Yo creo en la innovación tecnológica como instrumento para mejorar la calidad de servicios. La interconectividad generada por las computadoras e Internet ha permitido mejorar la productividad de todos exponencialmente. No hay duda de que el transporte público se debe modernizar y mejorar.
El sistema actual de buscar un taxi en la calle para llevarlo a donde uno va es, en general, ineficiente. La forma en que las personas buscan transporte necesita mejorar. Qué más evidencia se necesita de esa ineficiencia que ver los vehículos en las paradas esperando clientes y clientes en las calles buscando un taxi. Esa ineficiencia del mercado es apta para que aplicaciones tecnológicas la resuelvan. Aplicaciones como Uber o Easy Taxi.
Pero la forma de resolver esa ineficiencia de mercado tiene que estar apegado al marco de legalidad. Los vehículos que brinden el servicio tienen que tener una autorización del Estado para poder hacerlo. Desde el 2011 (Ley 8955), cuando se eliminó la figura de porteo de personas del Código de Comercio todo transporte remunerado de personas es servicio público, posición confirmada por la Sala Constitucional en la sentencia 2011-04778: “Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado servicio público por el legislador”.
La forma en que entró a operar Uber violenta el ordenamiento jurídico vigente.
Espero que la calidad de servicio a los ciudadanos mejore y que el transporte público se fortalezca. Pero, como miembro del Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de hacer respetar la legislación vigente.