Una Ley que se remonta a 1982 –y que fue firmada por el entonces presidente de la República Rodrigo Carazo–; estableció la obligación de destinar a la compra de arte el 1% del presupuesto de edificación de todo inmueble dedicado a los servicios públicos.
Es decir, cualquier banco del Estado, oficina o dependencia estatal que construyera un edifico para albergar sus instalaciones, debería invertir un 1% del total del costo en la adquisición de esculturas, pinturas, etc., para el inmueble.
Constituida por 9 artículos, 8 fueron derogados definitivamente y se conservó únicamente el artículo 7.
Algunos hablaban de excepciones para quienes compraran o donaran obras de arte, otros de quitar los impuestos para los materiales artísticos. En fin, una propuesta muy avanzada y que estimulaba la creación y el coleccionismo.
Mutilada, la ley sobrevive por 30 años sin que se llegue a cumplir, esto a pesar de que nunca se derogó la parte que obligaba a las instituciones a adquirir obras de arte.
Recientemente la fundación Ágora –que preside la señora Aida Fishman– convocó a un grupo de diputados y al exdefensor de los habitantes Mario Carazo, a un pequeño conversatorio en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa.
También fueron invitados los artistas visuales que tuvieran a bien asistir a participar del diálogo.
Como nota destacable, ninguno de los asistentes pudo aclarar las razones por las cuales nunca se ha podido verificar esta ley. Tanto la señora Fishman como el señor Carazo –ambos veteranos de múltiples batallas en las lides de la administración pública–, mostraron el mismo malestar y desazón por las inmensas sumas de dinero que han dejado de percibir los artistas durante los últimos 30 años. También lamentaron la pérdida de un patrimonio cultural público que debería existir si se cumpliera la ley.
Como el cuento del cascabel y el gato, quedó planteada la interrogante, ¿quién podrá hacer cumplir esta obligación?