Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, explica el principal problema fiscal del país de esta manera: “La mayor parte del presupuesto no se va en beneficio de los ciudadanos, sino que se queda, en su mayor parte, en gastos administrativos”.
La ahora jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y también de la Superintendencia de Pensiones (Supen), considera que al plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno le faltan más acciones para reordenar y reducir la cantidad de instituciones del país, al mismo tiempo que se puede hacer más en materia de exoneraciones.
“Hablamos de todo el sector social, de las duplicidades que existen, esto lo vemos igual en todo el sector de vivienda y también en el sector de la producción. Yo creo que ya no podemos seguir avanzando con esa fragmentación de instituciones. Además, si uno dijera que esto ha permitido que el Estado logre excelentes resultados, pero lo cierto es que no ha sido así”, indicó Aguilar.
La también excontralora general de la República (2005-2012), es clara en que el panorama fiscal del país es adverso y la continuidad de la ruta de consolidación fiscal, que inició en 2018 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), depende, sí o sí, del acuerdo que se logre negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Le preocupa la situación de las cifras fiscales del país con una fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la contracción económica por el efecto de la pandemia.
Los ingresos por impuestos y aranceles cayeron 11,5% en la comparación interanual a agosto, las principales reducciones se reportaron en los tributos sobre la renta (8,9%) y al valor agregado (5,2%).
“Me parece que todos vamos a tener que poner nuestra dosis de contribución en esto, por supuesto, con todo el cuidado del efecto multiplicador que tiene una medida de estas (impuesto a las transacciones bancarias) al final para las personas y empresas”, concluyó.
Aguilar es enfática en que todavía se pueden tomar más medidas para reducir el gasto público y buscar una mayor eficiencia en el uso de los recursos que reparte el Gobierno en un entramado de más de 300 instituciones.