La Sala Constitucional declaró sin lugar, por unanimidad, el recurso de amparo que interpuso un ciudadano para eliminar la confidencialidad de los criterios específicos de intervención ante las fluctuaciones en el tipo de cambio.
A inicios de año, el Banco Central intervino en varias ocasiones para frenar movimientos abruptos del tipo de cambio durante las jornadas diarias de cotización en el Mercado de monedas extranjeras (Monex).
Durante el periodo de estas intervenciones, Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central hasta el 7 de mayo anterior, expresó su negativa a publicar los criterios específicos de intervención, pues esto podría favorecer la especulación de grandes participantes dentro del mercado mayorista de divisas.
Este razonamiento fue respaldado por los magistrados de la Sala IV, en su resolución.
En entrevista con La Nación, Olivier Castro, actual presidente del Banco Central, expresó su anuencia a publicar los criterios de intervención, sin embargo, manifestó la misma preocupación de su predecesor al considerar que un solo actor puede influir en un mercado "tan pequeño" como el costarricense.
"La resolución de la Sala IV viene a respaldar un aspecto técnico que es comúnmente aceptado en otras plazas: revelar las reglas de intervención aumenta el potencial de especulación en el mercado cambiario. Algo que para un mercado ilíquido y poco profundo, como el nuestro, se acentúa más", comentó el economista Melvin Garita.
Para el analista, en aras de mayor transparencia el Banco podría buscar revelar esa información 6 o 12 meses después de realizadas las intervenciones, con el objetivo de aclarar los aspectos que lo llevaron a tomar determinadas decisiones.
Por su parte, Luis Loría, de la firma consultora Strategic, opinó que el aval de la Sala IV permitiría al Banco intervenir de manera arbitraria.
"Como resultado, el Banco es capaz de transferir riqueza de un sector a otro de la sociedad sin rendir cuentas a nadie (...) e imposibilita el calculo económico perjudicando la inversión y al sector productivo", alegó.
Loría considera importante que la Sala Constitucional revele el sustento legal que utilizó, pues considera que existe una ineficiencia y asimetría de la información en el mercado.
De acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial, el expediente resuelto está aún en el proceso de redacción.