Un país que tenga una alta informalidad laboral asume riesgos no solo para el trabajador sino también para la toda sociedad, impacta al sistema de seguridad social y la estabilidad de los regímenes de pensiones.
Estar fuera de los esquemas de trabajo formales supone la ausencia de aportes para el seguro social, pensiones e impuestos y debido al funcionamiento de estos, una menor cantidad de personas contribuyendo termina por perjudicar a quien no está y también a los que están dentro al distribuir los costos entre menos integrantes.
Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) un trabajador independiente es informal cuando sus empresas no están constituidas en una sociedad o realiza labores de manera ocasional.
Mientras que un trabajador dependiente es informal cuando carece de seguro social pagado por su patrono; solo le pagan en especie o el pago fue una única vez; o es un ayudante no remunerado.
En el caso de Costa Rica, la población ocupada con un empleo informal fue de alrededor de 849.000 personas (533.000 hombres y 316.000 mujeres) en el trimestre móvil de febrero, marzo y abril de 2023.
Esto quiere decir que el 40,7% de los 2,08 millones de ocupados se encontraba laborando en este sector; de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) publicada el pasado 1.° de junio por el INEC.
En el mismo trimestre del año pasado, por ejemplo, el 44% de la población ocupada estaba trabajando en la informalidad. Es decir, 933.000 personas de las 2,12 millones de ocupadas tenían un empleo informal.
Según el coordinador de la ECE, Braulio Villegas, entre estos dos períodos no hubo una reducción estadísticamente significativa en el empleo total, pero sí en la informalidad; lo que se podría interpretar como un indicio de un leve aumento de formalidad.
Sin embargo, dado que las variaciones del empleo total se situaron dentro de los márgenes estadísticos que no representan cambios trascendentales, resulta poco recomendable sugerir que los movimientos tuvieron alguna relación de causalidad.
“Hay que ver qué tendencias siguen los siguientes trimestres para ver si esto es como una tendencia que se está reduciendo la informalidad y se va a mantener más baja, o tal vez algo del período que estamos actualmente”, agregó Villegas.
Empero, Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), consideró que la merma en la informalidad más bien responde a la pérdida de empleos en este sector, y no a la capacidad de la economía de generar trabajos formales.
Además, no se debe dejar de lado que muchas personas trabajan en la informalidad porque tienen bajo nivel de escolaridad (aunque también existe un grupo de profesionales que está desempeñándose en este sector) o están en ocupaciones temporales. En el caso de las empresas, lo hacen porque la formalidad es cara no solo por las cargas de la seguridad social (ya que se paga como patrono y empleado), sino también por el tema del pago de salarios mínimos y la tramitomanía.
“Ciertamente me parece que no es una decisión simplemente de que efectivamente las personas quieren estar en informalidad, sino que formalizarse realmente es un paso relativamente caro”, dijo Saborío.
“Un mal negocio para todos”
Muchos de los trabajadores que están en informalidad, normalmente, podrían caer bajo la línea de pobreza. Un artículo de Bloomberg Línea expone que en América Latina y el Caribe las personas que laboran informalmente tienen entre 2 y 5 veces más de probalidades de encontrarse en pobreza.
También, se debe recordar que son personas que por lo general no están aseguradas como trabajadoras ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no suelen cotizar por una pensión, lo cual implica que su futuro se puede ver comprometido una vez que salgan de la fuerza laboral por motivos de edad.
“La informalidad se relaciona mucho a empleos que tienen condiciones más desfavorables para la persona, lo cual va a afectar su nivel de ingresos, su calidad de vida, dado la calidad del empleo, y aparte la estabilidad del puesto de trabajo”, comentó el coordinador de la Encuesta Continua de Empleo.
Sin embargo, pese a las consecuencias para los trabajadores de manera individual, la vicepresidenta ejecutiva del CPC y Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN), consideran que la informalidad es un “mal negocio para todos”, no solo para los que laboran en ella.
En el caso de los sistemas de seguridad social en Costa Rica, que son universales, están siendo sostenidos por un porcentaje de los ocupados; los cuales se encargan de cubrir los costos de todas las personas que acuden a los servicios de la seguridad social.
Esto provoca que los sistemas de seguridad social se vuelvan insostenibles en el tiempo.
“Si todos contribuyeramos, por ejemplo, a la seguridad social tendríamos más recursos para el seguro y nos beneficiaría a todos y no como sucede ahora, que creo que las tasas de cotización son alrededor de un 78% de la población ocupada que cotiza a la Caja (Costarricense de Seguro Social)”, comentó la investigadora del PEN.
Con respecto a los regímenes de pensiones, la informalidad también provoca inestabilidad sobre estos, porque hay personas que están trabajando que no están contribuyendo, y por lo tanto hay menos ingresos para sostener los sistemas.
“¿Cuál es el problema? Bueno, que estamos en un proceso de transición demográfica avanzada donde a la vuelta de 15 o 20 años vamos a tener una población adulta mayor que va creciendo de manera acelerada y son personas que si no cotizaron para una pensión, su vejez va a ser muy complicada y va a presionar muchísimo, por ejemplo, al Régimen No Contributivo que ya de por sí al día de hoy es insostenible que logre darle atención a todas las personas adultas mayores que no cotizaron”, consideró Morales.
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Además, a nivel de Gobierno, el hecho de quepersonas y empresas estén en el sector informal hace que se esté recaudando impuestos o cargas en una “piscina” más pequeña.
Por ello, el coordinador de la ECE mencionó que lo más beneficioso para un país es tener la informalidad lo más baja posible.