Un faltante en las finanzas públicas estimado en ¢1,6 billones para finales del 2014 recibirá a un nuevo gobierno comprometido con cumplir sentidas promesas de campaña, proclamadas en acalorados discursos.
El déficit fiscal previsto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) equivale a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
La estimación se realiza bajo el supuesto de que no habrá una reforma estructural durante este año. De ser así, el déficit de este año sería el más alto desde 1980.
El estado de las finanzas del Gobierno Central es una de las cinco principales preocupaciones de los empresarios según determinó un estudio realizado por la consultora Deloitte, para EF, entre 151 altos ejecutivos de compañías locales y multinacionales.
La capacidad del nuevo gobierno de cumplir las promesas de campaña y sus planes de desarrollo dependerá necesariamente de atender el faltante en el erario público.
Entregar bonos a familias en extrema pobreza, como plantea el Partido Liberación Nacional (PLN), o dedicar un 1% del PIB a investigación científica y desarrollo de tecnología, como promete el Partido Acción Ciudadana (PAC), pinta complicado con un presupuesto amarrado por remuneraciones, deudas y destinos específicos.
“Independientemente de quien llegue a Zapote, muchas de las cosas que se prometen no se podrán hacer debido a las serias restricciones en las finanzas públicas”, advirtió el economista Eduardo Lizano, en los albores de una contienda electoral que va para su segundo round .
Para poner bajo los reflectores de la opinión pública la manera en que los candidatos proponen cerrar la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno, EF reunió las ideas plasmadas en planes de gobierno y declaraciones en prensa y luego pidió ayuda a la economista Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica y exviceministra de Hacienda, para hacer una evaluación de las iniciativas.
En conclusión, ambos candidatos tienen coincidencias en el tema de la recaudación y la reforma tributaria, diferencias en materia de ejecución y grandes ausencias, como la falta de impulsar un límite legal al crecimiento del déficit.
Ni tan iguales ni tan distintas
La curas fiscales del liberacionista Johnny Araya y el rojiamarillo Luis Guillermo Solís utilizan muchos de los mismos medicamentos pero con dosis distintas. Y, por supuesto, alguno que otro elemento distintivo.
La principal coincidencia se da en el terreno de impuestos. Ambos plantean la necesidad de transformar el actual Impuesto General de Ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De igual forma, ambos impulsarían abandonar el actual modelo cedular del Impuesto sobre la Renta por uno global, en el cual se reportan todos los ingresos percibidos por una misma persona sin importar su origen.
Las agrupaciones también apuestan a fortalecer los mecanismos de recaudación echando mano de la tecnología para construir un tejido de inteligencia tributaria sobre los contribuyentes.
Aquí, la diferencia está en el cómo: los liberacionistas pretenden transformar la actual Dirección General de Tributación en una Agencia Nacional de Tributación desconcentrada del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, el PAC plantea fortalecer los mecanismos actuales.
Entre las divergencias más marcadas está la secuencia en la que se implementarían las medidas administrativas y las reformas legales, opinó Camacho.
Solís mantiene que durante los primeros dos años de su administración se concentraría en control del gasto y mejora de la recaudación para acumular capital político con el cual lograr la aprobación de una reforma.
Araya no plantea tiempos de espera para presentar un proyecto de reforma en el Congreso.
El grado de detalle de las propuestas permiten solo un análisis parcial.
“Siempre queda la interrogante de cómo es que se van a hacer las cosas que ya se han tratado de hacer muchas veces. No es la primera vez que se habla de estos temas. La pregunta que uno se hace es por qué ahora sí se van a poder hacer”, comentó Camacho.
Un ejemplo es la propuesta de realizar presupuestos por resultados contenida en el Plan de Gobierno del PAC y también impulsada por Édgar Ayales, actual ministro de Hacienda.
Esta manera de asignar los recursos de los fondos públicos ya está contemplada en la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos , sin embargo, no ha sido implementado hasta el momento de forma generalizada.
