Respecto al comunicado de prensa emitido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el 5 de mayo de 2017 sobre la generación privada, algunos comentarios:
Lleva razón el Instituto al afirmar que:
1. “…en cumplimiento de las leyes 7.200 (de 1990) y 7.508 (de 1995), el ICE debe pagar toda la electricidad proveniente de proyectos particulares contratados, que pueden representar hasta un 30% de la capacidad instalada del país en modalidades BOO (construir, operar y poseer) y BOT (construir, operar y transferir)”.
Desde hace más de 25 años, los generadores privados contribuyen al país suministrando energía proveniente de proyectos renovables seleccionados por el ICE a su entera voluntad, lo cual contribuye a mejorar la matriz eléctrica.
2. “La curva de demanda eléctrica desde el 2013 se ha mantenido en un promedio de 3%, lo que ha conllevado a incorporar más proyectos particulares junto a los planificados por el ICE, las cooperativas y las empresas municipales”.
En este sentido, se debe mencionar que el ICE abrió procesos de selección en los que solicitó ofertas de proyectos de generación privada en los años 2006, 2010, 2012, 2014 y 2015, y seleccionó los aprovechamientos con los precios más bajos.
3. Se están agregando en estos meses “…cuatro plantas eólicas: Campos Azules y Altamira (en Tilarán), y Vientos de la Perla y Vientos de Miramar (en Liberia). De esta forma, el número de plantas particulares ascendió a 30”. Esos proyectos fueron seleccionados por el ICE luego de uno de los concursos que abrió de selección en el 2012. De no haberse dado este proceso, la alternativa habría sido la generación térmica (más cara y contaminante) o la importación de energía.
4. “Las plantas privadas pueden generar solamente con fuentes renovables…”. Es claro que el aporte de los generadores privados al sistema asegura no solo energía a precios competitivos, sino que además aporta energía 100% limpia y de fuentes renovables.
5. “…debe brindarles respaldo con sus embalses de gran escala y en última instancia con plantas térmicas”. En este caso, vale aclarar que el respaldo el ICE lo da al Sistema Eléctrico Nacional, no a las plantas privadas, y es así porque el ICE es el único operador habilitado legalmente para construir plantas hidroeléctricas y térmicas de gran escala.
También lleva razón el Instituto al comentar que, para el 2016, el pago a los generadores privados aumentó, y que el “alza obedece al incremento de demanda y entrada en operación de proyectos eólicos”.
Sobre el particular vale mencionar que a los generadores privados les pagan únicamente por lo que producen, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los arrendamientos de plantas a los fideicomisos. Dado que por ley, los privados no pueden exportar ni vender la energía a nadie más, el ICE recibe la electricidad producida y aportada como indican los contratos.
En los últimos 10 años el aporte de la generación privada pasó de 1.569 GWh por año a 2.775 GWh por año, lo cual es consecuente con la factura que se paga. Se debe mencionar que el kWh de las plantas privadas cuesta $0,084 por kWh mientras que si esa electricidad fuera producida con energía térmica, su costo sería de $0,17 por kWh.
Demanda al alza
Por todo lo anterior, debo decir que el ICE lleva razón en que la demanda sigue creciendo, y que contratar energía eficiente, a precios competitivos y de empresas instaladas en Costa Rica es una acertada decisión.
La generación privada contribuye a generar empleo, promueve la inversión en el país, aporta con sus impuestos a las finanzas públicas y es un factor fundamental para avanzar en la consigna nacional de tener una matriz eléctrica producida con fuentes renovables, por lo que se hace necesario ajustar la legislación para que permita una mayor participación de empresas nacionales que aporten en este campo tan estratégico para el desarrollo del país.
Mario Alvarado es el Director Ejecutivo de ACOPE.