Cobrar un impuesto a todas las transacciones bancarias que se realizan en el país tendría efectos negativos sobre la bancarización y aumentaría el costo del efectivo. La propuesta forma parte del plan de ajustes fiscal que negociará el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de la Superintendencia de Pensiones (Supen), asegura que no se puede negar el impacto de esta iniciativa, pese a que se pretende mitigar con una tarifa baja y con una temporalidad de cuatro años.
En medio de una convulsa coyuntura económica, las entidades financieras aprovecharon los cambios normativos para renegociar y flexibilizar créditos a sus clientes afectados por la pandemia.
EF entrevistó a Aguilar para ahondar en el plan con el FMI, en la situación fiscal del país y en las condiciones del sistema financiero.
Impuesto a las transacciones
El Gobierno propone un impuesto a las transacciones bancarias que, según la literatura económica y evidencia de estudios regionales, va en contra de la bancarización. ¿Qué piensa sobre esta iniciativa?
No se puede negar su impacto en ese proceso, por eso es que hay dos aspectos que se han tratado de proteger: uno es su transitoriedad y el otro es su tarifa. Yo sí creo que va a ser necesario avanzar sobre esa iniciativa, en los próximos días entrar y ver la letra menuda y sus impactos para las empresas, personas y para el mismo sistema financiero.
¿Es la única medida para generar ingresos en el corto plazo?
En un momento tan complejo, en donde nosotros teníamos trazada una ruta de consolidación fiscal que buscaba la estabilización de la deuda, esa ruta, como en algún momento lo mencioné en la Asamblea Legislativa, no aguantaba ni un ventolero. Era posible salir adelante si no teníamos eventos de la naturaleza que nos generaran una demora, pero también habían otros temas en esa propuesta que eran el reordenamiento institucional, la Ley de Empleo Público y las exoneraciones.
Pero, los efectos del impuesto a las transferencias podrían ser muy negativos...
Una medida de estas, de primer impacto, de una cantidad importante de ingresos únicamente se puede explicar porque sea transitoria y porque evita un mal mayor, que en este caso sería que la situación se convierta en una crisis de dimensiones tan grandes que la sufriría absolutamente todo el país.
¿Le preocupa la contracción de los ingresos?
Las cifras de caída de los ingresos son preocupantes, sobre todo porque esto no ha terminado. Me parece que todos vamos a tener que poner nuestra dosis de contribución, por supuesto con todo el cuidado del efecto multiplicador que tiene una medida de estas para las personas y empresas. Pero entre menos tiempo esté (el impuesto a las transacciones bancarias) y si pudiese no ser de cuatro años, sino menos, sería lo deseable.
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¿Cómo valora las proyecciones de aumento de la deuda pública?
En este momento hay una importante situación con las tasas de interés, estamos en época de tasas particularmente bajas, aunque nosotros tengamos unas más altas, un país con el nivel de deuda que tiene Costa Rica, si le correspondiera enfrentar un aumento en los tipos de interés, multiplique 70% por 100 puntos base y pase eso directo al déficit fiscal. Hay que avanzar en los temas sobre qué podemos hacer mejor en materia de deuda.
La deuda sigue concentrada en el mercado interno. ¿Cómo puede afectar en el corto plazo?
Es una preocupación esta inundación que tenemos en el mercado doméstico, sobre todo en una situación en donde buena parte de los recursos que han permitido alimentar en el pasado las necesidades del Ministerio de Hacienda, provienen de los mismos fondos de pensiones que crecen a tasas menores por todo el impacto en el empleo.
Carencias en plan con FMI
¿Qué le hace falta a la propuesta del Gobierno para negociar con el FMI?
Exoneraciones es un punto en el que podríamos lograr avanzar en el muy corto plazo y tendría efectos inmediatos, pero necesitamos una voluntad de parte de la Asamblea Legislativa para que eso sea una realidad y no que se presente un proyecto y a la vuelta de la esquina empezamos a sacar y sacar sectores. Recuerde que así sucedió con la reforma fiscal, hubo una erosión importante del proyecto en IVA y en el tema de cooperativas.
¿Cómo evalúa el plan?
Creo que es una propuesta base que va a requerir de un enorme consenso, hay ingredientes que están ausentes en la propuesta y que requieren su pronta e inmediata incorporación, me refiero particularmente al reordenamiento institucional, desde que yo era contralora hablábamos de todo el sector social, de las duplicidades que existían en ese momento, esto lo vemos igual en el sector de vivienda y en el sector de la producción. Ya no podemos seguir avanzando con esa fragmentación.
