La cuestión sobre la vacunación y la vuelta a la “nueva normalidad” está generando álgidos debates en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes contra la discriminación laboral, determinó que los empleadores pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse. Eso disparó la polémica.
¿Se puede obligar a los trabajadores a vacunarse para volver a las oficinas? ¿Puede un empleado no inoculado volver a trabajar? ¿Qué pasa si se niega a vacunarse? Estas son algunas de las preguntas que se plantean y preocupan a los empleadores.
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En Argentina, las soluciones que se pueden implementar generan una grieta entre el sector público y privado. En abril y junio de este año se publicaron dos resoluciones oficiales, en conjunto, entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público (Jefatura de Gabinete), el Ministerio de Trabajo y el de Salud. Abrían la posibilidad a que las oficinas del Estado intimen a los trabajadores públicos a retomar la presencialidad 14 días después de darse la primera dosis de la vacuna contra el covid. También otorgaba permiso al sector privado para hacerlo.
Las resoluciones incluyen a la población de riesgo, con algunas excepciones. Estos son los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y aquellos con enfermedades comórbidas. Sólo se excluyen los casos de personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos trasplantados.
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Para las empresas argentinas, la diferencia fundamental entre el poder de fuego del Estado y de los empleadores privados es que para los primeros no rigen las mismas restricciones laborales. En el sector privado se quejan de que sus opciones de intimación a ir a trabajar están muy limitadas por la vigencia de la prohibición de despido y la doble indemnización.
“Le decimos que tienen que volver y nos contestan: ‘Y si no quiero, ¿qué?’ Es una situación difícil porque no tenemos herramientas legales” , se queja un empresario del sector industrial.
Los problemas para retomar la presencialidad no se limitan a la posibilidad de obligar a volver a sus puestos a quienes estén vacunados, sino también lo contrario. “Hay gente que no quiere vacunarse y hay que plantear esos casos con una norma. Hay muchísimos casos que ni siquiera tienen enfermedades graves y no vuelven a trabajar” , explicó el abogado laboralista Julián de Diego.
La obligatoriedad de la vacunación está generando polémica incluso dentro de los gobiernos. El Ministerio de Trabajo argentino aseguró que no se está evaluando cambiar la regulación sobre el tema y que la inoculación continuará siendo optativa. Semanas atrás, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró: " La vacuna debería ser obligatoria, porque el que no se vacuna y se contagia no sólo se pone en riesgo a sí mismo, sino a todos los demás”.