Hace alrededor de 20 años Costa Rica estrenó el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se logró que Estados Unidos, la mayor potencia mundial, dejara sin efecto restricciones que había impuesto contra nuestras exportaciones de textiles.
Algunos años después, junto a otros países logramos forzar a la Unión Europea a modificar un régimen altamente restrictivo y discriminatorio contra nuestras exportaciones de banano. Siendo un país pequeño, sin poderío económico, diplomático o militar, esos logros solo fueron posibles por la protección que nos da el Derecho internacional en materia de comercio.
Dependientes del comercio internacional y la inversión extranjera, como somos y seguiremos siendo por lo limitado de nuestro mercado interno, el respeto a los tratados internacionales debe ser uno de los pilares que guíe nuestro actuar en esos temas.
Bien hizo el presidente Solís, quien fue opositor al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la época del referéndum, al apelar a la vigencia de dicho tratado y las garantías que ofrece en su reciente visita a Washington, de cara al discurso proteccionista de la Administración Trump.
Como país respetuoso del Derecho internacional, debemos ser responsables y cuidadosos al utilizar los instrumentos de defensa comercial contenidos en los tratados. En el caso del aguacate, todo indica que ocurrió lo contrario; que fue una medida apresurada, sin seguir los procedimientos previstos al efecto en los tratados y con un respaldo científico dudoso, invocando un peligro fitosanitario que en 20 años nunca había llegado a concretarse.
Si el Estado costarricense quiere ayudar a ciertos productores agrícolas, hay mecanismos para hacerlo de forma compatible con los tratados internacionales, sin recurrir a un proteccionismo encubierto, sin castigar injustamente a los consumidores y comprometer el prestigio internacional del país en el ámbito comercial.
Hoy, de cara al inicio de la etapa formal de consultas, que es la primera etapa del procedimiento de solución de diferencias de la OMC iniciado a solicitud de México, esperamos una actitud responsable del Gobierno de Costa Rica. La contratación del Centro de Asesoría Legal de la OMC fue un paso correcto, por su experiencia en estos temas y sus tarifas más razonables, aunque siempre será costoso para un país como el nuestro.
México es un país experimentado en este tipo de procedimientos y tiene un peso económico y político importante. Si no queda más remedio que embarcarse en un procedimiento de estos, lo deseable es que sea defendiendo una posición muy sólida y trascendente para el país, como la que en su momento llevamos adelante en los casos de textiles y banano. Lamentablemente ese no es el caso del conflicto en torno al aguacate.
Si no se llega a un entendimiento en la etapa de consultas, el siguiente paso en la OMC será el establecimiento de un panel, luego una eventual apelación y finalmente una decisión que podría obligarnos a compensar, o que incluso podría llevar a medidas de retaliación contra exportaciones costarricenses si el caso se pierde. ¿Vale la pena exponerse a esto? ¿Vale la pena invertir tiempo y recursos por varios años en una disputa comercial internacional por el tema del aguacate? La respuesta claramente es negativa.
Dado que el caso en la OMC está empezando, esperamos que el Gobierno actúe con sensatez y pragmatismo, que busque un arreglo y evite incurrir en costos innecesarios y dañar la reputación del país en ese importante foro internacional.