Un cambio propuesto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para la regulación del margen cambiario que fijaría los precios del tipo de cambio, está causando revuelo entre las entidades financieras, que incluso perderían confianza sobre la entidad.
Además, el eventual cambio en en la compra y venta de divisas afectaría los ingresos de las instituciones financieras, los cuales dependen de ese margen.
Las modificaciones obligan a los bancos y entidades financieras participantes del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) a suministrar al Central los tipos de cambio anunciados en ventanilla para la compra y venta de divisas, al precio mínimo en el que compra del público y al precio máximo al que las vende.
Además, la diferencia entre el tipo de cambio anunciado de venta y el tipo de cambio anunciado de compra no podrá ser mayor que el margen cambiario resultante del día hábil anterior.
Esto implica que el margen entre ambos se reduciría significativamente e incluso algunos especialistas creen que desaparecería.
La reglamentación se había mantenido intacta desde la reforma de la Ley Orgánica del Banco Central en 1995, cuando se cambia el régimen de intermediación y se permite a todas las entidades autorizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras a que puedan realizar compra y venta de divisas a su nombre, no como se hacía antes de eso; cuando solo podían vender y comprar divisas ciertas entidades financieras autorizadas por el Banco Central.
A partir de entonces, las entidades podían comprar y vender divisas y establecer su propio margen cambiario entre el tipo de cambio de compra y de venta, siempre que dirigieran un monto igual al 25% del total de las operaciones al Banco Central.
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La decisión surge a raíz de un estudio hecho por el BCCR el año pasado en el que se determina que Costa Rica es el segundo país de la región con el margen cambiario más alto.
Según indicó el Central en la exposición de motivos, la propuesta lo que busca es convertir el mercado de divisas en uno más profundo y líquido que permita una mejor formación de precios y una mitigación de los riesgos del mercado.
¿Qué le pide la regulación a las entidades?
- Todas las entidades autorizadas deben suministrar al BCCR los tipos de cambio anunciados en ventanilla para la compra y venta de monedas extranjeras al precio mínimo al cual la entidad compra divisas del público y al precio máximo al que las vende.
- Entre el tipo de cambio anunciado de venta y el tipo de cambio anunciado de compra el margen no podrá ser mayor el efectivo resultante del día hábil anterior.
- Quienes incumplan las disposiciones anteriores serán sancionados con la suspensión para participar en el mercado cambiario entre uno y treinta días hábiles.
Sin embargo, los actores del sistema financiero creen que la normativa genera desconfianza del Central hacia el mercado, una premisa que según estos, ha marcado la gestión del presidente del Central, Olivier Castro, que ya va de salida.
“El Banco Central bajo Olivier (Castro) lo que ha demostrado es poca confianza hacia los mercados: ajustan la Tasa de Política Monetaria, disminuyeron la participación de los grandes actores del mercado en el Monex y quisieron sacar a los pequeños” afirmó el economista José Luis Arce.
Ante la afirmación del Banco de que la medida reduciría las asimetrías del mercado, Arce aseguró que es mejor “un mercado imperfecto que un burócrata de Banco Central”.
Para otros, el actual planeamiento de la medida no lograría mejorar las condiciones, sino que conseguiría los resultados opuestos y chocaría con la libertad de mercado y el poder de decisión de los compradores de divisas de elegir dónde comprar o vender monedas extranjeras.
Adiós a los descuentos
Uno de los grandes cuestionamientos del cambio es que este implica que las entidades no podrán hacer descuentos a grandes compradores o vendedores de divisas, como empresas exportadoras o importadoras.
Para Luis Ortiz, Secretario de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, promover que los bancos no hagan descuentos generaría una espiral que terminaría por reducir cada vez más el margen y que podría incluso eliminarlo, un factor negativo tanto para los clientes como para las entidades financieras.
Este cambio en la legislación se considera en parte como una fijación de precios ya que, en teoría, las diferencias entre los tipos de cambio de una entidad y otra serían muy bajas entre sí, y no podrían competir por las empresas compradoras de dólares por medio de estos descuentos.
Se cree que esto también podría afectar los precios de los productos: al no ofrecer mejores precios a los anunciados en ventanilla para los clientes con volúmenes de operación altos, habrá una afectación marginal sobre el precio final de los bienes.
Adriana Rodríguez, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, la propuesta ensaya un ejercicio que evita la diferenciación de precios, aspectos contrario a la que se considera una tendencia muy natural en los mercados.
Los precios mayoristas y minoristas en condiciones de competencia se diferencian dependiendo de las condiciones, y es común en mercados de bienes y servicios.
“La medida efectivamente pareciera introducir ineficiencias, pues hay mejores precios a los que tanto el vendedor como el comprador estarían dispuestos a negociar cuando el volumen así lo amerita, en función de los costos totales de operación del banco”, afirmó Rodríguez.
A su vez, las transacciones de cada intermediario financiero son diferentes en cuanto a su tamaño y alcance, por las diferencias en la naturaleza del negocio, por lo que tener distintos precios por cada transacción no representa distorsiones, sino que evidencian un mercado complejo lleno de clientes con diferentes necesidades.
La Asociación Bancaria Costarricense considera que la norma es una fijación de precios y control de mercado a la que se oponen. Para ellos el consumidor debería tener la posibilidad de comparar precios y tomar la mejor decisión de acuerdo con sus intereses.
De ser aprobada, la normativa obligaría a los participantes a acatar la medida de forma estricta. Quienes la incumplan podrían ser suspendidos entre uno y treinta días del mercado de divisas.
Para la Cámara de Bancos, la propuesta podría plantear no solo una disminución en el ingreso de divisas para los intermediarios cambiarios, sino la posibilidad de incurrir en pérdidas en la prestación del servicio.
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Anabelle Ortega, directora de la Cámara afirmó que lo más contraproducente es que con este tipo de medidas, el Central podría limitar a mediano plazo el número de operadores bancarios que cambian divisas, con lo que se encarecerían los tipos de cambio de equilibrio.
La modificación al reglamento se encuentra publicada en el diario oficial La Gaceta desde el lunes 21 de mayo, cuando se dieron diez días hábiles para que se realizaran observaciones.
Sin embargo, el viernes 1 de junio la junta directiva del Banco Central aprobó ampliar el plazo para la recepción de observaciones por diez días más. Luego de eso, se valorará si las modificaciones están en orden o no antes de la publicación del reglamento final.
La propuesta es para los actores una medida intervencionista extrema que parece ser la última huella que dejará Olivier Castro antes de dejar su puesto dentro del Banco Central.