Durante la crisis estructura que vive Puerto Rico, hay que fomentar e incentivar la actividad en todas las industrias para estimular el empleo y la inversión de capital. En el argot financiero a ese capital se le denomina "dinero nuevo". Una gran parte de ese dinero proviene de las instituciones financieras.
Estas instituciones juegan un papel preponderante en lograr activar la economía o mantenerla dormida. De ahí surgen las expresiones cuando la bonanza económica es evidente, de que "la pluma está abierta", significando que los oficiales de crédito comercial están siendo más flexibles para marcar con su rúbrica el anhelado símbolo de "¡aprobado!".
En estos tiempos, esa expresión no se escucha con la frecuencia que se espera de nuestras instituciones financieras. Hay un número de factores que abonan a esta precaución sin precedentes.
El primer factor es la incertidumbre general provocada por todos los eventos macroeconómicos que nos agobian.
El segundo factor está relacionado a los eventos post compra asistida de la agencia federal que aseguró los depósitos (FDIC) de tres bancos locales importantes el 30 de abril de 2010. Desde esa fecha se han reforzado los departamentos de cumplimiento de los bancos y con ellos se ha logrado institucionalizar una política de cumplir a toda costa con los requerimientos establecidos por el área de cumplimiento. Este cumplimiento se realiza con esmero con el fin de evitar señalamientos y clasificaciones adversas en la cartera de préstamos comerciales.
La ironía consiste en que las áreas de cumplimiento han generado tal poder dentro de las instituciones financieras, que en muchas ocasiones provocan la frustración de los procesos de análisis, aprobación y desembolso de financiamientos de primer orden. En ocasiones han provocado que la sangre llegue al río, lacerando la relación comercial con clientes de reputación intachable.
Una de las piezas principales en el ejercicio del cumplimiento bancario es la Ley de la Reforma de Wall Street y Acta de Protección al Consumidor Dodd- Frank.
Esta legislación federal fue aprobada en julio de 2010 con el propósito de prevenir una nueva crisis financiera creando nuevos procesos regulatorios para asegurar transparencia y accountability mientras implementa a su vez reglas para la protección del consumidor.
En vías de ilustrar sobre la complejidad de esta legislación solo hay que darle una mirada a esta ley de 850 páginas que ha creado más de 20.000 páginas más de regulaciones complementarias.
La ley creó más de 400 reglas nuevas y se estima que esto ha resultado en sobre de $24.000 millones en costos de cumplimiento para los bancos y 61 millones de hojas en papeleo adicional. Los resultados han sido nefastos para los bancos, particularmente los medianos y pequeños. Estos se han visto forzados por la regulación excesiva en consolidarse con otros bancos, perdiendo así su naturaleza.
La banca local no está exenta de esa distracción. En este país es una realidad que nuestros banqueros, en lugar de estar enfocados en incentivar y buscar financiamiento comercial, se encuentran ofuscados con el cumplimiento excesivo. Estos tienen sus resultados concretos en el rendimiento de capital, ya que presupone una disminución en la partida de ingresos principal de los bancos: intereses por financiamiento concedido.
Ante este dilema complicado se encuentra el empresario que necesita una línea de crédito para capital de trabajo. Este dilema lo enfrentan también los pocos contratistas que quedan y que necesitan financiar sus certificaciones de obra. Asimismo lo sufre el comerciante que sigue pagando renta eternamente porque no logra la estructura de financiamiento adecuada para adquirir un inmueble propio. Las repercusiones no se limitan al ámbito comercial. Todos sabemos lo difícil o casi imposible que resulta para nuevos compradores obtener su hipoteca residencial.
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Ante ese panorama sombrío no podemos resignarnos. Tenemos que buscar alternativas. Una de estas alternativas consiste en que la gerencia de las instituciones financieras confiera un primer rango inalterable a sus oficiales de crédito, confiriéndoles el reconocimiento y la autoridad necesaria para establecer un balance con los requisitos infinitos de cumplimiento.
Una segunda alternativa es controlable por los empresarios. De forma general se trata del estudio y conocimiento de la estructura de capital, liquidez y los índices financieros apropiados del negocio. Esta fuente de información es una herramienta poderosa para en primer lugar: determinar la clase de financiamiento aplicable y en segundo lugar, lograr una comunicación efectiva y favorable con el banco.
En adición, es indispensable que la documentación requerida para un financiamiento comercial esté completa y preparada para entrega. La documentación principal necesaria que requiere el banco consiste en los estados financieros auditados, realizados preferiblemente por un Contador Público Autorizado.
El prospecto de financiamiento comercial debe a su vez estar atento en el cumplimiento con las regulaciones estatales y municipales. Naturalmente, el empresario debe cumplir con estas regulaciones independientemente de los requisitos bancarios pues su incumplimiento pudiera generar multas, recargos, penalidades y en algunas instancias hasta la intervención del Gobierno en las actividades de su negocio.
En resumen, aunque la actividad prestataria está sumamente reducida, los empresarios tienen herramientas para adelantar sus solicitudes de crédito comercial.
Existen ciertos factores que la banca mundial y local deben trabajar, particularmente lo concerniente a un balance más apropiado entre las divisiones de cumplimiento y los oficiales de crédito. Desafortunadamente, esta nivelación no ocurrirá de la noche a la mañana.