Aunque, parezca a estas alturas un lugar común, 2020 fue un año como ningún otro, en muchos sentidos.

Las medidas de restricción de movilidad de la población y de actividad económica necesarias para contener la transmisión del Sars-CoV-2 condujeron a una profunda caída en la demanda y, con ella, empezaron a observarse severas consecuencias negativas en múltiples ámbitos como el mercado laboral, el sector financiero, las finanzas gubernamentales, las expectativas de consumidores y empresas ante la incertidumbre de enfrentar un shock de naturaleza absolutamente desconocida y, evidentemente, en las condiciones sociales y de vida de la población, especialmente de los más vulnerables.

Más allá de lo económico y de lo inmediato y coyuntural, la pandemia desnudó la ausencia de visión y preparación de la sociedad para enfrentar eventos de esta naturaleza, particularmente debido a débiles políticas públicas y rezagos estructurales, casi seculares.

Pero, lo que resulta aún más grave, este evento de naturaleza compleja y sistémica ha dejado en evidencia la incapacidad de muchos actores políticos para encontrar mecanismos de cooperación y acuerdo que permitan hacerle frente.

Frágil y lenta recuperación

Sin duda, 2021 será un año de recuperación, esta no pretende constituir una frase optimista. Pasarán muchos meses para que la demanda, la producción y el empleo regresen a los niveles prepandémicos.

Las tasas positivas de variación en diversos indicadores de demanda y actividad económica son simplemente el resultado del proceso paulatino de levantamiento de las restricciones sobre la actividad económica adoptadas para enfrentar el brote epidémico y, también, del proceso natural de adaptación de los hogares y las empresas a las nuevas realidades del consumo y la producción.

Hay dos factores que resultarán claves en 2021 por sus efectos sobre la naturaleza y la velocidad de la recuperación: las condiciones sanitarias que imponga el virus y los efectos financieros de la situación que atraviesan las finanzas gubernamentales.

Por una parte, si el número de infecciones aumenta y los servicios de salud se saturan es posible que se requiera, de nuevo, recurrir a medidas de confinamiento; si esto es necesario —tal y como sucedió en julio— la actividad económica lo resentiría.

Aunque el impacto de este tipo de medidas hoy probablemente sería menor debido a que se conoce mucho mejor a la enfermedad y sus mecanismos de transmisión y por tanto es posible ser mucho más preciso en las medidas de restricción que se implementen, siempre constituirían un elemento ralentizador de la demanda.

Ciertamente, hay también algunas señales esperanzadoras a la vista, asociadas con la posibilidad de inmunizar a la población. El inicio de una campaña de vacunación probablemente a partir del segundo trimestre de 2021 crea la expectativa de menores disrupciones asociadas con las condiciones epidemiológicas; sin embargo, aún está por verse la velocidad con que se alcance una cobertura de inmunización suficiente para proteger a la comunidad y por supuesto su efectividad.

Las finanzas gubernamentales son el otro factor determinante en el proceso de recuperación de la actividad económica. Este problema tiene dos dimensiones: la necesidad de un ajuste adicional y los retos asociados con el financiamiento del Gobierno en 2021.

En el primer caso, la contracción en la recaudación tributaria y el mayor gasto público asociados con el shock pandémico condujeron a un aumento significativo de la deuda gubernamental; este mayor endeudamiento deteriorará los ya comprometidos indicadores de sostenibilidad fiscal y hace necesario un ajuste adicional al ya emprendido en diciembre de 2018.

El otro problema por resolver es cómo satisfacer los requerimientos de financiamiento del gobierno tratando de deteriorar lo menos posible las condiciones crediticias locales. Es decir, buscar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables que la de los mercados de capital internos e internacionales y, por tanto, implica tocar la puerta a instituciones financieras multilaterales, lo cual significa un ajuste junto un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

No hacerlo conduciría a un deterioro marcado de las condiciones financieras locales debido no sólo a la presión por financiamiento que ejercería el Gobierno, sino que además exacerbaría las dudas de los agentes económicos acerca de su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y por lo tanto tendría el potencial de crear volatilidad en los mercados financieros y cambiarios.

Cicatrices de la crisis y reformas estructurales

Extrañamente, la discusión pública acerca de la crisis y el proceso de recuperación tiende agotarse en los temas anteriores y poco se habla de las heridas y cicatrices profundas que quedarán en el tejido social y productivo como consecuencia de la pandemia; tampoco de las reformas que, si se hubiera tenido la visión y el coraje de acometerlas en el pasado, habrían colocado al país en una mejor posición para enfrentarla.

En el mercado de trabajo, las cicatrices serán profundas y tardarán en desaparecer. Serán claves las acciones y reformas que faciliten su recuperación, pero además serán cruciales medidas de protección laboral más efectivas que protejan a los trabajadores durante las fluctuaciones económicas, para ello es necesario replantearse las instituciones del Estado de Bienestar para que sean capaces de actuar mejor y más oportunamente.

Y ni que decir la deuda que esta crisis ha hecho evidente en el caso de las políticas sociales dirigidas a crear espacios de igualdad de oportunidades. Muchos años de una obsesión con los indicadores de cobertura y un desdén inaudito por la calidad en aspectos clave hoy como el sistema educativo, no sólo han reducido las oportunidades de grupos amplios de población en los últimos años, sino que hoy, en medio de este shock, les ha dotado de menores capacidades y herramientas para adaptarse con rapidez a los cambios.

La crisis, además, dejó en claro en que la institucionalidad y las políticas orientadas al desarrollo y protección del tejido empresarial son prácticamente nulas. En tiempos normales y de crisis como los actuales, las empresas que operan en el país, en particular las pequeñas y las que atienden los mercados internos, carecen de política pública coherente y moderna de incentivos y protección durante los ciclos económicos. Esta es una deuda pendiente de muchos años y cuyo altísimo costo también se hizo evidente durante esta crisis.

¿Cómo sociedad seremos capaces de una solución cooperativa? Como suele suceder en las sociedades democráticas, la calidad del debate político será clave para llegar a buen acuerdo.

La pregunta por responder es si nuestro sistema y actores políticos —no sólo los que actúan en los espacios electorales, sino también los grupos de interés— serán capaces de dejar de lado una visión competitiva de la política y comprenderán, finalmente, que en sociedades modernas e interconectadas y ante shocks sistémicos de esta naturaleza, la complejidad de las decisiones y acciones que deben tomarse desde lo público, demandan una lógica cooperativa de los procesos democráticos de toma de decisiones.

En el contexto costarricense, con altos grados de polarización y de creciente indignación de la ciudadanía, esto implica abandonar la política tribal que busca pírricas victorias electorales y que es un campo fértil para las opciones populistas y empezar a construir una nueva dinámica de convivencia democrática basada en la negociación y el acuerdo. Lamentablemente, con los tambores de guerra que empiezan a escucharse ante las próximas elecciones, no parece haber mucho espacio para el optimismo.