Cada vez más, el desarrollo de un país depende de la especialización y tanto la empresa privada como los entes estatales se enfrentan a la necesidad y obligación de tercerizar actividades para cumplir con sus responsabilidades.
En el caso de la gestión estatal, una forma es la concesión de obra pública. ¿Por qué en Costa Rica se cuestiona tanto esta herramienta que nos permitiría financiar nuestro déficit de infraestructura vial, asegurar su mantenimiento a largo plazo y permitir al Estado dirigir sus recursos públicos a la conservación de aquella que ya está bajo su responsabilidad?
Vale la pena mirar hacia dentro y evaluar las competencias que el Estado ha mostrado en el manejo de concesiones para hacer cumplir los objetivos del contrato en términos de tiempo, costo y calidad y que termine en una relación de ganar-ganar con el proveedor seleccionado.
La historia nos ha mostrado dificultades con expropiaciones, estudios ambientales y sistemas de supervisión, además de proyectos poco atractivos e insuficientemente rentables para el inversionista o bancos, generando en la mayoría de los casos oferentes únicos.
Lo anterior exige, además de las leyes claras y Estado de derecho, una unidad administradora de concesiones con los mejores funcionarios, especializados en las diferentes etapas de la concesión, conformando un equipo robusto con independencia de criterio, con recursos económicos suficientes para contratar asesores externos y conducir una supervisión especializada y fiscalización de los proyectos.
De esta manera, habría una mejor interacción con los potenciales oferentes, estructuradores bancarios, calificadores de riesgo, entes reguladores y Contraloría, con el fin de formular proyectos atractivos a la inversión privada y adecuados a las necesidades y el interés público.