El faltante de recursos que aqueja al Gobierno Central también ha hecho eco en el resto de entidades públicas, las cuales han reducido el crecimiento de sus gastos en el último año.
Si en el 2010 los crecimientos presupuestarios superiores al 20% eran normales, para el 2012 las cifras en su mayoría son de un dígito, con excepciones.
Para el 2013, al menos en el caso del Gobierno Central, la directriz es no aumentar el gasto presupuestario en más de un 4%.
Así se lee en los lineamientos generales de elaboración presupuestaria a entidades del Gobierno Central dictados por el Ministerio de Hacienda en junio anterior, una directriz que podría llegar a traspasar la conciencia fiscal al resto de las instituciones públicas.
Al menos, a criterio de los encargados de elaborar el presupuesto de la la Junta de Protección Social de San José (JPSS) –entidad que ocupa el puesto número 13 entre los presupuestos más grandes del país–, esos criterios están incluidos.
También es el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) –que está en el puesto número 12–, que incluye la problemática del déficit fiscal entre las variables que afectan su presupuesto.
Sin embargo, no hay garantías sobre lo recatado que será el gasto de las entidades públicas fuera del Gobierno Central, las cuales consumen el 70% de todos los recursos públicos.
Los números que dictarán la cantidad y la dirección del gasto público total para el 2013 están en elaboración y deberán ser presentados a la Contraloría General de la República (CGR) antes del próximo 30 de setiembre.
El presupuesto del Gobierno Central será presentado a la Asamblea Legislativa antes del 1° de setiembre y tiene que aprobarse antes del 30 de noviembre próximo.
En lo que respecta este 2012, el presupuesto del gasto público total es de ¢17,7 billones, el cual mostró un crecimiento respecto al 2011 de un 6,07%; el año pasado, había sido de un 13,5%.
Solo el presupuesto del Gobierno Central (¢5,9 billones) creció un 5,7% en el 2012 y en el 2011 el incremento había sido de 22,1%.
Sin embargo, dentro del listado de las instituciones más costosas del país, los presupuestos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Protección Social de San José (JPSS), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Banco Central (BCCR), siguen creciendo por encima del 15%.
Conciencia fiscal 2013
Para el ejercicio fiscal 2013, que dará inicio en enero, los apuros fiscales quedaron plasmados en las directrices de Hacienda, sin embargo, para aquellas entidades que no dependen del Gobierno Central no hay mandatos directos.
De hecho, los presupuestos de instituciones autónomas o empresas públicas varían drásticamente, según su cartera de inversiones.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) incrementó su presupuesto en casi un 50% en el 2010, por concepto de la apertura del monopolio estatal.
Otro ejemplo se dio en el 2010, cuando todo el gasto público creció en un 53%. Ese año, el plan de gastos del ICE aumentó más de un 30%.
No obstante, la alerta sobre esa calidad de gasto se mantiene, en términos generales, pues los datos contrastan con un porcentaje de inversión en capital en evidente desaceleración.
Según datos de la Contraloría, mientras el gasto corriente total se mantiene en un porcentaje cercano al 50% del PIB, el gasto de capital (inversión) alcanza apenas el 7% en el 2012. En el 2009, rondaba el 9% y hoy, en términos absolutos, apenas alcanza los niveles del 2009, luego de una disminución en el 2011.
Para el 2013, de acuerdo con Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, es de esperar incrementos en los presupuestos destinados a educación, seguridad y deportes. Esto último debido a la organización de los juegos centroamericanos. Es previsible, entonces, que esas tres líneas suban por encima de la media.
En consonancia con esto, el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) seguirá aumentando hasta el 2015 a fin de alcanzar el 1,5% del PIB, en el marco del incremento del 8% de la producción al rubro de la educación.
La UCR, por ejemplo, prevé un aumento nominal de ese fondo de un 9,5% para el 2013, un dato menor al incremento de años anteriores.
¿Presupuestos ordenados?
Hay un reconocimiento tanto de la Contraloría General de la República (CGR) como del Ministerio de Hacienda de que el control presupuestario para el total del gasto público debe mejorar.
Hoy, la discusión y transparencia presupuestaria se centra solo en el 30% que representa el Gobierno Central, mientras que sobre el resto –más de ¢11 billones para el 2012 – solo se genera un informe anual por parte de la Contraloría, y su proceso de discusión es limitado.
A lo anterior se unen los anuncios de debilidades financieras tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dos entidades que consumen el 24% del total del gasto público y actualmente son deficitarias.
El Ministro de Hacienda, Édgar Ayales, advirtió que si estas entidades acuden al Gobierno cuando tienen problemas financieros, entonces el Gobierno debería poder opinar sobre sobre las finanzas de las instituciones autónomas, algo que ahora no puede hacer.
Aunque solo el presupuesto del Gobierno Central es el que viene directamente del pago de impuestos, el resto del gasto también debe ser considerado dinero público.
Leiner Vargas recuerda que las otras entidades públicas se financian con ingresos cuasifiscales o por la vía tarifas, por lo que sus recursos deberían ser sujetos de un mejor control público.
Todos y nadie
Desde el criterio de la Contraloría, los controles que aplica al presupuesto de entidades autónomas, empresas del Estado o entidades financieras públicas son razonables. Pero, agrega, que en la gestión financiera y el manejo fiscal, existe una diversidad de actores que ejercen control de manera desarticulada.
La contralora de la República, Marta Acosta, cree que más allá de la suficiencia de controles, el problema se centra en la dificultad de dirección fiscal o de la administración financiera del sector público como un todo.
Si debe haber límites al crecimiento presupuestario, los mismos deben ser impuestos, como sucederá en el 2013, al menos por parte del Gobierno Central.
Dentro del Índice de Transparencia Presupuestaria, elaborado por el Proyecto Estado de la Nación, Costa Rica obtiene una calificación de 59, donde el 100 es total transparencia fiscal.
La calificación considera entre los aspectos peor evaluados la baja participación ciudadana y el desconocimiento sobre el impacto y evaluación del desempeño presupuestario.