejo de la deuda, esperando que se aleje del cortoplacismo y que visualice una política de endeudamiento más madura para los próximos años.
Los inversionistas siguen cautelosos, esperando las decisiones del final del año en cuanto a planificación de deuda y resolución de la reforma fiscal.
“Los inversionistas locales e internacionales volverían a confiar en el Gobierno si logran la aprobación e implementación del Plan Fiscal, la amnistía tributaria, la aplicación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, el Plan de estímulo a la economía y los contratos de colocación”. Afirmó Hernández.