El Consejo de Gobierno decidió suspender, por una semana, a cinco miembros de la junta directiva del Banco Nacional como resultado de una investigación realizada de oficio que determinó una falta al Código de Gobierno Corporativo.
No obstante, en un comunicado de prensa enviado este miércoles 25 de octubre, los directivos sancionados señalaron que van a impugnar la resolución por resultar “ilegal, arbitraria y abusiva”.
“No estamos dispuestos a permitir que se nos impongan penas bajo un criterio estrictamente político, el de Casa Presidencial, con el único fin de ‘empatar’ ante la opinión pública en momentos de graves cuestionamientos en otros sectores”, indica el comunicado.
La sanción recae sobre los directivos Ana Isabel Solano, Víctor Carranza, Luis Pal, Jorge Méndez y Jeannette Ruiz. Fue absuelta Xinia Herrera, quien, según el comunicado, fue propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de reguladora adjunta de la Aresep.
No obstante, Casa Presidencial aclaró posteriormente que Herrera no fue incluida pues no era directora cuando se hicieron los nombramientos.
Este martes 24 de octubre, el Gobierno informó que ya habia tomado una resolución en relación al proceso disciplinario que abrió hace 19 meses en contra de seis directivos debido a presuntas faltas éticas por haberse nombrado en puestos en las juntas directivas de las subsidiarias del banco.
No osbtante, la resolución fue comunicada hasta hoy.
El lunes pasado, los directivos habían reclamado la tardanza del Gobierno para tomar una resolución.
LEA: Sugef reconoce que debería velar por idoneidad de directivos de bancos públicos.
El caso se remonta al 25 de enero del año pasado, cuando los directivos Solano, Méndez, Carranza y Pal modificaron la composición de las directivas para autonombrarse en ellas. Se opusieron a este acuerdo Ruiz y Víctor Ramírez (que ya no es miembro de la junta). La otra directora, Jennifer Morsink, no estuvo presente en las sesiones.
En agosto del 2016, la Procuraduría de la Ética envió informe a Casa Presidencial en el que halló un presunto delito de falta de probidad. Desde abril pasado, el Gobierno también tenía el informe de un órgano a cargo de una investigación interna.
Precisamente, en el comunicado de hoy, los directivos señalan que el Gobierno los exoneró los señalamientos de la Procuraduría, pues “no se lograron acreditar conflictos de interés toda vez que la constitución de la junta directiva de las subsidiarias se dio en cumplimiento de un mandato legal y reglamentario”.
Sin embargo, Casa Presidencial sí los sancionó por una infracción al artículo 32 del Código de Gobierno Corporativo, según determinó la investigación paralela.
De acuerdo al comunicado del Gobierno, la sanción se impuso porque se incumplió con la regla de nombrar un máximo de dos integrantes de la Junta Directiva General en cada junta directiva de las subsidiarias.
“La Sugef fue clara al afirmar dentro del procedimiento que, desde el punto de vista regulatorio o disciplinario, le corresponde al Consejo de Gobierno, como accionista de la entidad, valorar el incumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo y determinar si debe establecerse algún tipo de sanción disciplinaria tomando en cuenta los posibles incumplimientos a las reglas que se establecen como pautas de comportamiento de la propia Junta Directiva”, señaló el texto.
Sin embargo, los directivos insisten en que el Código en cuestión es un manual de prácticas internas y no es una ley, por lo que carece de sanciones.
“Incluso, permite que las modificaciones que se realicen en la practica sean actualizadas una vez al año. Es ilegal imponer una sanción, por leve que sea, derivada de ese documento. Así lo ha reconocido la misma Sugef”, señalaron los directivos.
Agregaron que “la sanción es espuria ya que el órgano director del procedimiento recibió contundente prueba con la que se comprobó que actuamos en el cumplimiento de un deber funcional que impone el ordenamiento jurídico vigente”.
Finalmente, el Gobierno advirtió a los directores no realizar sesiones extraordinarios para evitar la sanción, pues eso podría implicar una violación al debe de probidad.