Por: María Fernanda Cisneros.   28 enero

El Poder Ejecutivo presentó en noviembre una propuesta para proteger mediante la legislación costarricense al consumidor financiero. Ese escudo estaría a cargo de las superintendencias financieras, que tendrían que aumentar sus gastos para asumir nuevas funciones.

Por ahora, Costa Rica no cuenta con un marco jurídico y de supervisión que proteja a los consumidores financieros de incumplimientos de contrato o falta de transparencia por parte de las entidades financieras supervisadas. Shutterstock
Por ahora, Costa Rica no cuenta con un marco jurídico y de supervisión que proteja a los consumidores financieros de incumplimientos de contrato o falta de transparencia por parte de las entidades financieras supervisadas. Shutterstock

¿De qué se quiere proteger a este tipo de consumidor? De eventuales abusos, transacciones indebidas y falta de transparencia en la que puedan incurrir las entidades supervisadas.

El escudo llegaría al consumidor de servicios de cualquier entidad que esté bajo el ojo de las superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), de Valores (Sugeval), de Pensiones (Supén), de Seguros (Sugese) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Como eventual consecuencia, el gasto corriente de estas cinco entidades es el que podría crecer más de lo que hoy prevé la ley.

Una de las razones que impulsó el proyecto de ley es que al crear una legislación que dote a las personas y empresas de herramientas para defenderse en el sistema financiero, el país ganaría puntos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ahora, Costa Rica no cuenta con un marco jurídico y de supervisión en esta línea.

“A nivel mundial son reconocidos los derechos del consumidor, pero no son siempre adecuadamente respetados y protegidos, entonces surgen la necesidades de establecer vía decretos o leyes esos derechos del consumidor”, explicó Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero.

El problema central que atienden las leyes a nivel mundial gira entorno al consumidor, cuáles son los caminos que debe seguir para protegerse y dónde debe acudir para hacerlo.

Al lado de este proyecto de Ley de Protección al Consumidor Financiero (No. 21.666 en la Asamblea Legislativa), otras dos propuestas más hacen fila en la Asamblea Legislativa.

Una de ellas, proyecto Ley para la Defensa del Consumidor de Productos y Servicios Financieros fue presentada a inicios del 2019 por un grupo de 13 diputados y diputadas, entre los que se encuentran María Inés Solís, Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Roberto Thompson de Liberación Nacional y Jonathan Prendas, independiente. La propuesta más antigua llegó desde el 2018 a cago de Walter Muñoz, Zoila Volio y Sylvia Villegas.

¿Por qué aumentar el gasto?

El gasto corriente de las superintendencias crecería para que puedan asumir las nuevas funciones que les dotaría un proyecto de ley del Ejecutivo, que busca proveer herramientas de protección al consumidor financiero.

Las superintendencias tendrían que robustecer su esquema de supervisión, pero también ampliar el perímetro de supervisión, es decir, vigilar a entidades que hoy no vigilan.

“Con los recursos actuales, el sistema de supervisión no estaría en la capacidad de asumir las nuevas funciones que se les llegara a establecer”, afirmó Alberto Dent, jerarca de Conassif.

Así, se propone que estas entidades puedan gastar más dinero del que la ley les permite en la actualidad.

Estas entidades tienen topado el gasto desde octubre tras las reformas aprobadas en el Congreso para el control de gasto y otros. Sin embargo, el límite se flexibilizaría por un periodo de tres años en caso de aprobarse la Ley de Protección al Consumidor Financiero.

Actualmente, el gasto corriente del presupuesto de las superintendencias y del Conassif no puede crecer más del 65% del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto Nominal (PIBn), para los cuatro años previos al año en el que se formule el plan de gastos.

Ese 65% equivale al rango más restrictivo dispuesto por la regla fiscal (rangos son del 65%, 75%, 85% o 100%) aprobada al término del 2019 para las instituciones públicas.

“La regla fiscal que le aplica a las Superintendencias es más estricta que la del resto del sector público”, apuntó Dent.

La cifra pasaría al 100% del crecimiento promedio del PIBn, por un periodo de 36 meses.

Es decir, las superintendencias estarían en línea con lo establecido por la regla fiscal, pero les aplicarían el tope más flexible de gasto corriente a lo largo de esos tres años, en caso de que se apruebe el proyecto de ley.

