Fitch Ratings también rebajó la calificación de deuda de Costa Rica, en su caso de BB a B+

La agencia destacó que el Gobierno cuenta con vencimientos importantes a corto plazo, al mismo tiempo que su capacidad para atender sus deudas es incierta

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La calificadora de riesgo Fitch Ratings redujo la calificación de deuda de Costa Rica de BB a B+, con perspectiva negativa. Es decir, la nota bajó dos niveles de golpe.

Las cifras persistentes del déficit fiscal, las altas necesidades de financiamiento para atender la ajetreada agenda de amortización y las restricciones para fondear el presupuesto explican parte de la noticia.

Esta decisión se une a la tomada por Standard & Poor’s, que redujo la calificación soberana de Costa Rica a B+, y Moody’s, que rebajó la nota en diciembre a B1. La perspectiva de todas ellas es negativa.

Las tres calificadoras aplauden la aprobación de la reforma fiscal, sin embargo, al mismo tiempo señalan que los efectos positivos de su aplicación se percibirán hasta dentro de unos tres o cuatro años. Mientras esto sucede, el Gobierno verá crecer el déficit y la deuda, tal y como lo ha hecho desde hace tiempo.

Para Douglas Montero, director de Fondos de Inversión de Aldesa, la calificadora Fitch le está dando al país poca confianza sobre todo en una coyuntura en la que se llegan a acuerdos legislativos por primera vez después de 20 años.

La rebaja la aducen al crecimiento del déficit y a las altas tasas de financiamiento, lo que podría tener implicaciones negativas en el faltante y hasta se ‘coma’ una parte de la recaudación de este año, comentó Montero.

Fitch destacó que la nueva administración aprobó la reforma fiscal de forma exitosa, sin embargo, el rápido incremento de los intereses va a presionar el déficit al alza, situándolo por encima de sus pares. Al mismo tiempo, la deuda continuará subiendo una cuesta relativamente pronunciada.

“La capacidad del soberano para satisfacer sus altas necesidades de financiamiento sigue siendo incierta en espera de la aprobación del Congreso para préstamos externos y en medio de altas tasas de financiamiento interno. Estas incertidumbres financieras plantean riesgos para la estabilidad macroeconómica”, afirmó el comunicado emitido por la calificadora de riesgo.

Respecto a la reducción de dos niveles que efectuó Fitch, esta agencia indicó que es reflejo de los elevados riesgos fiscales.

Además, la perspectiva negativa indica que los riesgos inclinan la balanza hacia una nueva reducción, debido a la incertidumbre actual que rodea el financiamiento gubernamental en medio de altas tasas de interés y vencimientos de deuda a más corto plazo.

Montero, de Aldesa, admitió que no cree que ese sea motivo para colocar al país al nivel crediticio de países como Honduras o El Salvador.

La aprobación de la reforma fiscal y la facilidad de liquidez otorgada por el Banco Central (las letras del tesoro) no pesaron lo suficiente en la balanza de las decisiones de las calificadoras.

Parte de la reducción de la nota se debió al comportamiento de la deuda. En 2018, la deuda superó la mediana de los países con calificación BB (47% del PIB). Además, Fitch espera que esta cifra converja con la mediana B del 58% dentro de tres años.

Fitch también indicó que los déficits fiscales del Gobierno Central se ubicarán por encima de sus pares en los próximos años. Las proyecciones sitúan al déficit por encima del 6% del PIB hasta 2020.

Las estimaciones del Central muestran que la razón de deuda a PIB llegaría a un punto máximo de 65% al 2023, pero por primera vez dejaría de crecer y al año siguiente iniciaría una tendencia a la baja.

Opciones de fondeo

Fitch estima que las necesidades de financiamiento soberano son del 13,3% del PIB en 2019 (6,8% del PIB en pagos de deuda y 6,5% del PIB para financiamiento presupuestario).

Las soluciones para atenderlo son la emisión de eurobonos y el fondeo con organizaciones multilaterales.

La primera de ellas requiere de autorización en la Asamblea Legislativa y el Gobierno ya realizó la solicitud mediante un proyecto de ley. La intención es de $6.000 millones, en los próximos cinco años.

“Las autoridades inicialmente esperaban tener una aprobación vigente en abril de 2019, pero aunque Fitch espera algún tipo de emisión este año, es probable que las discusiones del Congreso retrasen el proceso de aprobación”, indicó el comunicado de prensa.

Un aspecto favorable, destacado por Fitch, es el esfuerzo continuo del Gobierno le permitirá acceder a préstamos multilaterales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Esto facilitaría el fondeo y las condiciones del mercado interno.

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