La simplificación de trámites y el pago de cargas sociales en condiciones especiales, serán las principales medidas con las que el próximo gobernante de Costa Rica (2018-2022) combatirá la informalidad.
Ese problema afecta a cuatro de cada diez trabajadores, según la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
De quedar electo el representante del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, mejoraría los indicadores de informalidad al incentivar la contratación entre los grupos más afectados, mayormente por grupos de edad sensibles.
En una administración Alvarado Quesada, por ejemplo, promoverán que las empresas empiecen la contratación de jóvenes con tasas diferencias de cotización al seguro social, y que ese valor, se incremente a través del tiempo conforme la persona adquiera experiencia.
También buscarían que los préstamos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) se ajusten a las áreas en donde hay mayor demanda laboral, y que por lo menos, 300.000 personas aprendan inglés para que se incorporen al mercado de trabajo formal.
Otro aspecto en el que trabajarían, según Edgar Robles, asesor económico del PAC, sería en favorecer condiciones para que las compañías sean más competitivas, por ejemplo con el tema de banda ancha -en la que se usarían los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)-, y asimismo, reforzar el tema de contrabando y su declaración tributaria.
Por otra parte, de ser electo el representante del Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado Muñoz, pretenderían que las compañías busquen la formalidad al no cobrarles multas por impuestos y cargas sociales que no cancelaron en el pasado.
Asimismo, a partir del momento en el que se formalicen, también se les dará un periodo escalonado de cinco años donde el pago de las cargas, sobre todo las sociales, empiece en un 20% y alcance finalmente el 100%.
Un tema que mostraría mejoría, sin importar cuál de los dos Alvarado tome el poder el próximo 8° de mayo, es la simplificación de trámites.
En un segundo gobierno del PAC implementarían un plan de regulación y eliminación de requisitos que han sido trabas para que las personas se formalicen o se creen nuevas empresas en el país.
“Hay muchos requisitos y trámites que no están expresamente definidos en una ley. Entonces lo que se trata de determinar es revisar todos los reglamentos, y especialmente en el caso de instituciones autónomas, para eliminar esos trámites que no tienen un requisito de ley”, explicó Robles.
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El gobierno digital también destaca en la agenda de ambos partidos como un remedio para simplificar los procesos de formalización.
“Se debe impulsar fuertemente el plan de gobierno digital para que todos estos trámites sean de forma digital y sean mucho más accesibles y menos costosos”, resaltó el asesor económico del PRN, Luis Mesalles.
El reto para el presidente número 48
La informalidad en Costa Rica comprende a quienes son dependientes (por ejemplo personas asalariadas sin seguridad social financiada por un empleador) y los independientes (quienes trabajan por cuenta propia y que son empleadoras con empresas no constituidas en sociedad).
Según la última Encuesta Continua de Empleo, esos dos grupos –en conjunto- eran 819.201 personas, de las cuales 433.780 eran dependientes y 385.421 independientes.
Otra medición realizada por el INEC, la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh), profundiza en las condiciones en que laboran los trabajadores independientes que crean sus propias microempresas con o sin empleados, pero siempre en la informalidad.
La Enameh establece que hay 417.934 microempresas que operan bajo ese modelo, las cuales la mayoría son del sector servicios, seguido del comercio, industria y agropecuario.
¿Cómo afecta este panorama?
El actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Hasbum, explicó que áreas determinantes como el seguro de salud, la formación técnica y profesional, así como, los programas de lucha contra la pobreza, se financian en un porcentaje muy importante de las contribuciones que las empresas y trabajadores formales realizan cada mes.
“Es por esta razón que la disminución de la informalidad y el aumento de la formalidad se convierten en tareas más que importantes para un mayor progreso social y bienestar general para todas personas que habitan en Costa Rica”, indicó el jerarca en la Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal.
Dicho plan (creado tras diálogos entre centrales sindicales, organizadores de empleadores y el Gobierno) tiene como meta que para el 2025, el porcentaje de la población ocupada con empleoinformal sea diez puntos porcentuales menor al promedio del quinquenio 2012-2016, que fue de 42,6%.
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Esto por medio de la intervención en cuatro ejes fundamentales: formación técnica profesional, protección social, facilitación de trámites y simplificación tributaria.
La estrategia –en la que se tocan puntos de acción planteados por los equipos de trabajo del PAC y Restauración Nacional- quedará en manos del que será el presidente número 48 de la República de Costa Rica.
Sin duda, estas y otras iniciativas, deben ser lo suficientemente buenas para convencer al sector informal de dar el paso hacia la formalidad, por su bienestar y el del resto del país.