El Congreso español aprobó este jueves la reforma de las pensiones con los votos del gobernante Partido Popular (centroderecha) con el que se desligan las prestaciones de la variación de precios y se vinculan a la situación económica del país y a la esperanza de vida.
La norma, que entrará en vigor el 1° de enero del 2014, concluyó así los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en el Congreso y el Senado, donde la oposición se opuso unánimemente y defendió, sin éxito, numerosas enmiendas.
Con esta reforma las prestaciones ya no se actualizan como hasta ahora en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), sino de los ingresos y gastos del Estado, y de la variación del número de pensionistas (al alza según las previsiones demográficas).
La ley fija una subida mínima del 0,25% para los años malos, y un techo para los años de bonanza correspondiente al aumento de los precios según el IPC que se registre más un 0,5%.
Para 2014, el Gobierno ya ha establecido que la subida será del 0,25 por ciento.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida.
Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años.
Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo argumenta que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años.
Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros (unos $45.000 millones) entre 2014 y 2022.
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP insistió en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que aseguró que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Por su parte, los representantes de la oposición expresaron su rechazo unánime a lo largo de todo el proceso parlamentario, y vaticinaron que la reforma no tendrá larga vida y será derogada cuando haya cambio de Gobierno, ya que según ellos se trata de una maniobra para acabar con el sistema público de pensiones".
El PP sostuvo que las medidas recogidas en la reforma son necesarias para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas españoles, que serán 15 millones en el año 2050.