El proyecto de Presupuesto Nacional para el 2023 dejó un sabor agridulce en materia de endeudamiento. Por un lado, logra reducir el porcentaje de dependencia de la deuda como forma de financiamiento en comparación con el 2021 y 2022, pero por el otro, el aumento en los pagos que tiene que hacer el Gobierno Central por amortizaciones e intereses estruja el resto del presupuesto.
De hecho, estos dos rubros son los que mayor incremento registrarían en el apartado de egresos —según lo propuesto el pasado 1.° de septiembre por parte del Ministerio de Hacienda— en comparación con el presupuesto actualizado del 2022: las amortizaciones crecerán un 17,45% y el pago de intereses un 11,64%. Estos compromisos suman ¢5,77 billones y hacen que el servicio de la deuda pese alrededor de un 47% del plan de gastos.
Estos desembolsos relacionados con la deuda pública significarían un aumento del 14,86% en comparación con el 2022. Dicho año tuvo una disminución en este rubro de un 4,6% al lado del presupuesto del 2021 en términos reales.
Para fines de este reportaje, el presupuesto actual se comparará solo con el del 2021 y 2022, pues en 2020 se aprobó la incorporación de 50 órganos desconcentrados al presupuesto nacional y esto haría que la comparación con años anteriores al 2021 no sea completamente precisa. Adicionalmente, los datos del presupuesto del 2021 se traerán a valor presente con el fin de registrar el efecto que ha tenido la creciente inflación de los primeros seis meses del 2022.
Vencimientos a la vista
Para este 2023, el pago de deudas al principal se convertirá un asunto de peso para las finanzas costarricenses. Según explicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el 2023 será un año en el que el país deberá hacerse cargo de vencimientos “importantes” de deudas; de allí vendría el aumento. Una de estas herencias crediticias será un eurobono por $1.000 millones que se tomó en 2012 y que tiene como vencimiento el 26 de enero del próximo 2023.
El aumento del 17,45% en las amortizaciones se traduce en medio billón de colones más que, según el proyecto, se pagarían por encima de lo presupuestado para el 2022. Que este rubro pese más de un 20% de los desembolsos no es exclusivo a la hoja de ruta del próximo 2023, en el presupuesto de los dos últimos años también tuvo una presencia importante: en 2021 pesó en un 23,84% del presupuesto mientras que en 2022 ascendió hasta un 24,16%.
Aunque es menor al de las amortizaciones, el incremento por concepto de intereses y comisiones no deja de ser una bandera roja en la economía nacional. El cumplimiento de estos compromisos ha provocado que el superávit primario alcanzado durante el primer cuarto del 2022 se convirtiera en un déficit financiero una vez que entra en la ecuación el pago de estas obligaciones.
Financiamiento por deuda pierde peso
Una vez más, el propuesto del Gobierno será deficitario, es decir, tendrá que recurrir a la emisión de deuda para financiar los restantes ¢5,01 billones que, bajo sus cálculos, no podrá obtener a través de los ingresos por vía de renta, valor agregado y demás impuestos.
Sin embargo, lo que el país conseguiría por medio de deuda sería menor a los ¢5,43 billones y ¢6,78 billones que se necesitaron en los presupuestos del 2022 y 2021, respectivamente.
“Esto refleja el compromiso del Estado con una reducción del financiamiento del presupuesto a través de deuda”, explicó Acosta durante la presentación oficial del proyecto en la Asamblea Legislativa.
La colocación de deuda se traducirá en un 40,9% de la fuente de ingresos para el Gobierno de cara al 2023. El porcentaje demuestra una disminución en comparación con el 2021 (55%) y 2022 (47,2%).
Paralelamente al descenso en la necesidad de endeudarse, el presupuesto del 2023 prevé un aumento interanual del 24,59% en lo que el Gobierno recibe por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta es una variación mayor a la del 9,44% que se registró entre el 2021 y el 2022. Los cálculos de Hacienda esperan que el IVA crezca incluso por encima del impuesto sobre la renta —el cual tendría una variación del 16,23%—, colocándose como la segunda mayor fuente de ingresos para el Gobierno Central.
El otro rubro que experimentaría un aumento importante es el de los ingresos corrientes, el cual se espera que crezca un 16,53%, una variación bastante más pronunciada que la de 3,48% que registró entre el 2021 y el 2022.
El reto del endeudamiento
Cualquier análisis sobre la situación económica del país que no incluya preocupaciones sobre los niveles de endeudamiento estaría incompleto.
De hecho, expertos consultados por El Financiero en enero del 2022 señalaron el manejo de la deuda pública como un tema prioritario para quien asumiera la administración costarricense entre el 2022 y el 2026.
La necesidad de que el 47% del plan de gastos propuesto para el 2023 se utilice exclusivamente para pagar deuda reduce la capacidad del Estado para financiar programas de ayuda social o encabezar proyectos que dinamicen la economía.
El mismo ministro de Hacienda se mostró decepcionado al anunciar que solo un 38% del presupuesto para el 2023 tendría una función social. “Eso me parece que no es justo porque la función del Estado es la redistribución de la riqueza”, mencionó Acosta.
Pese a la disminución en el uso de deuda que se espera para el 2023, estos números todavía acapararían el grueso del financiamiento. Esto significa que, por medio de futuras amortizaciones y pagos de intereses, las finanzas de años venideros se verán comprometidas de una u otra manera.
Ahora, la propuesta del Ministerio será evaluada en la Asamblea Legislativa y deberá ser aprobada en Cuesta de Moras a más tardar el próximo 30 de noviembre.