En la segunda mitad del presente mes, se definiría quién ocupará la silla que encabeza la Superintendencia de Pensiones (Supen), cargo que enfrentará retos importante durante el próximo quinquenio.
Los mayores desafíos llegarán en materia de modernización de la supervisión y en la aplicación de medidas para velar por la salud financiera de los recursos para la jubilación en el largo plazo.
Aunque algunas carencias del sistema de pensiones no le atañen directamente al superintendente, sí lo es promover reformas en pro de su sostenibilidad.
Ese mandato es el que piden con vehemencia los regímenes básicos, uno de los grandes desafíos que destaca en la lista de tareas, según las mismas operadoras de pensiones complementarias (OPC) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
A ello se le suman cambios regulatorios para poner en marcha proyectos como los multifondos, incentivar una supervisión basada en riesgos y promover las pensiones voluntarias, a las que les ha costado hacer arrancar.
Actualmente, Édgar Robles ocupa el principal cargo de la Supen, pero el Conassif ya inició con el proceso de elección de la persona que ocupará el puesto en el período que se aproxima.
Robles se postuló para una reelección, al lado de más de 30 candidatos que aspiran a este puesto colmado de desafíos.
La sostenibilidad de los regímenes básicos es sin duda alguna lo que encabeza la lista para los próximos cinco años.
Se trata del primer pilar del sistema de pensiones, conformado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y el Fondo de Pensiones del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
En esa lista, destaca la alerta de la poca sostenibilidad del IVM y los fondos del Poder Judicial.
El primero cuenta con cerca de 211.248 pensionados y 1,2 millones de cotizantes.
El problema de este sistema se debe a que la CCSS no tiene los recursos suficientes para cancelar las pensiones de sus afiliados, por lo que cada año intensifica el uso de los intereses de sus reservas para enfrentar sus obligaciones.
En el 2014, unos ¢50.000 millones de los intereses de esas reservas se utilizaron para pagar las pensiones de los contribuyentes, según estimaciones de la Supen.
La CCSS estima que este régimen dejará de ser sostenible en el 2040, pero la Supen calcula que esto sucederá en el 2023.
El aporte del RIVM creció el 0,5% este año, de conformidad con la reforma aprobada desde el 2005. La idea es que, de forma paulatina, el aporte alcance el 10%, de aquí al 2035, sin embargo esto se califica como insuficiente.
Como parte de las medidas que se tendrán que evaluar están aumentar la cotización de los afiliados, disminuir la pensión que reciben, crear un impuesto a las pensiones o, inclusive, optar por un seguro de salud.
Por su lado, el Poder Judicial admitió que dentro de tres años el pago de pensiones de sus jubilados generará más dolores de cabeza, ya que sus resultados no le permitirán hacer frente a sus obligaciones.
En el 2017, la entidad tendrá un déficit operativo de ¢1.400 millones.
Según sus estados financieros, la reserva ronda los ¢390.000 millones. Este fondo cuenta con más de 3.000 retirados y 12.526 empleados activos.
Los cambios demográficos, con una tasa de natalidad en picada y una población que se envejece, así como el diseño y administración de estos regímenes, han provocado que algunos de ellos sean insostenibles, explicó Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif.
El nuevo superintendente debe propiciar medidas para ajustar esta situación y velar por la salud financiera de los recursos de los pensionados, añadió Delgado.
Necesidades en supervisión
Tanto las OPC como el Conassif subrayan la necesidad de que la Supen también aplique con mayor eficiencia la supervisión basada en riesgos.
La industria solicita más flexibilidad en el régimen de inversión de las operadoras, a cambio de que sean los administradores de los fondos de pensiones los que definan sistemas de control de riesgo propios, dijo Marvin Rodríguez, gerente general de Popular Pensiones.
Bajo un esquema de este tipo, las OPC podrán ampliar sus alternativas de inversión, incluyendo los instrumentos para financiar obra pública o privada.
“La supervisión deberá velar para que los operadores no solo se preocupen por mejorar el rendimiento, sino que inviertan de forma saludable, con una responsable y correcta gestión de riesgos”, explicó Delgado.
Otra de las necesidades que destaca el Conassif, es la de establecer requisitos que garanticen que altos ejecutivos y miembros de juntas directivas de las OPC posean los conocimientos y la experiencia para dirigirlas.
En cuanto a la normativa, por su parte, también hay temas pendientes, como el caso de los llamados multifondos.
Su objetivo es ordenar los fondos de pensiones complementarias en tres grupos, de modo que las inversiones se realicen acorde a la edad de los ahorrantes.
El primer fondo estaría conformado hasta 45 años de edad, seguido de uno entre 45 y 55 años, y el último para mayores a 55.
La demografía es una de las trabas para ponerlo en marcha, y el Banco Mundial había adelantado que, a su criterio, el país podría tener solo dos fondos.
Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que eso no es recomendable, por lo que la entidad sugirió posponerlo al menos hasta el 2016 para esperar a que más personas entren al grupo de mayores de 55 años.
Para las operadoras, el reto está es buscar el modo de implementarlo de la mejor manera.
Según Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, se requiere contar con una normativa que permita administrar los recursos de los afiliados en fondos distintos, dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre.
El beneficio de los multifondos sería activar la posibilidad de administrar los fondos de los más jóvenes con títulos de más riesgo y con mayor rentabilidad, mientras las inversiones más seguras llegarían para aquellos trabajadores que están por pensionarse.
Otro de los cambios sobre los que alertan algunas de las operadoras es el manejo de los recursos de los afiliados.
El Banco Popular administra una parte por 18 meses. Además, el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) maneja por un año otra parte de los recursos de los trabajadores. Este “paseo” de los fondos debe acabar y que el dinero ingrese directamente a las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), dijo Alvarado.
Otros retos
Costos fijos: Las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) tienen una carga de costos fijos dirigidos al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), que son considerados altos en comparación con otros países de la región.
Servicios: Promover estándares que permitan comparar los servicios que prestan las OPC.
Libre transferencia: Luego de cambios en el proceso de afiliación del Sicere, el traslado de personas entre operadoras aumentó y el mercado quiere que se ponga en orden.
Pensiones voluntarias: Consolidar el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de la mano con un proceso de educación financiera que incentive la necesidad de contar con estos planes.
Fuente Operadoras de pensiones