Moody’s señala que movimientos no autorizados de Hacienda evidencian falta de supervisión financiera

Moody’s reaccionó ante esta afirmación e indicó que esta acción destaca la ausencia de una supervisión financiera adecuada en Costa Rica, además de la dependencia de la deuda de corto plazo.

Desde febrero del 2017, esta calificadora de riesgo otorgó una nota de Ba2 al país, con perspectiva negativa.

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El Gobierno de Carlos Alvarado asumió el mando en mayo y heredó el presupuesto del año anterior, incluidos los límites de los repagos de la deuda.

Aún así, al poco tiempo se sobrepasó el techo dispuesto en el presupuesto.

“La ley costarricense permite al gobierno continuar realizando pagos de la deuda más allá del límite, de forma que los deudores estén protegidos”, explica la publicación de la calificadora.

Sin embargo, hacerlo puede conllevar sanciones para los funcionarios involucrados, añade.

El 31 de julio, el Gobierno solicitó la Asamblea Legislativa un aumento en la autorización para realizar pagos de la deuda de ¢600 mil millones ($1,06 mil millones), equivalentes al 1.8% del PIB.

Según Moody’s esta serie de acontecimientos evidencia que el Gobierno costarricense no cuenta con una supervisión financiera adecuada y comunicación interna.

Asimismo, la situación se suma a la permanente debilidad institucional que ha mostrado Costa Rica, en la última década, periodo en el que no ha logrado que una reforma fiscal pase la barrera de la Asamblea Legislativa.

“Costa Rica se encuentra en una situación financiera difícil con grandes desequilibrios fiscales y una creciente carga de la deuda. El equilibrio fiscal del gobierno central se ha deteriorado constantemente desde la crisis financiera mundial”, afirmó el comunicado.

El país pasó de un superávit del 0,6% en 2007 a un déficit de 6,2% en el 2017.

Los continuos déficit han llevado la deuda total a casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, un proceso al alza que inició en 2008.