Costa Rica está lejos de ser el primer país que aplica una regla fiscal para recortar el nivel de crecimiento de la deuda del Gobierno y de los gastos.

Chile, Panamá, Honduras y El Salvador son solo algunos de los países que han aplicado esta medida, aunque no todos los casos han sido exitosos. Por eso, pueden servir de ejemplo para el Gobierno costarricense sobre qué hacer y qué no, al activarla.

Cuando un país pretende aplicar medidas para controlar el nivel de crecimiento del gasto y de la deuda, puede enfrentar dos realidades. Una es hacerlo para evitar un desbalance futuro y la otra para atender un problema fiscal actual.

El caso costarricense entra en el segundo panorama. El principal riesgo para Costa Rica es que una buena parte de los gastos son obligatorios por ley y esa inflexibilidad puede jugar en su contra.

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En general, el compromiso de cada gobierno con la regla fiscal es lo que determina el éxito de la medida y no la regla por sí misma.

Siendo así, el éxito en Costa Rica dependerá de las medidas alternativas de recorte de gasto y el cobro de impuestos.

Inclusive, son de absoluta importancia “el refinanciamiento de la deuda de cortísimo plazo y volver a ponerle orden a la Tesorería”, como medidas alternas, afirmó Luis Liberman, exvicepresidente de Costa Rica.

Sobre la regla y el ejemplo internacional

La regla fiscal es un instrumento que puede utilizarse en dos vías, la cualitativa y la cuantitativa.

Costa Rica tiene experiencia en la primera de ellas y se trata del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que debe ser destinado a la educación.

Sin embargo, en el lado cuantitativo es donde no existe historia previa y es justamente el que se explorará con el plan fiscal ya aprobado.

Cuando un país quiere regular la situación fiscal a través de este camino, lo puede hacer restringiendo el tamaño de la deuda o el del Gobierno (en este caso se usa la relación de gasto versus PIB).

Esta última es por la que apostará el Gobierno por primera vez, mediante la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas.

Lo que estipula el texto, que ya entró en vigor, es un límite al crecimiento del gasto corriente.

Como en toda herramienta, existen algunos bemoles de la aplicación de esta medida que habrá que valorar conforme la regla fiscal costarricense sea aplicada.

Por ahora, se pueden analizar algunos casos de referencia.

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De entrada, los países con más éxito al usar la regla fiscal son los que acuden a ella cuando tienen suficiencia fiscal, es decir, cuentan con los recursos necesarios para cubrir compromisos, pero se restringe el crecimiento futuro de la deuda o de los gastos.

El objetivo principal es evitar que ante un cambio de gobierno se despilfarre el dinero.

Es en esos casos cuando la regla fiscal funciona mejor, al menos al revisar la historia reciente de países que la han utilizado. Europa es ejemplo de esto, anotó Abelardo Medina, coordinador de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, muchos países adoptaron esta medida al verse inmersos en un agotamiento de sus finanzas públicas.

Aquí es donde entran los ejemplos de Centroamérica, donde países como El Salvador (que ha modificado la regla fiscal en varias ocasiones) y Honduras han acudido a esta medida para mejorar sus cifras fiscales.

Lo bueno es que ambos países han logrado reducir el crecimiento de sus gastos, la parte para nada alentadora es que lo han hecho a costa de recortes en salud, educación y seguridad.

Esto sucede cuando hay insuficiencia de recursos e inclusive ha sido señalado, principalmente en Honduras, por parte de organismos internacionales. Aun así, por otro lado, este país ha visto una mejora en su calificación de riesgo.

“Se da sostenibilidad a las finanzas estatales, pero no se garantiza que se van a atender bien las necesidades de la población”, explicó Medina.

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Honduras aplicó un duro ajuste de sus gastos el año pasado, para bajar su déficit fiscal, que en ese entonces era de 4,1% –por debajo de Costa Rica–. En 2017, Honduras llevó su déficit a 2,7%, según la base estadística de Centroamérica del Estado de la Nación.

Ahora esta nación se plantea el reto de ubicarlo en 2%.

El recorte fue tanto de gastos innecesarios como aquellos que también sí lo eran, como el dinero destinado a la sociedad, que ya de por sí vive inmersa en un alto nivel de pobreza. Los egresos bajaron 3,6%.

Honduras también incluyó dentro de la regla fiscal directrices para aumentar el ingreso.

El impuesto al valor agregado fue elevado y el de renta también. Esto permitió que la recaudación se elevara en 3,3%, en términos del PIB.

Lo que está claro es que la regla funcionó por la voluntad política.

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“La regla es efectiva solo si el país decide que sea efectiva. En Chile les ha servido pues hay un compromiso con la estabilidad. En Panamá, la cambian a menudo así que no es más que una ficción”, anotó Luis Liberman.

El caso chileno ha sido aplaudido internacionalmente, ya que luego de enfrentar fuertes dificultades este país logró en tan solo un año acomodar mucho mejor sus finanzas.

En julio del 2017, Standard and Poor’s redujo la nota de Chile ya que su menor crecimiento económico y la reducción del precio del cobre perjudicaron el nivel del déficit fiscal y el de la deuda, comunicó el Ministerio de Hacienda de Chile en ese momento.

Chile estipuló una serie de medidas para mejorar la recaudación de tributos, pero también para contener el gasto. En esa línea, también aplicaron una regla fiscal que estableció que la meta de reducción del déficit estructural a cuatro años tendrá un anclaje anual.

Este país impulsa el proyecto de ley de Modernización Tributaria –que presentó en agosto– pero además ha aplicado medidas de austeridad que pretenden ajustar el gasto en 0,35% del PIB por año.

Las medidas son recientes, pero las calificadoras proyectan una estabilización de la deuda pública como porcentaje del PIB, en torno al 27% hacia el 2020 en el caso Fitch y de 25% para los próximos años según Moody’s.

Lo que estipula la ley en Costa Rica

El tope para el crecimiento de los egresos del Estado estará sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de la deuda del Gobierno Central con el PIB.

La ley determinó cuatro parámetros e inclusive uno adicional que regirá únicamente en periodos de crecimiento económico extraordinario. Además, el Gobierno comunicará cuál será el tope del crecimiento del gasto corriente para el presupuesto del año siguiente.

Las dudas que genera la medida es si la voluntad política para resolver el problema fiscal se mantendrá en las administraciones venideras y si la inflexibilidad del gasto del Estado puede jugar en contra.