El pasado 28 de enero se presentó recurso de amparo contra la Junta Directiva del Banco Central (BCCR), por la obligación de digitar el PIN en los comercios para autenticar las compras superiores a ¢30.000 con tarjetas bancarias.
El recurso fue presentado por el abogado Mauricio Brenes Loaiza, por considerar la medida una violación al derecho general de salud, y se tramita bajo el expediente 22-001908-007-CO. El recurso se encuentra en trámite.
El abogado considera contradictoria la decisión del Central, justamente porque esa entidad argumentó razones de protección a la salud pública al promover los pagos sin contacto en un acuerdo previo de fecha 15 de abril del 2020.
El recurso solicita que se ordene la inaplicabilidad de “la obligación a los usuarios de tarjetas de crédito o débito de hacer contacto físico corporal con superficies de uso público indiscriminado como los datáfonos de los comercios”. Asimismo se pide que, mientras la Sala conozca el recurso de amparo, se suspenda la obligación de hacer contacto físico para autenticar las compras superiores a ¢30.000.
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El pasado 21 de enero el Banco Central emitió un comunicado de prensa en el que señaló que la entrada en vigencia de la medida se aplazará hasta mayo del 2022 (anteriormente, la fecha estaba prevista para el 1°. de febrero).
El Central señaló que la transición hacia el uso del PIN se había acordado con entidades financieras desde hace más de tres años y que se funda en mejores prácticas internacionales.
“Luego de un periodo de estudios y consultas, el BCCR y las principales entidades financieras acordaron a finales del 2021, en una situación en que la tasa de contagios por la pandemia era muy baja, iniciar con este proceso el 1° de febrero del 2022″, señaló la entidad en el comunicado.
No obstante, explicaron, dado el aumento de contagios por COVID-19 en los últimos días, producto de la variante ómicron, y para dar más tiempo a las entidades financieras de explicar el cambio a sus clientes y los comercios afiliados, este grupo de entidades decidió iniciar el proceso de transición a partir del próximo 1° de mayo.
Actualmente, las transacciones mayores a ¢30.000 representan apenas el 10% de la totalidad de las transacciones de pago con tarjeta.
ABC en contra
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también se manifestó en desacuerdo con la medida. Para el grupo, “es preocupante que esta directriz obligue a los usuarios a administrar un PIN por cada dispositivo de pago que tenga, lo que puede resultar complejo e incluso podría generar una mayor inseguridad, a pesar de que la finalidad sea reducir el riesgo de fraude”.
Según Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC, si a esto se le suma el riesgo de contacto en tiempos de pandemia y en un momento de aumento desmedido de casos de Covid-19, la directriz sin duda pone en riesgo a la población.
Por otro lado, debido a la complejidad que puede representar para los clientes, podría fomentar el uso de efectivo o de otros mecanismos, como por ejemplo SINPE Móvil, lo que disminuye la trazabilidad de las operaciones y reduciría la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente realizan los emisores de las tarjetas.