Por: Sergio Morales Chavarría y César Augusto Brenes Quirós 19 junio, 2014

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Olivier Castro Pérez, insistió en que es la junta directiva de esta entidad la que define los cambios en la política cambiaria del país y no las opiniones de otras autoridades.

De esta forma, sale al paso de algunas declaraciones de otras autoridades del Gobierno en semanas recientes.

El presidente Luis Guillermo Solís y el presidente de la Asamblea legislativa, Henry Mora, han dado a conocer sus opiniones acerca de lo que debería de suceder con el valor del dólar. Específicamente, Solís manifestó recientemente su predileccción sobre reducir la distancia entre los límites de la banda cambiaria.

Según Castro, las opiniones de otras autoridades no interfieren en las expectavitas que construyen otros los participantes en la economía. "Son los agentes económicos los que finalmente tienen una opinión y analizan cuál es su expectativa de tipo de cambio para un determinado periodo, no es la expectativa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo", añadió el jerarca.

Agregó, además, que el valor en el tipo de cambio debe reflejar las condiciones de la economía y debe seguir la tendencia de largo plazo.

Olivier Castro Pérez, presidente del Banco Central de Costa Rica, aseguró que el Poder Ejecutivo no ha hecho peticiones concretas sobre el manejo del tipo de cambio.
Olivier Castro Pérez, presidente del Banco Central de Costa Rica, aseguró que el Poder Ejecutivo no ha hecho peticiones concretas sobre el manejo del tipo de cambio.

"El tipo de cambio evidentemente es un precio muy importante en la economía y desde luego que su nivel debe obedecer a las condiciones que prevalezcan en la economía y lo que en este momento está establecido es que el tipo de cambio debe ir adaptándose a cuál es la tendencia de largo plazo que debe tener el tipo de cambio", dijo Castro en una entrevista con EF este 19 de junio.

Castro también adelantó que se pretende modificar la programación de las compras y ventas de dólares que realiza el sector público no bancario.