Si se mantiene la prohibición de pescar camarón bajo la técnica de arrastre, alrededor de 500 personas podrían perder sus empleos y se detendría una inversión de hasta $10 millones.
Pero si se elimina la medida, también se pondría en riesgo el abastecimiento de marisco para 15.000 pescadores.
Los pequeños y grandes negocios que viven de pescar o comercializar camarón enfrentan una disyuntiva en la que difícilmente resultarán ganadores los dos.
La pesca de arrastre está catalogada como una de las técnicas más dañinas para la fauna marina, pues las redes que se deslizan por horas en el suelo del mar capturan otras especies –aparte del camarón–, que luego son descartadas, lo que pone en peligro el abastecimiento de otras empresas y pequeños pescadores.
La técnica además disminuye la población de camarón, pues los captura muy jóvenes y no permite una reproducción sostenida.
Debido a estos impactos, el pasado 7 de agosto la Sala Constitucional prohibió el otorgamiento de nuevas licencias de pesca para quienes utilizan el arrastre.
Sin embargo, aunque la disposición beneficia a ciertos grupos, también afecta al sector que utiliza esa forma de pesca.
Están en riesgo al menos dos empresas nacionales que emplean actualmente a unas 500 personas, es decir, el 35% del empleo total del sector.
Se trata de Talmana y Don Emmanuel del Pacífico, que procesan y exportan camarón; ambas utilizan la pesca de arrastre.
Además, la prohibición impacta a otras pequeñas embarcaciones que cuentan con licencia para pescar con esta técnica.
Datos del Instituto Costarricense de Acuicultura y Pesca (Incopesca) indican que hay 44 licencias activas, de las cuales cinco pertenecen a las dos exportadoras; estas licencias vencen entre el 2017 y el 2018.
El resto son pequeños y medianos empresarios que pescan y comercializan su producto principalmente en mercado local.
Manuel Burgos, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), estimó que no habrá desabastecimiento de camarón en los restaurantes, pues la mayoría compra camarones cultivados y no de mar.
“Creemos que más bien la medida ayudará a que haya más abastecimiento de otras especies en el mediano y largo plazo porque ya no se quedarían pegadas en las redes”, comentó Burgos.
La disminución podría verse más bien en los puntos de venta, donde el consumidor final sería uno de los principales afectados, ya que algunos tipos de camarón no se pueden cultivar y suelen ser los más baratos y de mayor venta en mercados.
Inversiones frenadas
Tanto Don Emmanuel del Pacífico como Talmana tenían planes de realizar inversiones en el país que, por ahora, quedaron en espera ante la reciente prohibición de la Sala Constitucional.
Román Chavarría, presidente de Talmana, informó que suspendieron parte de las operaciones y frenaron contrataciones de temporada, pues los inversionistas están dudosos.
Talmana es costarricense, pero opera con fondos de empresarios holandeses, quienes compran gran parte del camarón.
Chavarría indicó que han conversado con los inversionistas para que al menos financien las próximas cosechas, mientras esperan alguna solución.
Los envíos al exterior de camarón han sido inestables por el mismo desabastecimiento de camarón provocado por la pesca de arrastre.
De enero a julio las exportaciones alcanzaron $1,5 millones, 25% menos que en el 2012.
La inestabilidad se debe también a que Estados Unidos había impuesto un veto a las exportaciones nacionales en mayo del 2009 debido a que no se garantizaba la seguridad de la tortuga marina en el proceso de pesca.
Las empresas se vieron obligadas a incorporar un dispositivo excluidor de tortugas y el mercado se reabrió en mayo del 2012.
Alternativas posibles
El problema es que no existe otra técnica para pescar camarón de mar que no sea la de arrastre.
Así que con esta prohibición en firme, los camaroneros solo podrían mantenerse en el negocio si inician cultivos o migran hacia otra especie, una alternativa que, por su alto costo, no es considerada por los empresarios.
Se podría permitir la pesca de arrastre bajo ciertos parámetros, por ejemplo estableciendo vedas en ciertas profundidades, como han hecho otros países.
Sin embargo, Jorge Jiménez, director general de MarViva, fue enfático en que no se debería permitir la pesca de arrastre con ciertos controles, pues la red —que es la que provoca el mayor daño— se seguirá utilizando y seguirá poniendo en peligro el abastecimiento de otras especies y del mismo camarón.
Mientras, los camaroneros esperan que el Gobierno presente un proyecto de ley que regularía esta actividad, aunque no ha indicado los detalles de cómo.
Todas las licencias vencerán a más tardar en el 2018.
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Fuente Incopesca.