Por: María Esther Abissi.   11 diciembre, 2018

La Dirección General de Tributación está considerando la aplicación de un período fiscal extendido o ‘mega período fiscal’ durante el próximo año (calendario) para cumplir con las disposiciones de la nueva ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Lo anterior lo explicó Carlos Vargas, director general de Tributación durante el evento El Impacto de la Reforma Fiscal organizado por El Financiero y Deloitte.

La Dirección General de Tributación estará considerando la aplicación de un período fiscal extendido durante el próximo año para cumplir con las disposiciones de la nueva ley de Reforma Fiscal. Foto: Albert Marín
La Dirección General de Tributación estará considerando la aplicación de un período fiscal extendido durante el próximo año para cumplir con las disposiciones de la nueva ley de Reforma Fiscal. Foto: Albert Marín

Durante la exposición, Vargas informó que, dado que la nueva ley implica que el período fiscal será igual al año calendario, sería necesario que en el 2019 las declaraciones de renta incluyan los meses comprendidos entre octubre del 2018 y diciembre del 2019, lo que quiere decir que la próxima declaración de renta sería de 15 meses y se realizaría en diciembre del 2019.

Si el período extendido no es aprobado, los contribuyentes deberán declarar desde octubre del 2018 a setiembre del 2019 y luego, hacer una declaración adicional de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para iniciar el siguiente año con un período fiscal según el año calendario.

"La idea es hacer la transición al nuevo reglamente lo menos estresante posible para los contribuyentes", afirmó Vargas.

Los cambios al impuesto de renta se aplicarán a partir del 1 de julio del 2019, por lo que deberá salir a consulta pública en febrero próximo.

A pesar de esto, Vargas aseguró que los reglamentos todavía deben ser revisados.

En el evento también intervinieron el economista Daniel Suchar; el socio director de Deloitte, Alan Saborío, Carla Coghi, socia de Impuestos y Legal de Deloitte; Fabio Salas, director de Impuestos y Anabelle León, asesora legal de la firma.

Suchar ofreció un recuento sobre los principales indicadores de la economía nacional, mientras que Saborío y León introdujeron la conversación sobre cómo funcionaría la amnistía tributaria.

León explicó los casos en los que la amnistía sería aplicable para profesionales y empresas, de acuerdo al estado en el que se encuentren sus responsabilidades tributarias.

11/12/2018. GNMedios, Tibás. Unidad de eventos del Grupo Nación presentó el Seminario El Impacto de la Reforma Fiscal con la participación de varios expositores y especialistas en economía. En la foto: Carla Coghi durante su exposición.Foto: Albert Marín
11/12/2018. GNMedios, Tibás. Unidad de eventos del Grupo Nación presentó el Seminario El Impacto de la Reforma Fiscal con la participación de varios expositores y especialistas en economía. En la foto: Carla Coghi durante su exposición.Foto: Albert Marín

Coghi y Salas, por su parte, explicaron a los asistentes el cambio del Impuesto de Ventas al Impuesto sobre el Valor Agregado y sus implicaciones para los contribuyentes físicos y jurídicos.

Según explicó Coghi, la gran diferencia está en el cambio del gravamen de mercancías al gravamen de bienes y servicios.

“Hoy los (únicos) servicios que están sujetos son los que se citan en el artículo primero y los servicios no están sujetos. En la ley del valor agregado la mayoría de los servicios están gravados y se incorpora la importación de servicios que actualmente no está gravado”, admitió Coghi.

En cuanto a las implicaciones, aseguró que, por ejemplo, si una persona o empresa que preste un servicio y que pague impuesto por el alquiler de oficina, servicios, compras, entre otros. El IVA se lo va a poder aplicar al 100% al crédito fiscal que se declara mensualmente, contrario a lo que sería si vendiera exento.

Otra de las implicaciones es que, en el tanto los arrendamiento de vivienda y Pymes no excedan al monto de 1,5 salarios mínimos, serán exentos. Si se excede, aplica para el monto total del arrendamiento.

La ley también estipula para personas y empresas que cualquier variación por tipo de cambio en activos y pasivos realizados o no, que sea un ingreso debe ser considerada para la renta bruta del ingreso y si no es un ingreso, será deducido.