La restricción adicional es que los recursos adicionales deben utilizarse exclusivamente para la protección del consumidor financiero.

Sin embargo, diferentes frentes, entre los que están las mismas entidades supervisadas han mostrado descontento ante el planteamiento de elevar el gasto de estas entidades, en una época en la que el mensaje del Gobierno ha sido de contracción.

¿Se justifica en nombre del consumidor, un aumento en el gasto de las superintendencias? “El momento no es el idóneo para decirle a la gente que en nombre de los consumidores vamos a subir los costos para aumentar el tamaño de las superintendencias”, afirmó Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero.

Surge la duda entonces si estas entidades son el órgano idóneo para atender las quejas de los consumidores, o si debe ser una entidades externa la que se aboque a esto mientras las superintendencias se limitan a la regulación y supervisión.

¿De dónde provienen los recursos del presupuesto de las superintendencias? Las entidades supervisadas aportan una porción y la otra proviene del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Hasta el 2019, el BCCR debía financiar el 80% de la operación de estas entidades, y el 20% los supervisados.

Sin embargo, en octubre del 2019 se aprobó una reforma que redujo la porción que debe aportar el BCCR y despertó el rechazo de los supervisados. Eso sí, la reducción llegará hasta dentro de cuatro años, por lo que el Central aun cubrirá la mayor parte.

Es decir, sería esta entidad la que tendría que subsanar un mayor aumento en el gasto de la operación de las superintendencias, en caso de que prospere el proyecto de ley.

Se consultó al BCCR, pero la respuesta que recibió EF fue que se utilizará la versión aportada por Conassif.

¿En qué consiste el cambio del financiamiento de las superintendencias? De forma gradual, la operación de las superintendencias pasará dependerá en un 50% del Central y en el otro 50% de las entidades supervisadas.

En Sugef, Sugeval y Supén se incrementará 7,5 puntos porcentuales por año, pero a partir del quinto año siguiente contado desde la entrada en vigencia de la ley.

El gasto de Conassif está incluido en el presupuesto de cada superintendencia. Este es asignado cada año, de manera proporcional, al monto de sus respectivos presupuestos.

Entre tanto, las superintendencias también podrían aplicar procedimientos de contratación abreviados más ágiles, de forma que el personal que se contrate pueda entrar en operación con mayor rapidez y así dar inicio a las actividades que prevé la ley.

Si evoluciona el camino de fortalecer la supervisión consolidada, el esquema de protección al consumidor financiero se adaptaría a un solo supervisor, apuntó Dent.

En el caso de la propuesta presentada por diputados en 2019, se plantea que las funciones de protección recaigan en Sugef, aspecto que es valorado como poco viable por participantes del mercado.

¿Cómo proteger al consumidor?

Solo en 2019, la OCF recibió 4.000 peticiones por reclamos de consumidores financieros. El 60% correspondía a entidades no afiliadas (no reguladas o bancos públicos) y del restante 40%, correspondiente a la banca privada que sí está afiliada, la mayoría (65% de las consultas) se resolvió a favor del consumidor.

La propuesta del Ejecutivo busca dotar al consumidor de más herramientas para defenderse en caso de trato, transparencia, protección de datos, fraude y uso indebido de sus activos.

También, incluye la necesidad de dar un servicio más ágil en el manejo y resolución de las quejas relacionadas con cualquier entidad supervisada.

El plan inclusive incorpora la ampliación del perímetro de la regulación y supervisión a entidades que en la actualidad están en la sombra, como las empresas que dan créditos.

La principal duda que deja el proyecto a Danilo Montero, director OCF, es que la propuesta está planteada en función de los supervisores y las entidades supervisadas, y no tanto en las reglas claras que debe seguir el consumidor financiero para protegerse.

El proyecto, por ejemplo, determina cuáles son las prácticas injustas de venta o de cobro, las obligaciones de las entidades en gestión y conducta de negocio responsable.

Sin embargo, no esclarece el proceso que debe seguir el consumidor para hacer valer sus derechos.

El proyecto presentado a inicios del 2019 por el grupo de diputados y diputadas sí presenta un texto más simple y liviano sobre cómo el consumidor puede hacer valer sus derechos.

“El trabajo del proyecto de superintendencias es extraordinario y está muy completo. El texto perfecto sería una combinación entre ambos”, añadió Montero.