Entidades estatales, como ministerios, instituciones autónomas y municipalidades podrán desarrollar obra pública, con recursos que provienen del sector bursátil del país.
Entre los proyectos se mencionan inmuebles, proyectos de saneamiento, desarrollo habitacional e infraestructura vial, entre otros.
Para esto se puede echar mano de "vehículos de inversión" en los cuales inversionistas institucionales, como operadoras de pensiones o fondos de inversión, puedan colocar los recursos.
Estos vehículos de inversión pueden servir en dos ámbitos: para desarrollar la obra, o bien, para titularizar su uso o explotación, pues acarrean riesgos diferentes.
Según Ronald Vargas, miembro de la junta directiva de INS Valores, el sector financiero en general administra inversiones por un total de $17.000 millones que podrían canalizarse hacia estos proyectos.
Inversión supervisada
Patricia Mata, directora de Oferta Pública de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), detalló que los proyectos se podrán llevar a cabo por medio de un "financiamiento directo, separado del patrocinador", entendiendo al patrocinador como la entidad interesada en la obra.
El financiamiento, entonces, estará basado en el flujo de caja y activos, y las obras se desarrollarán por medio de fideicomisos, sociedades de propósito especial y fondos de desarrollo inmobiliario.
Este tipo de mecanismo no se había usado antes en el país, pues no había regulación al respecto y por lo tanto no estaba permitido.
Empero, Sugeval ha incorporado recientemente modificaciones al Reglamento sobre financiamiento de Infraestructura y al Reglamento de titularización, que ahora lo permiten.
"Estos reglamentos son instrumentos que ayudan a canalizar recursos hacia el desarrollo de infraestructura pública a partir de esquemas novedosos de financiamiento", dijo Sergio Alfaro, presidente del INS.
Carlos Arias, superintendente de Valores, comentó que los cambios que se hicieron en la normativa permiten ahora el desarrollo de infraestructura que son sostenibles por sí mismos, sin necesidad de intervención estatal.
"No se puede pretender que todos los proyectos de desarrollo de obra pública tengan que tener la garantía estatal", explicó.
Según el superintendente, la nueva regulación también homologa la reglamentación a casos exitosos con este tipo de proyectos en la región, como Colombia y Chile.