Crear una regla fiscal que le coloque un techo entre el 2% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) al déficit estructural del Gobierno Central en el largo plazo es la principal novedad en el menú de medidas propuesto este jueves por el Ministerio de Hacienda para devolver el equilibrio a las finanzas del Estado.
El abanico de acciones puntuales producirían un aumento en la recaudación equivalente al 2,51% de la producción y una merma en los gastos del Gobierno del 1% del PIB. Entre ambos frentes de acción, el ajuste fiscal sumaría el 3,5% de la producción en cinco años, lo suficiente para eliminar el déficit primario. Ver tabla: "Ajuste Fiscal".
La entrega de este nuevo listado de medidas representa la culminación del proceso de "Consolidación fiscal" impulsado por el Ministerio de Hacienda desde enero del 2013.
Esta propuesta final incluye también el cambio del impuesto de ventas en un Impuesto de Valor Agregado (IVA) y la adoptación de la renta global, este último de forma paulatina.
El proceso de formulación de alternativas para hacerle frente al faltante de dinero del Gobierno, que este año ascendería a un monto equivalente al 6% de la producción local, se dividió en cuatro etapas. Estas incluyeron una ronda de reuniones con 54 expertos en materia fiscal para realizar un diagnóstico sobre la situación del erario público, pasando luego al debate abierto en mesas de diálogo, encuentros de seguimiento con organizaciones de la sociedad civil y la síntesis de las opiniones externadas en esos espacios.
Aunque originalmente el proceso estaba planeado para concluir con la presentación de uno o varios proyectos de ley ante el Congreso, cone el cambio en las autoridades de Gobierno que se espera con la celebración de la segunda ronda electoral dejaría el futuro de "Consolidación fiscal" en manos del nuevo mandatario.
Regla fiscal
La gran novedad en el lista de medidas presentada hoy por Hacienda es la sugerencia de crear una regla fiscal que le ponga un límite al déficit del Gobierno. Estos mecanismos legales ya se emplean en otros países latinoamericanos como Chile.
Aunque actualmente existen artículos de la Constitución Política y de la Ley de administración financiera y de presupuestos públicos que buscan salvaguardar el equilibrio financiero del Estado, estos son vagos e insuficientes a juicio de las autoridades de Hacienda. De ahí la necesidad de una nueva regla fiscal que limite el déficit estructural del Gobierno a un monto específico de la producción.
El déficit estructural es aquel que no responde a las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica o por factores temporales que inciden en las finanzas públicas, explica el documento "¿Cómo lograr la Consolidación fiscal? Recomendaciones para una hoja de ruta", entregado hoy el ministro Edgar Ayales.
Además la regla fiscal recomendada establecería que toda norma legal que cree un gasto público deberá incluir una nueva fuente de ingresos, así como la sujeción de los otros poderes de la República a los lineamientos del Ejecutivo en materia administrativa y financiera.
De igual forma, las instituciones descentralizadas quedarían sujetas a las directrices de información de la Autoridad Presupuestaria.
Para evaluar el cumplimiento de la regla, y autorizar situaciones de excepción, Hacienda recomienda la creación de un Consejo Consultivo conformado por exjerarcas de esa cartera.
El estado actual de las finanzas públicas impediría cumplir desde ya con esta regla fiscal, por lo que se instauraría un periodo de transición durante le cual se dijaría una senda decreciente para el déficit estructural mediante medidas para recortar el gasto e incrementar la recaudación.
Recorte en gastos
Las acciones recomendadas para controlar el crecimiento del gasto atacan los principales disparadores como remuneraciones, pensiones y transferencias.
En cuanto a la planilla del Estado, se plantea la posibilidad de instaurar una política de congelamiento de plazas por cincos años en todos los sectores del Gobierno Central, excepto en el sector de Educación.
Para disminuir el crecimiento inercial de los salarios, la medida sugerida es aplicar el aumento por costo de la vida al salario total promedio de los funcionarios, no al salario base como se hace actualmente. Esto evitaría que los pluses salariales terminen por duplicar el incremento salarial autorizado.
Además, se plantea la necesidad de derogar la Ley que establece el incremento semestral del 5% en el salario de los diputados.
Junto a esas acciones administrativas, sería necesario emprender una reformar que uniforme los regímenes salariales del Sector Público.
Aplicar el mismo tope de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a los otros sistemas de pensiones con cargo al presupuesto nacional, y eliminar la opción de jubilarse anticipadamente están entre las medidas propuestas para frenar el peso de las jubilaciones en los gastos públicos.
Más ingresos
La transformación del Impuesto General de Ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grave la comercialización de servicios y la adopción del esquema de renta global concentran los cambios propuestos al esquema impositivo nacional.
El IVA contempla tasas preferenciales para los servicios de educación y salud privados; así como para los bienes e insumos de la Canasta Básica Alimentaria.
Sin embargo, estas tasas preferenciales del 2% obligarían a elevar escolonadamente la tarifa general del IVA del 13% actual a un 15%.
En cuanto a la renta de las personas físicas y jurídicas, se plantea la posibilidad de gravar con una tasa uniforme del 15% las ganancias pasivas del capital incluyendo intereses, dividendos y excedentes.
Se renovarían las escalas tarifarias para personas jurídicas y las personas físicas con actividad lucrativa como los profesionales liberales.
La migración a un sistema de renta global, que grava por igual todas las rentas de los personas sin importar su origen, tendría que ser progresiva, en un plazo de dos años, para permitir la modernización de la Administración Tributaria.
| Ajuste fiscal total |