El Banco Central de Costa Rica (BCCR) apostará por ofrecer créditos a los intermediarios financieros para dinamizar la demanda de crédito del sistema financiero, como parte de la hoja de ruta para reactivar la economía.
En medio de la incertidumbre, el creciente desempleo, el alto nivel de endeudamiento de la población y el pesimismo entre consumidores y empresarios, ¿podrá lograr este objetivo al inyectar ¢700.000 millones a la banca?
Otros bancos centrales en el mundo, como Chile, han acudido a este mecanismo ante la desaceleración de la economía por la pandemia, pero para Costa Rica significaría una estrategia históricamente inusual.
La autoridad monetaria adoptará un rol sin antecedente reciente: el de banca de segundo piso.
Esto quiere decir que no atenderá de forma directa a los usuarios de los créditos, sino que abastecerá de recursos a otras entidades para que estas sean las encargadas de prestar los recursos a personas y empresas. Para lograrlo, deberá emitir moneda.
Costa Rica y el mundo viven una crisis económica sin precedentes, que imposibilita afirmar cuál será el resultado final de las medidas que se implementan, lo que estará claro es que el camino de la reactivación del crédito y de la economía no será fácil.
De entrada, existe una necesidad. “Las empresas y las familias necesitan reestructurar su deuda y las empresas realizar cambios en su forma de producción, lo que requerirá de financiamiento”, afirmó el economista José Luis Arce, quien además es director de la firma FCS Capital.
El efecto de las líneas de crédito que lanzaría el Central dependerá entonces, de la evolución de la pandemia, para disipar la incertidumbre; pero también de qué tan blandas sean las condiciones que finalmente brinde la banca a los consumidores financieros.
El Central prestará a la banca dinero a cuatro años plazo, utilizando como referencia la Tasa de Política Monetaria (TPM), hoy ubicada en 0,75%, más cinco puntos base. Esa tasa será fija todo el periodo.
Si la banca traslada estas condiciones blandas a sus clientes, la medida del Central podría tener el impacto deseado. Serían préstamos a tasas históricamente bajas.
Lo que propone el BCCR es que estos recursos sean prestados a la población con condiciones más blandas en términos de tasa, plazo y cuota, a través de créditos nuevos o arreglos de pago (readecuaciones o prórrogas).
La demanda aumentará un poco si los intermediarios logran ofrecer arreglos de pago que impliquen una reducción importante en la cuota, para generar un alivio real en el flujo de caja de los hogares y las familias. También, si quienes tienen capacidad de pago y empleo, encuentran una opción única para financiar una nueva vivienda.
La expectativa del Central es que la banca destine esos recursos frescos “a los sectores más afectados por la pandemia”, así lo subraya una y otra vez en la exposición de motivos y el borrador del contrato de la propuesta que envió a consulta.
La mayoría de los sectores de la economía se contraen o crecen menos que hace un año, por lo que el Central abre la posibilidad de que cada entidad financiera determine a quién prestar, siempre que demuestre tener capacidad de pago en el mediano plazo.
Las entidades analizan la propuesta y planteará recomendaciones al BCCR, mientras perfilan a quiénes destinarían los recursos.
De momento, bancos como Promerica destacan su intención de apoyar a las pymes, así como a industrias que son fuentes de generación de empleo como turismo, comercio y construcción. Estos sectores tendrían mayores posibilidades de dinamizar el crédito y la economía.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), por su lado, afirma que se enfocaría en las pymes e inclusive lanzaría un producto atractivo para el segmento de vivienda. Esta entidad valora la opción de lanzar un crédito de vivienda nueva con una tasa fija durante cuatro años, una oferta sin precedentes, destacó Gustavo Vargas, gerente del Nacional (consultado semanas atrás).
A criterio de Vargas, las líneas de crédito del Central, sumadas al fondo que se quiere crear para cubrir la pérdida esperada de los bancos (fondo nacional de avales), sí permitirán que la población se refinancie y se alivie su flujo de caja para que los negocios puedan seguir caminando.
Un fondo de avales responde ante la posibilidad de impago de los deudores. El que pretende constituir el Gobierno se financiaría con ¢584.000 millones de la banca y un préstamo internacional por $350 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Esos recursos servirán para otorgar dinero a las empresas que puedan demostrar que estaban bien antes del golpe económico.
Crédito golpeado
En medio de la contracción económica que muestra la producción, esta facilidad de crédito sería lanzada principalmente como respuesta al desinflado comportamiento del financiamiento.
El crédito al sector privado está estancado y esta realidad es congruente con el menor dinamismo de la actividad económica, así como con el pesimismo de los consumidores y empresarios.