Nuevamente aparece en el panorama una propuesta para gravar los excedentes de las grandes cooperativas. ¿Ve viable que se apruebe finalmente?
Es claro para el país todos los beneficios que devienen del modelo cooperativo, nadie en Costa Rica pondría eso en discusión. La pregunta es si se justifica que ese sector, que tiene sus efectos favorables para la sociedad, no contribuya como el resto de los sectores lo hacen. Al fin y al cabo, ellos se benefician de las inversiones que hace el Estado en educación, infraestructura, seguridad y logística; entonces cuál es la razón objetiva para decir que este grupo es diferente y por lo tanto no debe contribuir.
El fuerte lobby de las cooperativas logró frenar el proyecto de ley que se iba a aprobar posterior a la reforma fiscal. ¿Le preocupa que vuelva a suceder?
Durante el proceso de reforma, cuando yo propuse la posibilidad de gravar al sector cooperativo, entendiendo las diferencias y particularidades que tiene, en esa iniciativa la idea era cobrarles impuesto con la tarifa más baja como si fueran pequeñas empresas; el objetivo era respetar la filosofía de que atrás habían pequeños cooperativistas (...), la propuesta no se logró materializar, entonces presentamos un proyecto independiente que se fue haciendo tan pequeño que casi no quedó nada y al final se desapareció la idea.
Retos en Sugef
Cuando Conassif la designa para liderar Sugef y Supen defiende que es el primer paso oficial hacia la integración de órganos fiscalizadores, ¿qué sigue en esta ruta?
Una eventual integración no es un propósito en sí mismo, sino casi el resultado de lo que va ocurriendo por un lado en el entorno; con una mayor integración de los grupos financieros, que ahora son conglomerados, algunos con presencia regional o internacional; por otro lado, hemos venido modificando el modelo de supervisión, que estaba muy asentado en el típico cumplimiento hacia uno basado en riesgos.
¿Cuál es la próxima tarea hacia la supervisión consolidada?
Todos los cambios previos vienen generando la plataforma que obliga a las superintendencias a un trabajo mucho más coordinado. Cuando estemos hablando de supervisión consolidada, las fronteras entre las superintendencias de alguna manera se desdibujan. Por supuesto, ya hace varios años se habían iniciado procesos de integración en materia tecnológica y en la prestación de servicios, lo cual permite aprovechar más los recursos, ser eficientes y generar una plataforma común entre las entidades.
¿Qué tan cercano está este sistema de trabajo?
Es posible que todos los ajustes previos y el trabajo integrado que ya se hace, nos lleve en el futuro a definir cuál debería ser el modelo bajo el cual vayan a operar las superintendencias. No es algo que esté 100% diseñado, pero se está trabajando y lo más importante es que el modelo que lleguemos a elegir, garantice la solidez y estabilidad del sistema financiero.
Sugef ya implementó una serie de cambios normativos para facilitar renegociación de deudas y acceso a crédito. ¿Cómo mantener el equilibrio entre una normativa prudencial y permitir al mercado que tome las decisiones?
Esto tiene una buena dosis de normativa y de arte. Si el Conassif y la Sugef no hubiesen tomado esas decisiones para generar estos mecanismos de flexibilización, por supuesto todos de carácter temporal, es muy probable que hoy hubiésemos trabado al sistema. Ya prácticamente el 50% de las operaciones del sistema financiero nacional pasaron por reajustes, prórrogas y restructuraciones, si esto no se hubiera hecho se habría asfixiado prácticamente a las empresas y personas, lo que habría generado una crisis inminente.
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¿Cómo se hará la revisión de los deudores a partir de esta coyuntura, unos podrán superar la crisis, pero otros quedarán en condiciones de mayor deterioro?
Es una responsabilidad directa de las propias entidades financieras, de poder entender que sus deudores enfrentan en este momento un tema coyuntural y que son empresas que eran y seguirán siendo viables después de que pasemos por este periodo. Es una tarea que debe tener muy ocupadas a las entidades para hacer la mejor clasificación con respecto a la situación de cada cliente, sea persona o empresa.
¿Cómo mantener el seguimiento a indicadores clave como la liquidez, solvencia y calidad de la cartera de crédito en medio de una crisis inédita?
Creo que ese ese precisamente el reto para las entidades y los supervisores. El hecho de que se hayan dado estas medidas de flexibilización no significa que no estemos a la par dándole seguimiento diario a la liquidez y un trabajo conjunto con los supervisados sobre lo que hacen con su cartera de crédito, con los diferentes deudores y, por supuesto, estar preparados día a día para hacer una buena lectura del entorno, los acontecimientos y los cambios que puedan implicar un mayor estrés para el sistema.