Trucha San Pablo es un negocio turístico que entró a operar el año pasado en Palmichal de Acosta y ofrece al cliente hospedaje, caminatas y pesca de trucha.
Iván Azofeifa, junto con su esposa e hija, administra el local, que cuenta solo con diez habitaciones.
Aún no tienen la declaratoria turística (certificación que oficializa el negocio ante el ICT) pero esperan obtenerlo este año, junto con otras 70 empresas que están en el mismo proceso.
Las razones: aumentar la credibilidad de su negocio ante los turistas, mejorar sus estándares de calidad y acceder a los beneficios de promoción que brinda el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a los que cuentan con la declaratoria.
Los datos del ICT indican que, en el 2008, el 3,5% de los turistas que visitaron el país apostaron por una experiencia de turismo en zonas alejadas e inmerso en las comunidades; para el 2012 esa cifra creció a 10,5%. .
Actualmente, solo 21 empresas tienen la declaratoria, aunque la Cámara Nacional de Turismo Comunitario (Canturural) cuenta con al menos 31 afiliados.
A estos números hay que sumarle las empresas que no forman parte de ninguno de los dos listados.
Los datos de Canturural registran al menos 74 emprendimientos que generan unos 1.500 empleos al año, incluidos los encadenamientos a su alrededor.
El ICT estima que este año se incorporará buena parte de esos 70 que están en proceso de obtención de la declaratoria.
El boom del TRC
Hernán Ramírez, presidente de Canturural, comentó que desde hace unos tres años más empresarios han iniciado un negocio de turismo rural comunitario (TRC).
Se trata de experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad.
De acuerdo con un estudio de Canturural del 2012, este formato genera tres tipos de beneficios.
En primer lugar, la clave del TRC es el impacto directo que genera en la comunidad.
Por ejemplo, el 50% de las asociaciones encuestadas afirmó que ha realizado gestiones por mejorar el acceso a telefonía en el ámbito local, el 48% ha hecho negociaciones y aportes para la mejora de caminos, el 43% ha incidido en la mejora de servicios de salud y el 36% lo ha hecho para la mejora en educación pública.
El otro beneficio es el aporte cultural. El 90% indica que ha hecho esfuerzos por promover la historia local.
Por último, este tipo de turismo está intrínsecamente relacionado con la protección del ambiente.
La encuesta de Canturural reveló que el 76% de las organizaciones realiza actividades de protección de zonas de bosque.
“Las empresas han ido reconociendo que es un requerimiento la formalización ante el ICT, de contar con estándares en sus trabajos y sus servicios, y para que se incorporen en campañas de publicidad”, externó Ramírez.
Juan Chacón, gerente de operaciones de Sueños del Bosque, comentó que la empresa existe desde hace 12 años, pero hasta hace 2 obtuvieron la declaratoria turística.
“Lo hicimos para darle más prestigio a la empresa y más credibilidad”, agregó.
Este desarrollo cuenta con seis habitaciones y una zona para acampar.
El negocio es 100% familiar y además del hospedaje incorpora trabajos en la comunidad como recolección de residuos, construcción y mejoras del camino, y soporte a la escuela.
En el proceso de formalización el ICT ha definido tres tipos de negocios. Las posadas (con mínimo tres habitaciones), empresas de actividad temática (fincas y recorridos) y agencias de viajes.
Ruth Alfaro, jefa del departamento de Desarrollo Turístico del ICT, informó que en las próximas semanas se unirá una cuarta categoría. Se trata de las fondas, similares a las sodas, pero con menor capacidad para atender comensales.
¿Qué venden?
Experiencias de contacto directo con la comunidad. Esa es la principal característica del turista que opta por el TRC.
“Busca una experiencia, no solo quedarse en un lugar, sino conocer la gente, qué come, qué hace; integrarse a ella”, opinó Merlyn Oviedo, propietario de Danta Corcovado Lodge.
Este negocio tiene ocho habitaciones y restaurante, y ofrece actividades como caminatas y avistamiento de aves.
Realizan, además, trabajo de voluntariado en la comunidad, que ha implicado la mejora de la escuela y la construcción del centro de salud y del salón comunal.
Parte del dinero es donado, otra parte lo pone Danta Corcovado y la comunidad ofrece la mano de obra.
Estos negocios son, en muchos casos, la única vía para que una comunidad mejore su desarrollo.
Oviedo contó que la finca donde se ubica el negocio es de su padre. Él creció en Osa, pero tuvo que trasladarse a Heredia para estudiar, pues ahí no tenía ninguna opción.
Tras terminar sus estudios decidió volver a la zona y empezar el negocio para desarrollar oportunidades que él no tuvo. Hoy tiene ocho empleados.
Parte del sustento del TRC se centra en el voluntariado, en muchos casos por parte de los mismos turistas, que además de generar un ingreso con su visita, aportan mano de obra.
En el Albergue Heliconias Lodge and Rainforest reciben, hace al menos 10 años, a voluntarios de países como México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Australia.
Los voluntarios se hospedan en el albergue (cuenta con 10 habitaciones) o con familias de la comunidad para participar en proyectos de construcción, mantenimiento, conservación, enseñanza de inglés, así como iniciativas enfocadas en el desarrollo, ecoturismo y desarrollo sostenible.
Más apoyo
El 86% de las empresas encuestadas por Canturural afirmaron ser exitosas. Sin embargo, no todo son beneficios.
El 40% aseguró que tras iniciar su negocio aumenta el precio de las tierras, el 24% señaló un incremento en la inseguridad a raíz de un mayor desarrollo y el 17% a un aumento en el precio de los alimentos.
El jerarca de Canturural manifestó que es necesario implementar de lleno la Ley de Turismo Rural Comunitario (número 8.724), que entró en vigencia en el 2009 y aún carece de reglamento.
Otro gran pendiente es el acceso a servicios y carreteras.
Aunque parte de la experiencia turística es la ubicación, en algunos lugares ni siquiera hay acceso por calle.
Tal es el caso de Cerro Escondido, ubicado en Jicaral de Puntarenas. Para llegar al albergue hay que caminar alrededor de una hora, pues no hay acceso seguro para bus o automóvil.
“Las instituciones públicas sienten que no tienen el deber de integrarse a estos proyectos porque no existe aún un reglamento que indique cómo debe hacerse”, externó Ramírez.