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En cuanto al International Airlines Group (AIG), matriz de Iberia y British Airways entre otras compañías, ya había decidido en 2019 limitar al 47,5% la participación de sus accionistas extracomunitarios. Fotografía: EFE/Andy Rain. (ANDY RAIN)
Las compañías aéreas instaladas en el Reino Unido, muy maltrechas ya por la pandemia, deben aprender a funcionar con las nuevas normas posbrexit para poder seguir volando en Europa, con amargas consecuencias para sus accionistas.
En un momento en que están luchando por sobrevivir al colapso del tráfico aéreo debido al coronavirus, las aerolíneas hubiesen querido evitar las dificultades asociadas a la salida británica de la Unión Europea (UE).
Gracias al acuerdo comercial posbrexit, los vuelos entre el Reino Unido y la UE continúan con normalidad. Pero la situación se complica en lo que respecta a los vuelos dentro de la UE.
A la espera de que se concluya un nuevo acuerdo específico en un plazo de 12 meses, las licencias de vuelo se vieron prorrogadas por lo que "no hay una amenaza inmediata", reconoce Daniel Roeska, analista de Bernstein.
Pero "esta extensión no se aplica a la reglamentación en materia de accionariado".
Toda compañía aérea que ofrezca servicios en Europa debe estar controlada al menos al 50% por accionistas de la UE. Esta disposición ha dado lugar a una reorganización de varias compañías, especialmente las de bajo costo, que ofrecen vuelos europeos desde, por ejemplo, Francia o Alemania a los soleados destinos españoles o griegos.
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Accionistas sin voz ni voto
“Hubo suficiente tiempo para prepararse, pero significa más costos y complejidad”, dice a la AFP John Strickland, analista independiente de aviación.
Así la británica EasyJet, la irlandesa Ryanair e incluso la húngara Wizz Air no tuvieron más remedio que privar de derecho a voto a sus accionistas no europeos.
Estas tres aerolíneas tienen en común el poseer un muy importante accionariado británico y extracomunitario y una fuerte implantación en el Reino Unido.
Los accionistas que no pertenezcan a la UE "no tendrán derecho a asistir, hablar o votar en ninguna asamblea general del grupo", según Ryanair.
En cuanto al International Airlines Group (AIG), matriz de Iberia y British Airways entre otras compañías, ya había decidido en 2019 limitar al 47,5% la participación de sus accionistas extracomunitarios.
El grupo incluso ha cambiado urgentemente la composición de su consejo de administración para tener una mayoría de miembros procedentes de la UE.
Ninguna empresa ha decidido aún obligar a sus accionistas británicos a vender acciones a europeos. Pero EasyJet advierte que podría verse obligada a hacerlo si la participación de los extracomunitarios sigue siendo demasiado alta.
Contactadas por la AFP, las compañías aéreas no quisieron hacer más comentarios sobre este delicado tema que afecta a los accionistas, cuyo papel es esencial en su financiación y que ha recibido un duro golpe como consecuencia de la caída de precios en bolsa y la reducción de dividendos debido a la pandemia.
Pero las compañías aéreas necesitan urgentemente nuevos fondos, lo que las impulsa a ampliar su capital o a endeudarse.
Los analistas, no obstante, descartan actualmente un impacto negativo en la competitividad de las aerolíneas sujetas a estas normas posbrexit.
¿Pronto un acuerdo?
"Las principales aerolíneas, cualquiera que sea su nacionalidad, controlan estrictamente sus costos y operan sobre una base paneuropea", explica Strickland.
Además, la industria tuvo tiempo de tomar medidas con que prepararse para el Brexit desde el referéndum de 2016.
EasyJet obtuvo su certificado de operador aéreo en Austria en 2018, mientras que Ryanair, con sede en Irlanda, obtuvo uno en el Reino Unido a principios de 2019.
Pero el año que viene será decisivo.
"Las compañías aéreas con un importante accionariado británico tendrán que esperar a que el Reino Unido y la UE lleguen a un acuerdo favorable sobre los derechos aéreos o encontrar la manera de cambiar la estructura de propiedad", resume Roeska.
Por su parte, Strickland señala que casi no existen limitaciones de este tipo en otros sectores. En su opinión, “la prioridad debe ser garantizar la seguridad y la competencia, no a limitar la propiedad”.
