Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Centroamérica podrían fortalecer sustancialmente su posición en el mercado si los Estados decidieran potencializar sus compras socialmente responsables. Sin embargo, a pesar de existir normativa para sacar provecho de esta tendencia, no lo están haciendo.
Esta es la conclusión a la que llega un reciente estudio elaborado a escala regional por la organización Cegesti y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos (Holanda).
La investigación llamada “Panorama actual de las compras públicas responsables en Centroamérica” determinó de manera general que en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá las instituciones públicas carecen de conocimientos sobre las compras públicas responsables y por eso desaprovechan el potencial que tienen para impulsar el respeto al trabajo decente y fortalecer a las Mipymes.
El estudio estima que, en conjunto, la capacidad compradora del Estado puede representar el 15% del PIB nacional en cada uno de los países de la región.
Igualmente existe normativa específica para realizar compras públicas con criterios de responsabilidad social , es decir, bajo un concepto de sostenibilidad que incluye tres grandes ejes: necesidades sociales (equidad, participación, autodeterminación); necesidades económicas (crecimiento industrial, necesidades en los hogares) y necesidades ambientales (agua y aire limpios, diversidad biológica), así como criterios de compras verdes.
En este último punto se sabe que la Contraloría General de la República en Costa Rica aprobó el manual de compras verdes en el 2008 y en su elaboración participaron una serie de instituciones entre ellas el Ministerio de Ambiente, el ICE, Banco Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Universidad de Costa Rica entre otras. Muchas instituciones que lo han adoptado dentro de sus políticas.
La UNED por ejemplo decidió eliminar la compra y consumo del estereofón cuando contrata servicios de catering y la soda; además adquiere bolsas biodegradables, según había detallado Wendy Garita, encargada del proyecto ambiental.
El ICE también ha desarrollo un intenso trabajo en ese sentido y de hecho realiza una feria de compras verdes para invitar a proveedores a unirse a su política de adquirir productos y servicios ambientalmente sostenibles.
De acuerdo con Sylvia Aguilar, coordinadora del área de Ambiente y Desarrollo de Cegesti, la organización desarrolla un programa para fortalecer tales capacidades de modo que el sector público pueda incorporar variables ambientales y sociales en sus procesos de compra.
El documento sugiere que los Estados deben aplicar la política de compras responsables de manera gradual, por ejemplo, iniciando con una gama de servicios que tengan un claro impacto social entre ellos servicios de limpieza, seguridad, remodelaciones y en ellos siempre incluir pago de seguridad social y pólizas laborales así como aspectos de salud y seguridad ocupacional.
También recomienda que los procesos de compra (carteles de licitación) no sean excluyentes a las Pymes para solo favorecer a empresas grandes.