Los mandatos legales y constitucionales, que comprometen el 57% del dinero presupuestado en el 2014 a un destino específico, fueron el centro de atención en la mesa de diálogo sobre gobernabilidad fiscal cuya primera reunión se realizó hoy miércoles en el Auditorio Nacional.
La discusión se enmarca en el proceso de "Consolidación fiscal" impulsado por el Ministerio de Hacienda y que debería culminar con la presentación de uno o varios proyectos de ley para reformar el fisco. El objetivo es que entre ahorros y nuevos ingresos se elimine el déficit primario, es decir el resultado de restar los gastos corrientes del Gobierno Central a los ingresos totales, sin tomar en cuenta los intereses de la deuda pública.
"Entre estos más de 40 destinos específicos tenemos algunos que crean una fuente de ingresos nuevos para cumplir ese mandato; otros que no", comentó Mayra Calvo, secretaria técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Entre los destinos específicos que han sido creados sin contar una fuente de financiamiento están el que promete el 7% de lo recaudado por impuesto de renta al Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y las transferencias de dinero al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Entre los más grandes está el mandato constitucional de destinar un monto equivalente al 8% de la producción nacional a la educación pública.
"La situación es crítica porque la jurisprudencia constitucional ha cambiado. Antes de 1999 no había una obligación de incluir la totalidad de los destinos en el presupuesto. Ahora existe una obligación de asignar la totalidad del destino específico", aseguró Calvo.
En el presupuesto de 2014, propuesto por Hacienda, se incumplen os mandatos de destinar fondos específicos a la educación pública y al Pani.
"Por más esfuerzos que hagamos se seguirán incumpliendo porque los recursos no dan", afirmó la secretaria técnica de la Administración Presupuestaria.
Junto a los destinos específicos, la mesa de Goberanilidad fiscal abordó los temas de la capacidad del Poder Ejecutivo para hacer cumplir directrices de gasto en todo el sector público, y los avances realizados en materia de transparencia fiscal.