¿Necesita una certificación de que usted actualmente estudia o cursó determinadas materias en una universidad? Dependiendo del centro de estudio, podría llegar a costarle más de ¢150.000. Lo curioso es que ese mismo trámite podría costarle ¢8.000 en otra universidad.
Actualmente no existe una regulación que vele cuánto pueden cobrar las universidades privadas por documentos como constancias o certificaciones, así que la cotización queda a libertad del centro.
El Financiero consultó en nueve universidades privadas cuánto cobran por algunos de los documentos más comunes. Este reportaje se enfocó en certificaciones debido a que se trata de un servicio estandarizado que dan todas las instituciones. Además, es un papeleo que el estudiante o graduado suele necesitar, ya sea para cambiarse de universidad, convalidar notas, aplicar a un posgrado, buscar trabajo, solicitar un préstamo, postularse a una beca, colegiarse, entre otras actividades, ya sea dentro o fuera del país.
Los documentos consultados fueron certificaciones de graduado, de estudiante, de notas, de trabajo comunal universitario (TCU) y de contenido de los programas/cursos. Es decir, se trata de papeles que lo único que hacen es constatar que el estudiante o graduado realizó dichas actividades y, en el caso del contenido de los programas, que detalla el contenido de los cursos aprobados por el solicitante. Este último es imperativo para convalidar materias en caso de cambio de universidad o carrera.
Disparidad de precios
Uno de los primeros hallazgos es que, si bien el rango de precio para estos trámites suele andar entre los ¢25.000 y ¢40.000, hay casos donde los extremos están separados por más de ¢100.000. El caso más particular es el de la diferencia entre la Universidad Internacional de las Américas (UIA) y la Ucimed.
La UIA es la universidad que más cobra por el papeleo. Una certificación para cualquiera de los documentos mencionados anteriormente tiene un costo de ¢154.471.
En el otro extremo está la Ucimed, la cual no cobra la certificación del contenido de los cursos a menos que el solicitante necesite que sea notariada. En ese caso costaría ¢45.000. Para el resto de certificaciones la Ucimed cobra ¢8.000 por documento. Es la universidad consultada con menores precios en este tipo de trámites.
La segunda universidad que más cobra por este tipo de trámites es la Fidélitas, la cual tiene un tarifario de ¢43.210 por certificación. De cerca le sigue la Hispanoamericana, la cual le cobra a sus estudiantes ¢41.810 por los documentos.
Emilia Grazel, rectora de la Fidélitas, menciona que los costos asociados responden a la necesidad de mantener infraestructura, sistemas actualizados de registros, integridad y seguridad de los documentos para que no sean falsificados. “Conlleva costos adicionales como el personal especializado, timbres, papel de seguridad, procedimientos, gastos administrativos y logísticos como la revisión de registros académicos, la verificación de la autenticidad de los documentos y la emisión de copias físicas o digitales. Estos procesos implican la dedicación de personal, tiempo, recursos materiales y tecnológicos”, explica Grazel.
La Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y la U Latina y están en un rango similar de precios. Por las certificaciones cobran ¢36.126 y ¢39.410, respectivamente.
La San Judas Tadeo y la UAM también mantienen tarifas similares entre sí, con costos de ¢25.000 y ¢24.000, respectivamente. Sin embargo, el precio de la San Judas sube a ¢55.000 cuando la certificación incluye el contenido de los programas.
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La Unibe, por su parte, tiene un tarifario más parecido al de la Ucimed: cada certificación tiene un costo de ¢11.300.
El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) no tiene potestad para emitir límites a lo que pueden cobrar las universidades privadas por estos documentos. Ante esta incapacidad, en el pasado lo que ha recomendado el Conesup es, antes de matricular, solicitar cuánto cobra la universidad por este tipo de papeleos para tomarlo en consideración a la hora de escoger el centro educativo.
Propuesta de regulación
Ante la falta de un marco regulatorio, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que podría ponerle un techo a lo que las universidades privadas le cobran a sus estudiantes.
El proyecto bajo el expediente número 23.784 modificaría la Ley N.º 6693 para que el Conesup tenga la potestad de garantizar “un precio justo” por los costos universitarios.
Según explica el proyecto, el precio de los servicios administrativos que brinde el centro universitario (papelería, certificaciones de notas, graduaciones, convalidaciones y trámites administrativos varios) debe ser anual, proporcional y equiparado el precio establecido y al aumento que se realiza en otras universidades privadas del país.
Bajo este precepto, se trataría de suavizar las distancias entre los precios de un mismo trámite en cada universidad.
“Este nuevo proyecto lo que pretende es generarle las herramientas al Conesup para impedir los aumentos que se dan de forma desproporcionada, sin ningún sustento técnico, sin ningún criterio, en las universidades privadas”, dijo Ariel Robles, diputado frenteamplista que ha impulsado el proyecto.
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La propuesta también regularía las tarifas de matrícula y de costo de los cursos con base en estudios técnicos con el objetivo de que únicamente se contemplen los costos necesarios para prestar y mejorar la calidad de los servicios de educación y que permita una retribución competitiva y garanticen el funcionamiento adecuado de las universidades privadas.
Además, le da poder al Conesup para determinar un porcentaje de becas que deberán otorgar las universidades a estudiantes de escasos recursos.
Se contactó a las universidades para que detallaran qué justifica las tarifas que cobran por los documentos consultados y su posición frente al proyecto de ley, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.