Al 26 de junio, el crédito al sector privado registró una variación interanual del 0,8% (2% un año antes). En la misma línea, al primer semestre del 2020, la actividad económica mostró una contracción del 4,3%.
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La incertidumbre sobre qué tan profundo puede ser el golpe que dé la pandemia a la economía, al ingreso del hogar y de los negocios desinfla la demanda de crédito.
Además, las entidades financieras también han tenido un comportamiento más cauteloso, ante el eventual mayor riesgo crediticio por la coyuntura, explicó Rodrigo Cubero, el presidente del BCCR, durante la presentación de las perspectivas económicas para el bienio 2020-2021.
¿Por qué hay cautela en las entidades? Por un lado, existe incertidumbre sobre la capacidad real de pago de muchos deudores tanto actual como futura, por el continuo crecimiento del desempleo, y por otro, los deudores cargan con altos niveles de endeudamiento.
Adicionalmente, los intermediarios enfrentan la posibilidad de eventuales presiones de liquidez en el futuro, ante la mayor preferencia de los ahorrantes e inversionistas por instrumentos financieros altamente líquidos, afirma el BCCR.
Esto genera un descalce de plazos entre los ahorros y los créditos.
La banca presta el ahorro de sus clientes, garantizando que se devolverá según el instrumento y plazo pactado, pero si los recursos están en cuentas de ahorro o en instrumentos de cortísimo plazo, asume más riesgo al prestar dinero a mayor plazo.
En este momento, los consumidores claman por extensiones de plazo para reducir sus cuotas y liberar flujo de caja.
¿Existen riesgos para la economía?
“La provisión calibrada, pero oportuna, de liquidez al sistema financiero es tal vez la función más importante de los bancos centrales en esta pandemia”, destacó la revisión del programa macroeconómico de finales de julio.
Las líneas de crédito que lanzaría el Central van en línea con esa función, todo con la finalidad de dinamizar el crédito y la economía, pero ¿corre riesgos la economía y el BCCR al lanzar este producto?
El texto enviado a consulta establece una serie de características, que trasladarían el riesgo a las entidades y reducen la posibilidad de que se utilicen los fondos prestados para otros fines.
Primero, el Central solicita una garantía. Las entidades deberán aportar colaterales disponibles para el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), que cubran la totalidad del monto otorgado, a lo largo de todo el plazo del crédito.
Si algún banco enfrenta un problema para atender la deuda con el BCCR, este se adueña de la garantía. Con esta medida, el banco comercial o intermediario financiero, asume totalmente el riesgo de crédito, aseguró el presidente del Banco Central al diario La Nación.
La lógica es facilitar financiamiento a la banca para que se canalicen esos recursos al sector privado.
Sin embargo, para Félix Delgado, quien fue gerente del Banco Central, la función de este ente debería limitarse a proveer liquidez, para el muy corto plazo.
A su criterio, a pesar de las garantías, existe “un riesgo de que actividad y personas solventes en el mediano y largo plazo, enfrenten en este año (al menos) un problema severo de liquidez por las restricciones derivadas de la pandemia”.
“El Central resguarda que esto se así, exigiendo transparencia en las condiciones a los clientes de crédito y limitando la distribución de dividendos de los bancos, ambas cosas muy lógicas”, afirmó el economista José Luis Arce.
Lo que establece el texto en consulta es que las entidades no podrán pagar dividendos durante los primeros doce meses desde la obtención del primer desembolso.
Esto se implementaría, cita el documento, para evitar que la facilidad de crédito se destine a esta partida y segundo, que los intermediarios no debiliten su patrimonio en circunstancias de alto nivel de incertidumbre.
Otro elemento por analizar, es el impacto de la entrada de estos recursos en la economía.
¿Cómo puede impactar esto a la inflación? En caso de que la facilidad de crédito se utilice en su totalidad (los ¢700.000 millones) esto representaría cerca de un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado para el 2020 y de un 3,1% sobre el saldo del crédito al sector privado, a junio 2020.
“En el contexto de inflación baja actual y proyectada, se estima que la liquidez adicional generada por esta facilidad podría ser absorbida sin que se comprometa la meta de inflación del Banco Central”, explica la propuesta.
Aunque Félix Delgado es crítico de la medida, concuerda con que no parece que la emisión de estos recursos puedan generar una aceleración de la inflación en 2020 y tampoco en 2021.
Sin embargo, la incertidumbre que apremia a Costa Rica y al mundo dificulta saber con certeza el ritmo de variables como el desempleo en la economía este y los próximos años. Por ese motivo comprometer financiamientos a cuatro años puede “resultar peligroso”.
Entre tanto, al tratarse de un documento en consulta, faltan días para conocer cuál será el desenlace final en el esquema de la facilidad de crédito, aunque el plazo no pareciera ser un elemento que la banca quisiera cambiar.