Producción y desempleo exigen cautela en lo que resta del 2019

Un 65% de las personas espera un incremento de las tasas de interés y 39% cree que en los próximos 12 meses, la mejora en el ingreso familiar no será favorable.

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El ritmo de la producción y el empleo son dos de los síntomas más claros que reflejan una economía desacelerada.

Para el segundo semestre del año, los efectos de la reforma fiscal en conjunto con la pérdida de dinamismo de la economía se evidenciarán en los hogares y las empresas, de los que se espera cautela ante sus decisiones de inversión.

La situación de la actividad económica no debe verse de manera aislada. La inflación relativamente baja, las tasas de interés prácticamente inmóviles y el tipo de cambio sin mayores perspectivas de apreciación serían, en otras circunstancias, serían incentivos para la producción y el consumo, pero este no es el caso actual.

La actividad económica parece estar esperando una señal de factores mucho menos tangibles o cuantitativos: consisten en el aumento de la confianza y una mayor certidumbre que logren dar las decisiones de las autoridades.

La tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra que la actividad económica mantuvo durante todo el 2018 un comportamiento a la baja en el crecimiento.

Para diciembre de ese mismo año, el comportamiento se moderó, pero la desaceleración continuó, particularmente en las empresas que el Banco Central de Costa Rica agrupa como “régimen definitivo”.

La prolongación de ese ritmo en la producción y la actividad económica ocurre por varios factores. El entorno económico no propicia un ambiente de reactivación.

Primero, la demanda interna se ha reducido por la contracción del gasto del consumo de los hogares.

Lo anterior se deriva en una disminución de las ventas.

Además, existe un alto endeudamiento en los hogares, tasas de mora crecientes por créditos de tarjetas y préstamos. Una realidad que no incentiva el consumo y por ende, se reduce la capacidad de inversión y producción.

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Según explicó Carlos Arguedas Campos, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, las prioridades de los agentes económicos (personas y empresas) han cambiado y se han trasladado menos hacia el consumo.

“Los hogares y empresas evidencian un ambiente de mayor preocupación, ya no solo económica sino también social en el país, eso afecta la forma en la que consumen”, explicó Arguedas.

Según los últimos datos del Índice de Confianza del Consumidor, publicado por la Escuela de Estadística de la UCR en febrero pasado, el escenario actual es de pesimismo, dado que el índice resultó en una confianza de 34,8 puntos.

En el estudio, un 65% de las personas esperaba un incremento de las tasas de interés y 39% creía que en los próximos 12 meses, la mejora en el ingreso familiar no sería favorable.

Efectos de la reforma

Con una agenda de reactivación con bajo alcance por parte del Gobierno, los efectos de la reforma fiscal sobre las empresas serían aún más profundos.

Lo anterior se explica porque, a casi un año de la presentación de la agenda de reactivación económica, sus efectos aún no se pueden medir. La implementación de la educación dual, la mejora de los procesos de ventanilla única y el avance en el bilingüismo son algunos de los proyectos de este plan. A pesar de esto, los esfuerzos no se han evidenciado en los indicadores.

Si la política de reactivación tuviera otro tipo de estrategias, posiblemente palearían los efectos de los incrementos de los tributos como el impuesto al valor agregado (IVA) y renta.

Sin embargo, no es el caso.

La reforma vendría a impactar la estructura de costos de los distintos sectores económicos, un hecho que podría afectar aún más la capacidad de crecimiento de las empresas y sus planes de inversión.

El efecto del IVA en gastos estratégicos como la electricidad, el precio del combustible por el cambio de precio futuro del petróleo y la evolución de las tasas de interés si no se aprueba el proyecto de financiamiento externo para financiar al Gobierno Central, son factores que terminarán impactando como un embudo sobre las empresas.

Aunque los efectos de la reforma se comenzarán a sentir en el segundo semestre del 2019, se evidenciarán aún más en el 2020, cuando se tengan nuevas estructuras de tarifas y precios de bienes y servicios.

Empleo sin mayores cambios

En términos de empleo, los cambios que se esperan son pocos y tienen mucho que ver con la confianza y las expectativas de los consumidores y empresarios.

Según explicó el economista Luis Mesalles, solo si la confianza de los agentes se recupera por una percepción de mejoría sobre el problema fiscal, el panorama de la producción sería mejor y a su vez, mejorarían los indicadores de empleo.

Para Mesalles, el desempleo va de la mano con el crecimiento de la producción en el corto plazo.

La demanda de empleo es un indicador que depende enteramente del crecimiento económico, por lo que no se esperaría ningún cambio relevante en el segundo semestre.

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A pesar de que la encuesta de expectativas de contratación e inversión de la Cámara de Comercio estima que el sector comercial realizaría contrataciones este año, pero la evidencia –hasta el momento– es otra.

Para Arguedas, los recientes despidos de varias industrias reafirman que se esperan cambios negativos en el índice de población ocupada.

La baja contratación para el segundo semestre responde a diversas variables, entre ellas, el cambio a la facturación electrónica, que ha hecho que las empresas tengan que destinar una mayor inversión a tecnología y capacitación para implementar el procedimiento y la incertidumbre sobre los costos asociados a la reforma fiscal, explicó el economista.

Con la reforma tributaria en el siguiente semestre, las empresas deberán evaluar sus estructuras de costos y decidir si pueden contratar nuevo personal en el 2020.

“Con una incidencia en el aumento de costos, la reducción de personal se podría materializar en el último trimestre o finales de año”, aseguró Arguedas.