El Gobierno propuso reformar los impuestos de renta y de ventas con tal de aumentar el dinero que llega a sus arcas y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
El corazón de esa propuesta es el cambio del actual Impuesto General sobre las Ventas (IGV) a un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), por ser el que más aumentaría el ingreso tributario.
Además, la tasa del impuesto pasará del 13% al 14% en el primer año y luego al 15% en el segundo. Aun cuando este tributo permitiría una recaudación del 1,33% del Producto Interno Bruto (PIB), tendrá que atravesar una prueba de fuego a nivel político y práctico para ser aprobado.
Por el lado político, los diputados de oposición exigen primero reducir el gasto por encima de aplicar nuevos impuestos.
Por otra parte, aunque en la teoría el cambio del IVA es valorado positivamente, en la práctica es criticado.
El cuestionamiento más pronunciado se refiere al proceso de devolución del impuesto a la población en condición de pobreza o que podría caer en esa situación. Las dudas incluyen a quiénes se les regresará el dinero y cómo lo recibirán.
Esta devolución es precisamente la novedad más significativa del texto, según el Ministerio de Hacienda.
El IVA no afectaría, entonces, al 40% de los hogares (558.686) de menores ingresos del país.
Lo anterior funcionaría así: al momento de comprar cualquier producto que no esté exonerado, estas familias deberán cancelar el impuesto pero le será devuelto el monto promedio per cápita del impuesto pagado.
La tarifa se abonará a los primeros cuatro grupos de menor ingreso del país (primero s cuatro deciles). Cada decil surge tras dividir a la población nacional en 10 grupos, conforme su ingreso.
Según esa segmentación, el primer decil es el de menor ingreso, definido como pobreza extrema; el segundo y tercero corresponden a una población en pobreza y el cuarto se trata de hogares vulnerables.
La devolución rondará entre ¢44.384, para la población en pobreza extrema, y los ¢42.188, para el grupo vulnerable. El monto se entrega por grupo familiar.
El objeto de realizar esa devolución es reducir el impacto que el impuesto podría ejercer sobre la pobreza del país.
Hacienda ha detectado que el sistema de la Canasta Tributaria –que contempla los artículos exonerados en la actualidad– beneficia más a la población con mayores ingresos y no a la más desfavorecida, dijo Priscilla Piedra, directora general de la cartera.
En el decil 1, solo un 6% de la población se ve beneficiada por las exoneraciones actuales, mientras que en el decil 10 esa cifra aumenta a un 25%.
Por eso, como un segundo gran cambio del texto, se elimina la Canasta Tributaria.
No obstante, el proyecto sí contempla montos básicos de consumo que estarán exentos para el consumo eléctrico, de agua y pago de alquileres.
En la lista de exoneraciones también está incluida la educación privada, entre otros.
Los servicios de salud privados sí están gravados, pero el impuesto será devuelto a todo consumidor que cancele este servicio con tarjeta de débito, crédito o medios electrónicos regulados.
Empero, la propuesta trae otros cambios. Veamos:
Con la llegada del IVA, además de que estarían gravadas todas las ventas de bienes y servicios, también se realiza una ampliación de la base al añadir la prestación de servicios.
Cabe aclarar que los productores deberán aplicar el impuesto en cada etapa del desarrollo del bien o servicio que vendan.
Sin embargo, tras el anuncio del tan esperado envío del proyecto de ley del IVA al Congreso, en la segunda semana de agosto, la lectura de la propuesta ya arrancó y los cuestionamientos no se hicieron esperar.
El paso hacia el IVA no es del todo rechazado, pero a pesar de ser una buena iniciativa, tiene dificultades prácticas, dijo Francisco Villalobos, exdirector de Tributación Directa.
Esta opinión es compartida por Thelmo Vargas, exministro de Hacienda, quien considera que aplicar un IVA con base amplia y pocas excepciones, es viable y, en general, es lo que los economistas recomiendan adoptar a los países.
Sin embargo, el problema recae en que la oposición, con razón –para él–, no quiere aprobar más cargas tributarias en medio de un creciente gasto.
¿Cómo identificarlos?
Volviendo al punto de la devolución del impuesto, la primera prueba de fuego que encontrará el IVA es el cuestionamiento de cómo se identificará al 40% de la población a la que se le devolverá el impuesto.
Las dudas nacen porque las listas que contemplan esa población están incompletas.
Allan Saborío, socio director de la consultora Deloitte, afirma que de lograr identificar a los beneficiarios, el proyecto sería aceptado en la teoría, pero por el momento eso no ha sucedido.
El plan de Hacienda es completar las listas con el apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Esta entidad cuenta con una lista de beneficiarios en el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), pero tendrá que desarrollar una nueva plataforma, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube).
El IMAS sería el encargado de desarrollar ese mecanismo en ocho meses, con un costo de $15 millones, provenientes de su presupuesto. El monto se cancelaría en un lapso de cinco años.
Esta plataforma se venía planeando desde el 2012, por lo que Hacienda haría uso del diseño para no incurrir en gastos.
Devolución de fondos
La devolución también es cuestionada por la falta claridad en el proceso de ejecución y los gastos que implicará.
El principal recelo es la forma en la que se pretende devolver el dinero a la población en condición de pobreza. Gran parte de ese público no está bancarizado, es decir, no cuenta con una cuenta corriente o de ahorros.
Según Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, deberán promocionar el tema de la devolución y la población que no esté bancarizada podría contar con otras opciones para recibir el dinero. Por ejemplo, mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) del Banco Central, los hogares podrán recibir el dinero en instituciones afiliadas y retirarlo al presentar la cédula.
El desembolso del dinero se realizará mediante el Sistema de Pago Único de Recurso Social de la Tesorería Nacional, que entraría en vigencia en enero de 2016.
Tesorería tomará la lista del Sinirube y depositará el dinero a cada persona, sea en sus cuentas o con estos otros mecanismos.
Sin embargo, el costo que implicará la devolución forma parte de las dudas sobre la propuesta.
Según Rodríguez, el único gasto de más será la promoción del nuevo esquema, debido a que se estarían utilizando plataformas ya vigentes o que ya venían en camino tales como Sinirube y el mecanismo de Tesorería.
El IVA recaudará un 2,41% del PIB al cabo de tres años, monto al que se le descuenta 1,08% del PIB correspondiente a la devolución. Por lo tanto, el impuesto generará un 1,33% del PIB.