El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, defendió la asginación de dinero a rubros como educación pública e instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el presupuesto del próximo año, este mediodía en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La larga exposición del jerarca inició en un salón donde los legisladores–instalados en una mesa circular– se apretujaban con camarógrafos, asesores y periodistas, y entre el zumbido producto de varias conversaciones voz queda, pero constante.
El presupuesto para el Ministerio de Educación Pública (MEP) crece a un 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB). El incremento es de ¢200.000 millones, y eleva el peso de esta cartera a un 29% de todos los egresos del Gobierno Central. Pero no alcanza para cumplir el mandato constitucional que establece en un 8% de la producción los fondos que se deben destinar a la educación.
Tampoco se cumple la disposición legal sobre el financiamiento del PANI. "Cómo le voy a dar ¢70.000 millones a una instituciuón que el año pasado tenía un presupuesto de ¢15.000 millones y solo pudo ejecutar el 80%", cuestionó el jerarca.
En total, un 34,4% del dinero prespuestado está amarrado a un mandato constitucional. Otro 22,5% de los gastos del Gobierno Central están ordenados por leyes.
"Son 30 años de crear obligaciones sin ingresos", acusó Ayales ante un auditorio compuesto por legisladores que aprobaron el aumento de fondos para educación de un 6% del PIB a un 8%.
Las proyecciones sobre las finanzas gubernamentales fueron amargas. Para apurar el trago los ujieres repartieron entre diputados, y cuanto ciudadano estuviera presente, un plato de almuerzo con fresco mora.
El murmullo perenne en cualquier sesión del Congreso enmudeció permitiendo que la voz de Ayales transmitiera la precariedad fiscal del país. "Vivimos una perversidad fiscal donde los ingresos son procíclicos y el gasto crece automáticamente al menos 10%", explicó.
El resultado es un déficit fiscal que crecería a un 5,9% de la producción en 2014, casi un punto porcentual más que el 5% previsto para este año. El hueco en las finanzas del Estado se expandería hasta un 7,3% del PIB en 2018 de no aprobarse una reforma fiscal.
Dentro de cinco años, el endeudamiento del Gobierno podría rondar el 51,5% de la producción.
El plan para evitar el deterioro futuro en las arcas públicas, que fraguan en el Ministerio de Hacienda, deberá sumar esfuerzos que entre nuevos ingresos y recortes de gastos represente un 3,4% del PIB en cinco años.
Hasta el momento han trascencido pocos detalles, y no será hasta finales de setiembre cuando Ayales haga pública una lista de acciones posibles y que serán el punto de partida para un "debate nacional". Este deberá culminar en uno o varios proyectos de ley para ser presentados ante la Asamblea Legislativa antes del final de esta adminsitración.
"Los sector más diámicos de la economía –exportaciones, zonas francas y servicios– deben incorporarse más a la recaudación", aseveró el jerarca.
Aletargados por la exposición de más de una hora, o bien por el almuerzo, la ronda de preguntas de los diputados fue benigna para el jerarca de Hacienda. El público ya había emigrado a un salón cercano donde René Castro, ministro de Ambiente, encaraba al diputado Víctor Hugo Víquez.
Así, sin público y sin enjundia, los legisladores optaron por hacer consultas y comentarios generales sobre los gastos del Gobierno que para este año suman ¢6,6 billones. No hubo tambores de guerra, solo advertencias de "revisar partidas con lupa".