Como lo menciona el Editorial “ Banda y mente agosta” publicado el pasado 5 de junio , existe evidencia en cuanto a la correlación entre el aumento de la penetración de banda ancha y el crecimiento del PIB.
Es por ello que nuestro país ha realizado esfuerzos para impulsar el crecimiento y la disponibilidad de banda ancha. Esfuerzos que se materializan a través de los instrumentos y herramientas apegados a las mejores prácticas internacionales y a la normativa nacional vigente, y que han sido reconocidos en distintos foros nacionales e internacionales.
En el informe de estadísticas del sector telecomunicaciones publicado días atrás por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se evidencia que pasamos de 2.008.763 conexiones de Internet en el año 2011 a 5.420.554 en el 2015, es decir, más del doble en un plazo de 4 años. Asimismo, nuestro país ha ocupado los primeros lugares, en los años 2014 y 2015, en el índice publicado por la Alliance For Affordable Internet (A4AI), el cual captura la combinación de medidas de política y otros factores relevantes que determinan qué tan probable es que un país sea capaz de dirigir a la baja los precios de la banda ancha.
Estos resultados reflejan que nuestras actuaciones están bien encaminadas a cumplir con la meta de banda ancha establecida por la comisión designada por las Naciones Unidas (ONU), que analiza estas temáticas y que propone contar con servicios de banda ancha disponibles al público a un costo de menos del 5% del ingreso mensual promedio.
Nos preocupan las afirmaciones que el artículo expresa del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) como instrumento de política pública que establece la planificación y orientación del Sector Telecomunicaciones para los próximos 5 años, al indicar que “Sin embargo, el PNDT, en una demostración de mente angosta, continúa definiendo banda ancha como 2 Mbps”.
El plan indica que “el Estado aspira a que en el 2021 se cuente con la velocidad de banda ancha de la mediana de la OCDE.
Actualmente esta es de 20 Mbps, sin embargo, según la tendencia internacional, es de esperar que la velocidad incremente, lo que supone una aspiración en constante crecimiento para el país.” (El resaltado no es del original). En la actualidad esta mediana se encuentra en 30 Mbps.
Más aún, es necesario acotar que el mismo Plan establece una clara diferencia entre banda ancha y Conectividad de Servicio Universal (los 2 Mbps a los que se hace referencia la publicación de EF) donde literalmente se indica que, “en ningún caso debe interpretarse el concepto de universalidad como el servicio que será provisto comercialmente a todas las personas o las empresas, con independencia del sector que se trate.”
El PNDT es un instrumento de política pública que se elabora en estricto apego de los principios establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642, y se destaca su alineación con el principio de neutralidad tecnológica que se define como la “posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere esta ley.”
Por lo anterior, nos sorprende la afirmación que dicta que “la angostura mental nos ha llevado a que los fondos de Fonatel se continúen gastando (no invirtiendo) en telefonía celular que es capaz de ofrecer los angostos de banda establecidos en el PNDT”.
Finalmente, pero no menos importante, se menciona que “la Sutel se aferra a lo que dice el PNDT (publicado por el Micitt) y lo utiliza como excusa para seguir implementando tecnología celular”.
Aclaramos que los recursos deben ser utilizados en apego a lo indicado en el PNDT, según lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, promoviendo la neutralidad tecnológica y que como parte de su Agenda de Solidaridad, se plantean metas que abogan por cumplir los objetivos de universalizar el servicio y se destaca en particular una meta relacionada con el desarrollo de una red de banda ancha, que sea solidaria.
Desde la rectoría del sector, seguiremos trabajando en apego a lo establecido en la ley, con el firme propósito de mejorar la conectividad de la población y garantizar alcanzar la aspiración de contar con una Costa Rica solidaria, inclusiva y conectada.
Edwin Estrada* es Viceministro de Telecomunciaciones MICITT