Después de 40 años de tener sus instalaciones en Dulce Nombre de Coronado, en una propiedad a manos del Ministerio de Salud, el Instituto Clodomiro Picado estaría a escasos días de ver concretado el sueño de firmar el traspado de ese terreno de 31.000 metros cuadrados a su nombre.
Así lo dio a conocer la Universidad de Costa Rica, institución académica que espera finiquitar el proceso para que el Estado le done los terrenos donde opera este centro de investigación, dedicado a la elaboración y estudio de antivenenos de serpientes cuyo radio de acción alcanza el ámbito internacional.
Allí, aparte de un grupo de científicos e investigadores de gran reconocimiento, la UCR ha realizado inversiones en equipo y tecnología. Actualmente, el laboratorio cuenta con unas 700 serpientes, 1.100 escorpiones, 3.000 ratones, 200 conejos y 90 caballos para la investigación de antiofídicos que son insumo permanente para la Caja del Seguro Social, pero también para la Cruz Roja, Policía y Bomberos.
De acuerdo con la información, el traspado pondría punto final a muchos años de incertidumbre dado que el último convenio entre el Estado y el Instituto (para utilizar la propiedad) se firmó en el 2000 con una prórroga del usufructo hasta el 2015. Lo cierto es que desde hace varias administraciones se ha tenido la idea de donar los terrenos a la UCR por parte del Ministerio de Salud pero no es hasta este Gobierno que se tomaron cartas en el asunto.
De acuerdo con el director del instituto, Alberto Alape Girón, la gran diferencia entre ahora y hace 16 años es que ya se generó una solicitud formal de la ministra Daisy Corrales a la Procuraduría General de la República, abogado del Estado y responsable de analizar y dar el visto bueno a este tipo de trámites.
El órgano procurador pidió primero que hubiera una aceptación tácita por parte del Estado de donarle el terreno a la universidad. Luego de esto, se le comunicó formalmente al Consejo Universitario, ente que lo aceptó en febrero pasado tal y como lo rige su estatuto orgánico.
El proceso también debía pasar por la venia municipal para que la Procuraduría pudiera elaborar la escritura.
De esta forma se cumple un requisito para que la Rectoría continúe las gestiones con el fin de que ese terreno pase a ser patrimonio de la UCR.