“Es necesario y valioso, pero hay que preguntarse por qué no se ha hecho. ¿Falta capacidad institucional para formular este tipo de presupuesto o evaluar resultados?”, puntualizó la economista.
El choque con la realidad del funcionamiento del aparato estatal podría obligar a quien llegue a Zapote a recalibrar sus planteamientos de campaña.
Ciclo malicioso
Mientras los partidos en la lidia batallan por la victoria en las urnas el 6 de abril, las finanzas públicas se debilitan.
En la historia de cómo el país pasó de registrar un saldo positivo equivalente al 0,6% de la producción en el 2007, a uno negativo del 5,4% del PIB en el 2013, inciden muchos elementos.
La crisis mundial propinó un gancho a la actividad económica y noqueó la recaudación tributaria al restarle lo equivalente a un 2% del PIB entre 2008 y 2009.
Desde entonces, la carga tributaria se estacionó cerca del 13% de la producción, un monto insuficiente para costear los gastos de un gobierno que había implementado medidas anticíclicas para atenuar la sacudida global.
Mientras los ingresos están a la espera de que una mayor actividad económica llegue más agua a los molinos de Hacienda, los gastos crecen inercialmente debido al peso de las remuneraciones y el servicio de la deuda.
En el 2013, los salarios de los empleados del Gobierno Central fueron iguales a un 7,3% del PIB, según el Ministerio de Hacienda.
Este año, el presupuesto nacional destina ¢2,2 billones a cubrir los pagos de la planilla.
El documento En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional, elaborado por el Ministerio de Hacienda, señala que el crecimiento de las remuneraciones se debe más a los aumentos en los salarios que a la creación de nuevas plazas.
El efecto de los pluses salariales hace que el incremento salarial de los empleados del Gobierno termine duplicándose.
“Vivimos en una perversidad fiscal porque los ingresos son procíclicos y los gastos crecen al doble de la inflación”, ha señalado el jerarca de Hacienda.
El servicio de la deuda también pesa más debido a que el Gobierno se endeuda cada vez más para pagar sus gastos mensuales, sino también por el efecto de la escalada en tasas de interés experimentado en el 2012.
Hasta ahora, la tabla de salvación se presentó en la forma de la autorización para emitir bonos de deuda en mercados internacionales, donde el financiamiento es más barato.
La administración Chinchilla Miranda ya utilizó $2.000 millones de los $4.000 millones autorizados por el Congreso.
Este año, Hacienda tiene la posibilidad de realizar una nueva emisión por $1.000 millones, fondos que estarían reservados para la nueva administración, según ha declarado Ayales.
Sin embargo, el crecimiento de los gastos a un ritmo del 14% en 2013 hace que ese dinero alcance para cubrir una porción menor de las erogaciones del Estado.
Con todo lo anterior, los efectos del déficit no se quedan en los estados contables de Hacienda. El agujero en las finanzas públicas encarece el crédito, se ha dejado sentir en el tipo de cambio y puede convertirse en un acicate de la inflación.
De ahí que esté entre las principales preocupaciones de los empresarios.
Estas son las principales propuestas de los partidos políticos para enfrentar el déficit fiscal y el veredicto de la economista Edna Camacho.
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Ausencias
Mecanismo legal para controlar el déficit
Ninguno de los dos candidatos incluye en sus propuestas la creación de un mecanismo legal que nos asegure que este problema del déficit vuelva a presentarse dentro de algunos años. Estos mandatos legales, que le ponen un tope al déficit o al crecimiento de los gastos del Estado, funcionan en muchos países como Chile.
Inflexibilidad del gasto
La inflexibilidad del gasto por los mandatos constitucionales o legales que atan recursos a destinos específicos es uno de los temas que más se ha discutido en los últimos 20 años. También está la creación de destinos específicos sin creación de ingresos. “Me cuesta trabajo creer que no existan propuestas en este sentido por parte de los partidos políticos”, expresó Camacho.