En la edición anterior de este periódico, expuse de manera general la arquitectura jurídica y procedimental que gobierna las facultades de negociación de acuerdos comerciales en Estados Unidos (EE. UU.).
Finalicé mi reflexión llamando la atención sobre la dificultad técnica y política de entrar en una renegociación del Cafta-DR.
Mi argumento radica en que es difícil visualizar que una renegociación brinde las condiciones de un acuerdo amplio y comprensivo que satisfaga todos los intereses nacionales, habida cuenta que la valoración de esta posibilidad tendría que considerar de manera transversal los diversos sectores de nuestra economía, y no solamente a uno o unos pocos.
En esta segunda parte amplío sobre otra posibilidad teórica: si no se logra un acuerdo entre todas las partes para renegociar, una o más partes podrían denunciar el acuerdo comercial y retirarse.
Existen cláusulas específicas en los tratados que establecen esa posibilidad. Para ello, el país que desee retirarse del acuerdo deberá notificar su intención a las otras partes, después de haber cumplido los procedimientos internos que requiera su sistema legal. La implicación práctica de una decisión de este tipo es que el país que denuncia el tratado no lo seguirá aplicando, y con ello, renuncia irremediablemente a los beneficios que este brindaba a sus sectores productivos y a su economía en general (exportaciones, empleo, inversión, competitividad).
No existe jurisprudencia o precedente claro de si la autoridad para retirarse del acuerdo comercial la tiene el presidente de EE. UU. en forma exclusiva o si este debe consultar al Congreso (dado que este lo aprobó).
La ley de implementación de los acuerdos comerciales es un CEA (Congressional Executive Agreement) aprobado por el Congreso luego de pasar por ambas Cámaras.
Algunos consideran que, si aplicásemos los principios del Derecho, en ausencia de norma expresa “las cosas se deshacen siguiendo el mismo procedimiento por el que se hicieron”. Además, a juzgar por lo sucedido en el Reino Unido con el Brexit, recientemente sentenciado por el Alto Tribunal de Londres (el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de EE. UU.), existe al menos una posibilidad significativa de que el curso legal de una denuncia deba transitar por el Congreso.
Lo que sí es claro es que estos procesos llevan tiempo y todavía es temprano para poder conocer con certeza, el giro definitivo que tomará este asunto una vez que las nuevas autoridades tomen el control. Lo idóneo para la gobernanza mundial y para la prosperidad de países pequeños como Costa Rica, es que se respeten las reglas establecidas y se evite cualquier situación que desate las guerras comerciales del pasado, alimente la incertidumbre y desestabilice los mercados, en favor de los más fuertes.
Mientras tanto, debemos redoblar esfuerzos por mejorar nuestra competitividad, fortalecer el clima de negocios, potenciar la inversión de alto valor agregado y profundizar la diversificación productiva y de mercados.
Costa Rica no puede tirar por la borda lo que ha logrado hasta hoy, pues su política comercial y de inversión ha contribuido de manera significativa a cimentar una economía fuerte y menos vulnerable a las fluctuaciones y volatilidad de los mercados.
En todo caso, esperamos que la nueva administración estadounidense continúe trabajando constructivamente con sus socios comerciales para que los acuerdos se respeten y aprovechen de la mejor manera posible.
En un entorno tan complejo como el descrito, reitero que cobra especial importancia la sabia reflexión de que “siempre es mal momento para proponer una mala idea”.